Fiscalía analiza si puede prescindir de causas contra Celso Gamboa para agilizar su extradición

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el Ministerio Público realiza un exhaustivo análisis jurídico para determinar si pueden desecharse o gestionar de alguna manera alguna pausa a las causas penales pendientes en Costa Rica contra el exministro y exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, con el fin de acelerar su extradición hacia EE. UU.

"Respecto de este extraditable, nosotros estamos haciendo un análisis de la Ley de Extradición y la legislación nacional para determinar si podemos de alguna manera suspender o prescindir de la persecución penal.

Nuestro interés es que esta extradición se agilice lo más pronto posible", indicó el jefe fiscal.

Gamboa aún enfrenta tres procesos penales: un juicio en curso, otro programado para 2026 y una acusación que apenas llega a la audiencia preliminar, el paso intermedio para decidir si un caso puede elevarse a juicio.

El fiscal general afirmó que, a su criterio, la posibilidad de remitir a Gamboa a EE. UU. incluso si es condenado en suelo nacional no está completamente cerrada.

"Cabe la posibilidad, lo que tendríamos que ver incluso es el monto de la sentencia: si es una sentencia que tiene que descontar en un centro penitenciario cerrado o si es una sentencia que también se puede ejecutar mediante la ejecución condicional de la pena", manifestó Díaz.

Otra de las dudas que analiza la Fiscalía General es qué ocurrirá con los procedimientos penales pendientes si el Tribunal Penal de San José aprueba la extradición el próximo martes 7 de octubre, día en que el juez a cargo debe emitir resolución.

"Lo que nosotros pretendemos es que si se autoriza la extradición, la entrega se haga lo más pronto posible. Reitero, estamos en un análisis jurídicos para determinar si se puede y si se autoriza por parte de los tribunales el prescindir de esas persecuciones penales", reafirmó el jerarca judicial.

Tanto Gamboa como el exconvicto Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata o Diosito, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, son los primeros costarricenses requeridos por la justicia de otros países en extradición.

Los tres son acusados por la Fiscalía del Distrito Este de Texas de dos cargos: asociación ilícita y distribución internacional de grandes cantidades de cocaína, tras investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Permanecen bajo detención provisional por tiempo indefinido hasta que se esclarezca su situación. El término vence el 7 de octubre, día en que se les notificará.

¿Qué dicen abogados?

El equipo legal de Gamboa sostiene que, aunque se apruebe la extradición, no es posible entregarlo a Estados Unidos mientras sus expedientes penales en Costa Rica sigan en curso.

"Primero tiene que finalizar todos los procesos que están pendientes, de los cuales ya quedan solamente dos, finalizado el actual. Uno tiene audiencia preliminar el 25 de noviembre y el otro un juicio oral y público que está señalado para el mes de enero (2026). 

Sí es posible aprobarla o desaprobarla (mientras estos estén en curso), sin embargo, entrarían en un estadio procesal de espera a que se cumplan estos dos procedimientos y ya se ordena la entrega.

Sería hasta el otro año que él pueda ser trasladado a Estados Unidos", explicó Michael Castillo, uno de los defensores.

Mientras tanto, Gamboa seguirá en prisión hasta que el proceso finalice y pueda entregarse a los agentes que lo trasladarán a Dallas, Texas. Según Castillo, no es posible realizar una entrega temporal si el exmagistrado es condenado.

"A nivel procesal no es posible, porque eventualmente él podría verse sometido a penas superiores a los 10 años y si él se va por más de 10 años, las causas aquí caerían en prescripción entonces no es posible que lo manden y lo vuelvan a traer", señaló el jurista.

Entre los procesos pendientes se encuentra un debate oral y público por uso de documento falso que está en curso, así como otro juicio programado entre el 5 y el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. En este último, se le acusa de cohecho propio (expediente 17-000015-033-PE).

Este proceso surgió tras una denuncia que cuestionó el actuar de Gamboa en 2017, cuando era magistrado de la Sala III. Según la denuncia, presidió la sesión en la que se desestimó la causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, señalados tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños, principal encausado en el caso Cementazo.

Gamboa también debe afrontar en noviembre una audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Goicoechea por otro expediente de tráfico de influencias (18-000075-033-PE). Este caso se remonta a 2018, cuando estaba a punto de ser destituido de la Corte Suprema de Justicia.

Según la acusación, intentó frenar esa decisión. El 27 de febrero y el 10 de abril de ese año fueron fechas clave: con 39 votos, los diputados levantaron su inmunidad a solicitud de la Corte Plena y poco después aprobaron su despido.

Durante la deliberación, los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero denunciaron haber recibido llamadas y mensajes de Gamboa para que no asistieran al plenario e impedir el quórum requerido.

Minutos antes de ser destituido, Gamboa intentó ofrecer su renuncia "por las buenas", alegando que se marcharía a México a trabajar en Google como gerente de seguridad; la transnacional lo desmintió públicamente.

Los extraditables

Según el expediente de extradición —cuyos detalles CR Hoy reveló 24 horas después de las capturas—, la DEA perfila a Gamboa como coordinador regional del Cártel del Golfo, con nexos en Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras y México.

También lo vincula con el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo, con los que supuestamente coordinaba la compra de cocaína para almacenarla en Costa Rica y enviarla a Estados Unidos. En septiembre de 2023, Gamboa habría asegurado a dos informantes de la DEA que el gobierno le permitía introducir cocaína al país.

Pecho de Rata fue detenido primero y podría convertirse en el primer costarricense extraditado. Cumplió ocho años de prisión tras un decomiso de más de 300 kilos de cocaína. La DEA indica que utilizaba una finca en Sixaola para recibir aeronaves cargadas de droga, arrendada por la sociedad Hermanos López Tyndall, controlada por sus familiares.

Jonathan Álvarez Alfaro, de 46 años, es señalado por la DEA como líder de una organización narcotraficante que opera en Norte, Centro y Sudamérica desde 2008. Ganadero de profesión, coordinaba envíos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos desde 2014, generando cerca de 1,2 millones de dólares en ganancias ilícitas.

En 2016, la policía interceptó un cargamento de 328 kilos de cocaína en San José, tras vigilancia basada en comunicaciones legales y testimonios de colaboradores. Al detener el vehículo, hallaron 149 kilos ocultos y arrestaron a los ocupantes, confirmando la participación de la organización en el tráfico internacional de drogas.