Fiscalía General investiga a Chaves y a Tattenbach por caso Gandoca
Fiscalías investigan posibles delitos en permisos de tala otorgados a empresario amigo del mandatario
Franz Tattenbach Capra, ministro del Minae, y Rodrigo Chaves, presidente de la República. CRH
La Fiscalía General investiga a Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, y a Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, por presuntas irregularidades relacionadas con el caso de Gandoca-Manzanillo.
La Fiscalía Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) estudia posibles delitos en el otorgamiento de los permisos de tala otorgados a la sociedad denominada Playa Manzanillo S.A., la cual es representada por un empresario de apellidos Pacheco Dent.
Pacheco, quien es vecino de Chaves en un residencial situado entre Curridabat y Tres Ríos de La Unión, tiene una relación estrecha con el mandatario. Visitó múltiples veces Casa Presidencial entre 2022 y 2023, y altos mandos del gobierno celebraron varias fiestas (durante 2022 y 2023) en una finca localizada en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, que pertenecía a la entonces esposa del empresario.
Uno de esos eventos sociales fue organizado a petición de Chaves y participaron ministros y presidentes ejecutivos. El mandatario se ha negado a presentar las facturas de la actividad y alegó que cada participante llevó sus propias bebidas.
La Fiscalía General confirmó que Chaves y Tattenbach son investigados bajo la causa 24-000041-0033-PE por el aparente delito de tráfico de influencias.
En el caso Gandoca, el Ministerio Público apunta a que las gestiones para permitir talas de aprovechamiento forestal en terrenos que estarían ubicados en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca de Limón, tendrían como objetivo final un proyecto urbanístico frente al mar.
Ambas dependencias investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar 29 árboles en 16 hectáreas ubicadas en una finca propiedad de la sociedad Playa Manzanillo S.A.
El terreno en cuestión es parte de un área de 188 hectáreas de zona boscosa que pertenencían al Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo hasta 2014, cuando una ley las desafectó. Sin embargo, desde 2019, la Sala Constitucional ordenó al Sinac demarcarlas nuevamente como parte del refugio, tal como lo habían sido concebidas originalmente. Esto último aún ha sido concretado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).
Además de Pacheco Dent, investigan al jefe de la subregión Limón-Talamanca del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac), de apellidos Campbell Lindo; el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección Aclac-Sinac, de apellidos Salas Rodríguez; la administradora del refugio, de apellidos Cruz Torres, y una regente ambiental particular de apellidos Camacho Calvo.
Según consta en el expediente 24-000003-1851-PE, el Ministerio Público sostiene que entre los meses de enero y abril de 2024 el empresario Pacheco Dent, "con la finalidad de interrumpir los ciclos naturales del agua y cambiar el uso de un ecosistema de humedal no declarado dentro de las propiedades descritas, dispuso que terceros no individualizados, lo drenaran mediante la elaboración de canales o zanjas para abatir el nivel del agua".
La Fiscalía Ambiental acotó que la cobertura de bosque, según imágenes aéreas consultadas, habría sido "sistemáticamente menguada" mediante una serie de talas ilegales destinadas a abrir claros en el bosque "y así afectar la densidad de árboles, estratos y demás requisitos del concepto de bosque, todo para poder acceder a un permiso en la modalidad de inventario forestal y poder realizar la tala rasa".
La fiscalía sostiene que el plan sería urbanizar la zona y vender a particulares en "altas sumas" los diferentes lotes que, incluso, ya habrían sido ofrecidos a través de sitios web.
Antecedentes y gestiones
El 21 de noviembre de 2023, Pacheco Dent presentó al Sinac una solicitud formal de autorización para la corta y el aprovechamiento forestal de árboles fuera de bosque para 94 árboles. Según la Fiscalía, el empresario habría efectuado esto con la intención de cambiar el uso de suelo de bosque y habría procurado dar tintes de legalidad a un asunto que en el fondo estaría al margen de la ley.
Con esta gestión, se evadiría la presentación del plan de manejo requerido como instrumento de aprovechamiento en bosque, merced al cambio sistemático en el uso del suelo de bosque.
El objetivo sería la construcción de un camino, el cual el empresario tendría interés de que fuese reconocido como una vía pública municipal por la Municipalidad de Talamanca. "Ese trayecto, a futuro, sería parte esencial para el acceso al proyecto urbanístico y lotificación que pretendía desarrollar (el empresario) en las propiedades", según la fiscalía.
Allanamientos de OIJ y Fiscalía en Sinac, oficinas centrales, el 16 de julio de 2024.
Más señalamientos
El Ministerio Público alega que la regente ambiental Camacho Calvo, junto con los funcionarios del Sinac (Campbell, Salas y Torres), habría propiciado actos irregulares para favorecer los planes de Pacheco a través de la supuesta emisión de certificaciones, informes técnicos y resoluciones que autorizaban la tala de árboles en zonas con características de bosque.
A partir de informes forenses y pesquisas en el sitio efectuadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía indica que los terrenos implicados en el caso contaban con características de bosque, con presencia de humedales y que estaban dentro de los espacios que debían ser restituidos al refugio según el fallo de la Sala Constitucional.
La Fiscalía alegó que el 20 de octubre de 2023 habría insertado declaraciones falsas en documentos públicos que certificaron que las propiedades de Pacheco Dent estaban fuera de cualquier área protegida. Sin embargo, para la Fiscalía Ambiental, esto sería falso debido a que el mismo Campbell tendría conocimiento que los terrenos se encontraban dentro del área que debía ser delimitada y restituida al refugio según el fallo constitucional.
Además, el funcionario habría ignorado lo establecido en decretos ejecutivos y resoluciones administrativas que restringen como medida preventiva la tramitación o aprobación de permisos de inventario forestal provenientes de bosque, según la capa de cobertura del mapa Fonafifo 2000. Lo que establece el decreto ejecutivo número 31332-MINAE.
Con las certificaciones emitidas por Campbell, el empresario habría contratado a la regente forestal Camacho Calvo para que le confeccionara el documento técnico de inventario forestal en terrenos de uso agropecuario sin cobertura boscosa para la solicitud de camino público ante la Municipalidad de Talamanca. El camino abarcaría 1.7 hectáreas en 2 terrenos.
Camacho presentó, en noviembre de 2023, una solicitud de aprovechamiento forestal para 94 árboles fuera de bosque. Sin embargo, terminó siendo solicitada para 29 árboles debido a una prevención planteada por el ingeniero forestal de Sinac de apellido Salas.
Para las fiscalías, según un dictamen pericial, los árboles sí están en área de bosque. No obstante, apuntan a que el funcionario Salas habría faltado al deber de probidad el 12 de abril de 2024 al recomendar la tala de 29 árboles y al presuntamente insertar en la gestión un documento (falso, según apunta la fiscalía) que indicó que el área de aprovechamiento no era bosque. Al parecer, el funcionario varió su posición en cuestión de 3 meses debido a que en enero de 2024 había brindado una respuesta distinta.
"En su totalidad autorizó la corta de 4 árboles para mantenimiento de camino, lugar donde por su cobertura boscosa no se podía realizar ningún tipo de tala que no fuera mediante la figura de un plan de manejo, inclusive así lo había plasmado el imputado Salas Rodríguez en el documento SINAC-ACLAC-SLT-012- 2024 de fecha 16 de enero de 2024, donde estableció una serie de inconsistencias y había archivado el expediente de manera temporal, señalando en el punto número 8 de ese documento que En el plano L- 110409-1993), solo se podría aprovechar o talar un máximo de 9 árboles, sin embargo, esta área en su mayoría en apariencia corresponde a bosque, por lo que en esta modalidad no se puede tramitar la corta de árboles. Sin embargo, Salas Rodríguez varía su criterio a los 3 meses, allanándose solamente en el documento presentado por la regente e imputada Camacho Calvo (…)", puntualizó la fiscalía.
Bajo este contexto, el 12 de abril de 2024, Campbell emitió la resolución administrativa que aprobó la corta y el aprovechamiento de los 29 árboles en pie. Para el Ministerio Público, esto se hizo "pese a que los terrenos tienen cobertura de bosque y que estaban -preliminarmente- dentro de los límites del refugio".
"Resolución emitida completamente basada en hechos falsos, ya que sustentó su resolución e indicó que se aprobaba la corta y aprovechamiento de 29 árboles solicitados en pie, los cuales el solicitante requería para reducir el riesgo de la seguridad, fundamento que fue basado en un hecho totalmente falso ya que la parte que solicitó el aprovechamiento forestal bajo la modalidad de inventario forestal, desde el inició de su requerimiento, estableció que era para poder presentar ante la Municipalidad de Talamanca una solicitud de declaratoria de camino público, y en este caso en la resolución administrativa que se le cuestiona a Campbell no se detalla dicho aspecto", alegó la fiscalía.
Tras denuncias vecinales sobre posible tala ilegal en la zona, las autoridades judiciales realizaron una inspección el 21 de abril de 2024. Posterior a esa visita, la imputada Cruz Torres (administradora del refugio), emitió una serie de documentos oficiales en los que sostuvo que la actividad de tala estaba en el marco de la ley y con los permisos requeridos. No obstante, para la fiscalía esto sería falso debido a que los terrenos cuentan cobertura boscosa y están dentro de los límites del refugio.
Sin medidas cautelares
Félix Castellón Ruiz, juez penal del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra todos los imputados y señaló la ausencia de prueba suficiente para argumentar el posible dolo en las actuaciones investigadas.
La Fiscalía no solicitó prisión preventiva, pero pretendía separar temporalmente del cargo a los funcionarios del Sinac, y limitar algunas libertades al empresario Pacheco (impedimento de salida del país) y a la regente forestal Camacho (inhabilitación del cargo). Además, urgía suspender los permisos de tala otorgados por el Sinac.
El Ministerio Público confirmó que apelaron la decisión del juez y solicitarán las medidas cautelares en una nueva audiencia.
La investigación versa sobre los presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
