Fiscalía del PAC reconoció posibles anomalías en financiamiento con bonos vendidos a asociación de policías
La Fiscalía del Partido Acción Ciudadana (PAC) reconoció que la venta de bonos de deuda política a la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep) pudo rayar en irregularidades distintas a las ya investigadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Un informe de esa dependencia partidaria, al que tuvo acceso CR Hoy, confirma que la entonces fiscala general de la agrupación, Fabiola Fernández Ugarte, admitió que se pudo en una violación a la Ley de Asociaciones Solidaristas por lo que solicitó se indagara lo sucedido a lo interno.
El documento, firmado por Fernández y conocido por los simpatizantes del partido en octubre de 2022, señala que, ante esta situación, se solicitó contar con más detalles sobre lo sucedido con dichos bonos.
Tal como lo dio a conocer este medio en febrero de 2024, Rogis Bermúdez Barrantes, exmiembro del gabinete de Carlos Alvarado Quesada y candidato a diputado en las elecciones de 2022, tramitó como propia la compra de cuatro bonos por ¢20 millones, pero utilizó el dinero que le aportó Asegosep. Finalmente con un descuento fueron colocados en ¢18 millones.
La asociación hizo esa transferencia pese a que tenía conocimiento de que el dinero se utilizaría para la campaña política del PAC, y a sabiendas de que, como persona jurídica, no podía participar en ese financiamiento, dado que el Código Electoral lo prohíbe.
Sin embargo, el partido no solo analizó la posible comisión de delitos electorales, sino que también profundizó en la eventual violación de otra normativa.
"En cuanto a la compra de bonos para la campaña, se obtuvo información que la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, depositaron fondos en la cuenta del señor Rogis Bermúdez Cascante, por la compra de cuatro bonos de deuda política por un valor de cinco millones de colones cada uno
De acuerdo con la ley de asociaciones solidaristas en su artículo 8 indica que: "A las asociaciones solidaristas, sus órganos de gobierno y administración, así como a sus representantes legales, les está absolutamente prohibido: inciso b) Ejercer, en calidad de tales, actividades de carácter político- electoral o partidista, cuando se encuentren en el desempeño de funciones propias de representación. Inciso c) Hacer partícipes de los rendimientos, recursos, servicios y demás beneficios de la asociación a terceras personas"; de lo anterior, esta Fiscalía recomienda a esta Asamblea Nacional, solicitar la información detallada para conocer los hechos a fondo", dice el informe.
Investigaciones en TSE y Fiscalía
La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen de San José investiga penalmente el caso bajo la sospecha de presunta administración fraudulenta. El ente acusador del Poder Judicial informó que abrió la causa 23-000320-1220-PE contra una persona de apellidos Méndez Hernández.
"En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Fraudes informó que el expediente se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que no es posible dar más detalles. Lo anterior, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", indicaron este martes.
Acción Ciudadana no figura como parte investigada en esta causa, ni tampoco otros exmiembros de la junta directiva o miembros de las sociedades que se habrían beneficiado con el dinero de los oficiales y funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó la investigación abierta contra el Partido Acción Ciudadana (PAC) por la posible comisión de un delito electoral relacionado con el manejo de fondos para la campaña presidencial de 2022.
Esta sería la última etapa del proceso antes de que esa unidad elabore un informe, el cual será remitido al Ministerio Público.
La indagación se inició a raíz de las publicaciones realizadas por este medio, tras conocerse que el partido habría incumplido el artículo 274 del Código Electoral, que regula las contribuciones privadas. Esta norma establece que quienes la infrinjan pueden enfrentar una pena de dos a cuatro años de prisión:
a) A quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica, nacional o extranjera, o de una persona física extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político.
Esta institución había indicado, en una primera consulta sobre el tema, que las personas jurídicas no tienen derecho a ejecutar este tipo de compras, según lo dispuesto por la Sala Constitucional hace 11 años.
"Las asociaciones solidaristas no pueden comprar certificados de sesión de la contribución estatal a los partidos políticos (conocidos como bonos) porque son personas jurídicas y, de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional n.° 15.343 del año 2013, los bonos sólo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, bancos del Sistema Bancario Nacional y medios de comunicación colectiva; las asociaciones al no ser ningún tipo de esas 3 personas, no están facultadas para hacerlo", respondió Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE.
El Tribunal confirmó, ante consulta de CR Hoy, que han tenido contratiempos para culminar el informe final del caso, el cual tenían previsto cerrar entre abril y mayo de este año. Sin embargo, esperan que durante este mes logren finalizar esa etapa para remitirlo al Ministerio Público, con el objetivo de que el proceso avance por la vía penal.
Correos confirman colocación
CRHoy tuvo acceso a los correos que intercambiaron representantes de la Asociación y el propio candidato a diputado, donde se confirma la cancelación de los bonos.
"El suscrito, Rogis Bermúdez Cascante, con cédula de identidad número **********, Ingeniero Industrial, en mi condición de Candidato Primer lugar por San José, por medio de la presente hago constar que el día de hoy he recibido la suma de dieciocho millones de colones de ASEGOSEP, institución que usted representa, mediante transferencia bancaria a mi cuenta IBAN CR*****************, con el propósito de emitir Bonos de Deuda política con un descuento de un diez por ciento (…)", se lee en la comunicación.
La Asociación Solidarista agremia a más de 4.000 funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y resguarda los ahorros y la cesantía de miles de policías, principalmente, así como de otros funcionarios de estas dependencias gubernamentales.
El dinero fue desembolsado para respaldar la fallida candidatura de Rogis Bermúdez Cascante en su aspiración a una curul en la Asamblea Legislativa.
El entonces presidente de la asociación solidarista, James Williams Serrano, autorizó la compra de bonos al PAC como una forma de apoyar a Bermúdez, quien ocupó la presidencia del Consejo Nacional de Producción (CNP) hasta julio de 2022 y buscaba ser electo como diputado por San José.
Consultado al respecto, Bermúdez afirmó: “Lo mejor es consultarle a tesorería del partido, yo renuncié”. No obstante, Fabián Solano, actual presidente del PAC, se desligó por completo de la transacción, asegurando que el partido no recibió dinero de ninguna asociación.
"No sé cuál habrá sido la negociación de carácter privado entre Rogis y la asociación, imagino que un préstamo, porque el dinero de los bonos entró por medio del sistema bancario nacional, no nos entró dinero desde la asociación a nuestra cuentas, no hay depósitos de la asociación, contratos ni documentación. Si hubo alguna negación fue de don Rogis con la asociación, una relación de carácter privado con la que el partido no tiene nada que ver", dijo Fabián Solano, presidente del PAC.
