Fiscalía analiza posibles delitos contra los deberes de la función pública en caso del Inamu contra Director del OIJ

Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) analiza si se cometieron delitos contra los deberes de la función pública, tras asumir el caso por presuntos ofrecimientos de beneficios a una mujer por parte de funcionarios del Gobierno para denunciar por delitos sexuales a Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ante consulta de CR Hoy, el Ministerio Público confirmó que ese aspecto forma parte de lo que evalúan actualmente. La causa continúa contra ignorado, ya que aún no se individualiza quienes, en apariencia, participaron en los hechos señalados.
"(…) los ilícitos específicos se establecerán conforme avancen las diligencias de investigación", detallaron.
El despacho añadió que datos como los consultados integran actuaciones propias de la etapa preparatoria, la cual es privada. Por ello, según el artículo 295 del Código Procesal Penal, no pueden divulgar información adicional.
La investigación, bajo el expediente 25-000971-0359-PE, inició luego de que una mujer acudiera a la Fiscalía Adjunta de Turrialba.
Ella denunció que dos funcionarias del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) intentaron sobornarla, en apariencia, con el pago de estudios universitarios y apoyo para encontrar vivienda si firmaba un documento previamente redactado. En ese escrito se describían presuntos delitos sexuales atribuidos a Zúñiga López.
El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que trabajan en la causa penal para verificar si dos funcionarias, usando su posición pública, presionaron a la joven. Ella finalmente no aceptó firmar la denuncia elaborada de antemano.
"De momento no tenemos identificado una persona en específico, la causa se está llevando, como le llamamos nosotros a nivel judicial contra ignorado, a la espera de sumar los elementos de prueba que permiten determinar si existió o no alguna participación delictiva o indebida de algún funcionario", indicó Díaz.
¿Hubo delitos?
La mujer afirmó que Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, y otra funcionaria, identificada como Claudia Blanco, llegaron a su casa para pedirle que firmara la denuncia contra el director del OIJ.
Ella aseguró que no tenía nada que denunciar y que los hechos descritos no correspondían a su experiencia, por lo que rechazó la solicitud.
"Quiero manifestar que yo no voy a interponer denuncia en contra de Randall Zúñiga, el día de ayer 29 de octubre del 2025, fui entrevistada por el INAMU propiamente por la Licenciada Claudia Blanco, y Yerlin Zúñiga quienes llegaron a mi casa y me tomaron una entrevista en la que ya traían redactada una denuncia, misma que yo indiqué no iba a firmar, ya que los hechos que ahí se consignaron no son", relató la denunciante.
La joven indicó que le ofrecieron apoyo de otras instituciones públicas y que, pese a pedir confidencialidad, la información apareció en un reportaje televisivo.
"Luego de esto la abogada del INAMU Claudia me dijo que ellos iban a hablar con el IMAS para que me ayudaran económicamente para trasladarme a vivir a otro lugar, que me iban a pagar los estudios. Yo estudio Derecho no deseo indicar el nombre de la institución. Yo les indiqué que no quería que esta información se hiciera pública, sin embargo, en horas de la noche del día 29 de octubre del 2025, la documentación que tenía el INAMU fue publicada en reportaje de televisión OPA dirigido por Douglas."
Sin respuestas del Inamu
Seis días después de solicitar la posición de Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, aún no responde a las consultas enviadas. Tampoco la institución ha aclarado el rol de Claudia Blanco ni otras preguntas relacionadas con la funcionaria.
Randall Zúñiga también enfrenta una investigación por presunta comisión de delitos sexuales tras ser denunciado por tres mujeres la semana pasada. La Fiscalía Adjunta de Género dirige ese caso y, para obtener pruebas, allanó su casa y oficina en el OIJ el 31 de octubre. El funcionario cumple un periodo de suspensión de dos semanas mientras avanza la investigación.