Fiscalía gestiona congelamiento de criptomonedas ligadas a imputados en caso Madre Patria

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) tramita a nivel internacional el congelamiento de criptomonedas vinculadas a imputados en el caso "Madre Patria.

Así lo confirmó Carlos Castro Sojo, fiscal a cargo del caso, durante la audiencia de prórroga de medidas cautelares contra 19 imputados en la causa penal, a quienes se les vincula con presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.

La solicitud se realiza a través de una asistencia penal internacional a cargo de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (Oatri).

La supuesta organización se dedicaba a perpetrar fraudes registrales con propiedades de alto valor en distintos puntos del país. La investigación, desarrollada por la Faedo, señala que los dueños reales de los terrenos (extranjeros y adultos mayores) habrían sido despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación.

La aparente organización era liderada por 2 ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez, quienes habrían contado con el soporte de abogados y notarios.

Al parecer, el grupo legitimaba el dinero producto de la actividad ilícita a través de otro tipo de negocios: empresas que gestionaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP), inversión en criptomonedas, adquisición de vehículos de alto valor o inversiones en tiendas tipo "outlet".

Los investigados fueron detenidos en allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público a mediados de 2024.

Según las pesquisas a cargo de las autoridades judiciales, parte del dinero obtenido de manera ilícita se habría utilizado para adquirir criptomonedas con tal de legitimar los recursos. Para dicho fin, los supuestos líderes de la organización habrían reclutado a 2 ingenieros informáticos con conocimiento en la gestión de criptomonedas.

El fiscal Castro Sojo puntualizó que ya se hizo el congelamiento de productos financieros vinculados a los imputados en el caso y que tramitaron los levantamientos del secreto bancario. Además, entre junio de 2024 y julio de 2025 las declaraciones indagatorias fueron ampliadas.

"Sobre las diligencias en proceso, informa el fiscal que están tramitando el congelamiento de criptomonedas internacionales y se está terminando el proceso de aperturas de evidencia de teléfonos", citó la resolución de prórroga de medidas cautelares, dictada el pasado 18 de julio.

La fiscalía sostiene que las criptomonedas se habrían utilizado por los imputados para intentar desarrollar un proyecto inmobiliario en una zona costera de Guanacaste, adquirir varias propiedades y comprar vehículos de lujo.

Los líderes de la organización serían 2 españoles de apellidos Gómez y León, quienes habrían conformado un robusto grupo delictivo junto a 2 hermanos costarricenses de apellidos Chaves Arias para aparentemente cometer onerosos fraudes registrales con propiedades.

Como parte de la estrategia para legitimar los capitales provenientes de estos delitos, la agrupación habría contactado a un ingeniero informático de apellido Barrientos (36 años) y a un analista web de apellido Fernández (38 años) para aprovechar el conocimiento que tenían en criptomonedas.

Esta situación fue puesta en conocimiento del OIJ por parte de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España a través de un reporte emitido el día 25 de abril de 2022.

Las autoridades españolas accedieron a un informe de inteligencia financiera que indicó que "un ciudadano costarricense (Barrientos), a través de un ‘Exchange' de criptomonedas español, entre el 24 de mayo de 2021 y el 26 de mayo de 2021, por su monedero en bitcoins ubicada en esa plataforma española, recibió un total de 4 transacciones por un valor total de 375 bitcoins (aproximadamente 11.8 millones de euros). Dichos fondos fueron remitidos, de manera inmediata, a favor de otras direcciones externas. "Con lo que parece que es una cuenta puente", citó el aviso.

Según el OIJ, posterior al evento señalado por la Policía Nacional de España, existió un incremento "exponencial" de adquisición de bienes (vehículos de alta gama y propiedades) en el patrimonio ligado a Barrientos.

Por ejemplo, según las pesquisas, el ingeniero constituyó 12 sociedades donde mantenía representación judicial o extrajudicial. En 11 de esas sociedades figuraba como gerente o presidente con la mayoría del capital social.

En 4 de las sociedades ligadas a Barrientos también figuraban como integrantes los españoles Gómez y León, junto con los hermanos Chaves Arias, y el analista web Fernández.

Entre los vehículos de alto valor adquiridos por estos sujetos había unidades BMW, Mercedes, Porsche, Opel, entre otros. Según el OIJ, solo el día 9 de noviembre de 2021, se adquirieron 6 automotores de alto valor.

Según las pesquisas, el dinero obtenido a través de las criptomonedas también se habría utilizado para invertir en empresas buses que operaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP).

"Se han recolectado indicios suficientes que señalan que el dinero obtenido mediante criptoactivos proviene de origen ilícito. Esto en razón a que, inicialmente, el sujeto (Barrientos) se registró en una plataforma digital de ‘Casa de Cambio' para criptomonedas, 3 días posteriores a su inscripción recibió más de once millones de euros (€11.000.000) en 4 tractos utilizando la criptomoneda: "Bitcoin", lo que despertó alertas financieras por tratarse de actividades atípicas y que, además, el dinero fue inmediatamente transferido a una segunda plataforma electrónica de nombre "Wasabi" que opera en la "red oscura" o bien capa profunda de internet, donde las monedas digitales se introdujeron en un procedimiento conocido como "mixer".

"Posterior a las transacciones antes descritas, Barrientos recibió un monto adicional de (B18.9), en la billetera electrónica de ‘Bit2me', tratándose de una cantidad aproximada a los ₡500 millones en su conversión a dinero FIAT, activos que no logró transferir o utilizar por omitir la política de la plataforma electrónica para Prevención de Lavado de Dinero (PDL) y (KYC) 'Conozca a su cliente', detalla la quinta ampliación del informe 009-IP-SECCRO-2022, elaborado por el OIJ.

La investigación establece que, posterior a la fecha en que se realizó el movimiento de criptomonedas, Barrientos habría adquirido "gran cantidad de vehículos y propiedades de alto valor" que sumarían un estimado de $3 millones.

"Por último, estos bienes presentan una serie de movimientos registrales (traspasos de una sociedad a otra) que nos hacen presumir que se encuentran encaminados a encubrir las acciones ilícitas que vienen realizando y con ello dar carácter legítimo a sus ganancias", citó el OIJ, en el informe 05-RCI OECDO-2024.

Más pesquisas

La policía judicial también detectó que durante el mes de junio de 2023 se observaron varios movimientos registrales entre las sociedades en donde Barrientos y Fernández eran representantes. Entre ellos, destacaron múltiples traspasos de bienes muebles con el presunto objetivo de distribuir los activos entre las sociedades.

Posterior a ello, se determinaron renuncias en las juntas directivas y la fusión de las sociedades, siendo que los españoles Gómez y León adquieren el patrimonio total de Barrientos y Fernández bajo la figura de fusión por absorción.

Asimismo, la policía judicial evidenció la posible existencia de venta de bienes entre sociedades de un mismo representante (Barrientos). Por ejemplo, se detectó la compraventa de 18 vehículos con un valor total de más de ₡126 millones para presuntamente ser traspasados entre las mismas sociedades "señalando que el origen de los fondos es producto de un crédito personal y consecuentemente de los ahorros y frutos de su trabajo".

También, se habría dado la fusión de sociedades en las que figuraron Barrientos y Fernández para luego conformar hipotecas.

Los movimientos financieros del ingeniero informático y las alertas emitidas por las autoridades españolas derivaron que en Costa Rica abriera una investigación penal por presunta legitimación de capitales. Además, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de entidades bancarias en las que el costarricense era cliente.

Las pesquisas del OIJ establecieron que el 18 de diciembre de 2023, Barrientos y Fernández denunciaron penalmente a los presuntos líderes de la organización criminal y alegaron haber sido engañados por estos sujetos y despojados de bienes que poseían en las sociedades en las que figuraban. Sin embargo, para la policía judicial se trata de una respuesta ante una ruptura en la organización delictiva y un posible intento por instrumentalizar al Ministerio Público para intentar despistar la participación en los hechos bajo investigación.

Las intervenciones telefónicas desarrolladas durante la investigación revelan que los sujetos tenían conocimiento de que eran objeto de investigación por parte del OIJ y del Ministerio Público y que, en ese sentido, intentaron aplicar estrategias para evitar ser ligados con las posibles actividades delictivas.

Barrientos y Fernández figuraron entre los imputados detenidos en los allanamientos de la policía judicial desplegados el martes 25 de junio de 2024 en distintos puntos del país.

El 18 de julio, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José prorrogó por 6 meses la medida cautelar de prisión preventiva contra Barrientos, mientras que Fernández salió de prisión bajo arresto domiciliario.