Fiscalía giró orden de captura internacional contra abogado imputado en “Madre Patria” que salió del país y no regresó
Salió del país días antes de allanamientos efectuados en 2024; autoridades lo señalan como uno de los líderes de presunta organización criminal
El abogado investigado en el caso Madre Patria salió del país y no regresó. Archivo CRH
La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo) mantiene activa una solicitud de captura internacional, con fines de extradición, contra un abogado de apellidos Chaves Arias imputado en el caso "Madre Patria".
Chaves Arias, de 40 años, salió del país el 2 de junio de 2024, 3 semanas antes de los múltiples allanamientos y detenciones a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Hasta la fecha, el sujeto no regresó al país y no se tiene claridad sobre su paradero.
El abogado, cuyo hermano cumple prisión preventiva desde mediados de 2024 por el mismo caso, es señalado como uno de los presuntos líderes de una organización dedicada al fraude registral con la sustracción de propiedades de alto valor y a la legitimación de capitales.
La investigación, desarrollada por la Faedo, señala que los dueños reales de los terrenos (extranjeros y adultos mayores) habrían sido despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación.
La presunta organización delictiva era liderada por 2 ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez, quienes habrían contado con el soporte de abogados y notarios. A la par de estos extranjeros, habrían operado los hermanos Chaves Arias.
El abogado es el único imputado en el caso que aún no ha podido ser detenido para ser puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.
Según la investigación, además de un rol de liderazgo dentro de la estructura, Chaves figura en varias sociedades anónimas junto con los españoles. Dichas sociedades están bajo investigación por la presunta participación en actividades irregulares.
La supuesta organización se dedicaba a perpetrar fraudes registrales con propiedades de alto valor en distintos puntos del país. La investigación, desarrollada por la Faedo, señala que los dueños reales de los terrenos (extranjeros y adultos mayores) habrían sido despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación.
Al parecer, el grupo legitimaba el dinero producto de la actividad ilícita a través de otro tipo de negocios: empresas que gestionaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP), inversión en criptomonedas, adquisición de vehículos de alto valor o inversiones en tiendas tipo "outlet".
Según las pesquisas a cargo de las autoridades judiciales, parte del dinero obtenido de manera ilícita se habría utilizado para adquirir criptomonedas con tal de legitimar los recursos. Para dicho fin, los supuestos líderes de la organización habrían reclutado a 2 ingenieros informáticos con conocimiento en la gestión de criptomonedas.
El hermano de Chaves Arias, que también está imputado en la causa, procuró que se le levantara la prisión preventiva como medida cautelar y negó que existiera un riesgo de fuga en virtud de que su familiar aún no ha sido ubicado por las autoridades. Sin embargo, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José acordó, el pasado 18 de julio, prorrogar hasta diciembre de este año la prisión preventiva contra este imputado.
La prisión preventiva también se extendió para los españoles León Muñoz y Gómez González. Asimismo, para un empresario autobusero de apellido Herrera, un abogado de apellidos Loaiza Bolandi, un sujeto de apellido Prendas, un ingeniero informático apellidado Barrientos y una persona más, de apellidos Rodríguez Hidalgo.
En tanto, se impuso la medida de arresto domiciliario con monitoreo electrónico para: una mujer de apellido García, una mujer de apellido Jiménez, un hombre de apellido Rojas, dos hombres de apellido González, un hombre de apellido Barrientos, un hombre de apellido Venegas (juez), un hombre de apellido Fernández, una mujer de apellido Herrera, un hombre de apellido Pérez y otro sujeto de apellido Marín.
Imputados detenidos por el caso Madre Patria en junio de 2024. Archivo CRH/OIJ
Entre los investigados también figura un funcionario de apellido Rosales, empleado del Consejo de Transporte Público (CTP), quien presuntamente habría beneficiado a la organización con trámites a lo interno de la entidad estatal.
Por esa razón, a mediados de 2024, un juez solicitó suspenderlo del cargo mientras continuaba la investigación. De igual forma, debía mantener domicilio fijo, tenía que firmar periódicamente y no podía salir del país.
En el caso de 5 oficiales de la Policía de Tránsito, investigados por presuntamente colaborar con el grupo criminal para evitar multas contra las unidades de autobús ligadas a las empresas de los imputados, el Tribunal Penal de II Circuito Judicial de San José acordó, desde mediados de 2024, dejarlos en libertad bajo medidas cautelares (debiendo firmar de manera periódica, con impedimento de salida del país y sin la posibilidad de acercarse a testigos en la causa).
En la causa se investigan presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
