Fiscalía destapa mensajes que sugieren negociación irregular de tobilleras
(CRHoy.com) A partir de un allanamiento hecho a la casa del exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Víctor Hugo Víquez (diciembre 2017), la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción descubrió una presunta negociación irregular que permitió a una entidad pública, y a una empresa privada, beneficiarse con un millonario contrato estatal: las tobilleras electrónicas para privados de libertad.
El decomiso del teléfono celular de Víquez permitió al Ministerio Público encontrar conversaciones vía WhatsApp con fecha 2015 y 2016, entre funcionarios públicos y privados: el entonces magistrado de la Sala Tercera Celso Gamboa, el gerente general de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) Allan Benavides y el empresario, representante de la firma Control Electrónico (Grupo Cesa), de apellido Rothe.
En los mensajes de texto contenidos en el expediente 18-000094-1218-PE, al que CRHoy.com tuvo acceso, se desprenden acercamientos de las personas antes citadas para que el entonces magistrado Celso Gamboa, facilitara reuniones entre su mamá, la exministra de Justicia Cecilia Sánchez, y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, todo, gestionado por el excongresista Víquez.
A continuación parte de la conversación entre Víctor Hugo Víquez y el exmagistrado Celso Gamboa, en un supuesto contexto de facilitación de espacios con la entonces ministra de Justicia, Cecilia Sánchez.
Precisamente el Ministerio de Justicia liderado por Cecilia Sánchez se decantó en un concurso de orden público por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en el año 2016, para que esta desarrollara el programa de monitoreo electrónico de personas privadas de libertad.
A su vez, la ESPH anunció ese mismo año su asociación con Grupo Cesa, del empresario apellidado Rothe, para que fuesen ellos quienes se encargaran de facilitar los dispositivos electrónicos que provenían de Brasil.
La Fiscalía investiga a Víquez, Gamboa, Benavides y Rothe (momentáneamente) por un supuesto delito de tráfico de influencias, que derivó de la adjudicación que recibieron ESPH y Grupo Cesa. Todas estas personas ya fueron indagadas, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
El contrató permitió a ESPH y Cesa, recibir más de $6 millones en los últimos años por concepto de monitoreo de "golondrinas".
CRHoy.com consultó a Víctor Hugo Víquez, Allan Benavides, Celso Gamboa y Rothe sobre la presunta comisión del delito señalado por la Fiscalía, pero solamente Víquez y Benavides dieron respuesta.
Ambos aseguraron que están impedidos de dar declaraciones respecto a la investigación que sigue el Ministerio Público.
Puntualmente, Víquez afirmó que "está limpio" y que todo se trata de una farsa porque no existe prueba que demuestre su participación en un esquema delictivo.
"Lo que le puedo decir es que la Fiscalía General me imposibilitó de dar declaraciones mientras avanza la investigación, le pediría que se comunique con mi abogado para seguridad suya y mía, pero sí quisiera decirle que, estoy limpio", acotó.
Por otra parte, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en respuesta de Allan Benavides, indicó lo siguiente:
"Debemos indicar que, de acuerdo al artículo 295 de Código Penal, las partes involucradas en un tema de investigacion, tienen la obligación de guardar secreto".
En el caso de Gamboa, se le dejó un mensaje de texto, pero no lo respondió, mientras que con Rothe no hubo forma de obtener su respuesta.
Investigación
En el mes de noviembre del año 2018 la Fiscalía General recibió una denuncia anónima de un ciudadano que aseguró que existían actos irregulares en el marco de la contratación que hizo el Ministerio de Justicia con la ESPH y Grupo Cesa, para que estos cobraran varios millones por dar brazaletes al sistema penitenciario como alternativa para el cumplimiento de penas.
Según el escrito, del que este medio tiene copia, existieron reuniones entre varios funcionarios del Ministerio de Justicia, con Víctor Hugo Víquez y Celso Gamboa.
Fue en ese periodo -2018- que la Fiscalía hizo la apertura oficial de los dispositivos electrónicos hallados en casa de Víquez, a quien señalaban por aparentes vínculos con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Así las cosas, en los teléfonos de Víquez se encontraron sus conversaciones sobre varios asuntos con Allan Benavides, entre ellos, la negociación del contrato de brazaletes con la ministra de Justicia Cecilia Sánchez, supuestamente usando como intermediario a Celso Gamboa, magistrado -en ese momento- e hijo de la ministra.
La Fiscalía confirmó que el caso está bajo investigación.
Nota del editor:
Este reportaje fue editado el 8 de febrero de 2021, a las 12:21 pm
