Fiscalía investiga a tres funcionarias del PANI por caso de bebé arrebatado a pediatra

(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Alajuela investiga a tres funcionarias del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por presunto incumplimiento de deberes en el caso del bebé que le fue arrebatado a una pediatra.

Se trata de las servidoras públicas de apellidos González Álvarez, Villalobos Rodríguez y Villalobos (solo se detalló un apellido) que intervinieron en un proceso administrativo en el que la especialista en cardiología infantil, Xinia Henríquez Cisneros, debió entregar a un menor de edad que planea adoptar de forma directa, con la venia de su madre, una joven de 15 años. No obstante, la entrega del niño fue rechazada el 31 de agosto por el Juzgado de Familia de Grecia.

La pesquisa se tramita bajo el expediente 22-000844-0331-PE y se abrió en despacho de Grecia, pero este la remitió al de Alajuela para su trámite, en vista de que los hechos en apariencia tuvieron lugar en esa localidad, explicó la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de CRHoy.com.

El departamento de comunicaciones del órgano acusador se reservó los detalles de la causa en el tanto que esta se encuentra en fase inicial, que es privada para terceros en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, el incumplimiento de deberes está contenido en el artículo 339 del Código Penal. Este dispone entre uno y cuatro años de inhabilitación para el funcionario que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde un acto propio de sus labores. Misma sanción dispone para el servidor que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento cuando está obligado a hacerlo.

El caso se abrió a partir de una denuncia formulada por la abogada de Henríquez Cisneros, Dayana Montoya Valverde. La familia adoptante, además integrada por Érick Miranda Valverde, también presentó una queja formal ante la ministra de la Niñez y la Adolescencia así como presidenta ejecutiva del Patronato, Gloriana López Fuscaldo. Esta última ordenó preparar un estudio para determinar si González Álvarez, Villalobos Rodríguez y Villalobos debían ser separadas de la tramitación del expediente OLA-00134-2022 o no, reveló este medio el 4 de setiembre.

Así se extrae del oficio PANI-PE-OF-2228-2022 -al que CRHoy.com tuvo acceso- que la jerarca remitió a la jurista en respuesta a una denuncia "sobre mal accionar, proceder inadecuado y malicioso, no aplicación de la legislación vigente a favor de las personas menores de edad, violación al principio de legalidad, arbitrariedad en actuaciones que no se encuentran apegadas a Derecho".

El menor en cuestión nació el 4 de abril pero debió ser ingresado de inmediato al Hospital San Rafael de Alajuela, en el que estuvo internado por dos meses dados factores de riesgo asociados a su prematuridad. La pediatra conoció al bebé en ese espacio, toda vez que tuvo que atenderlo como parte de sus funciones.

Allí también conoció a la madre biológica y supo de esta su interés de dar a su hijo en adopción, así como su temor de que este fuera colocado en un orfanato. Lo anterior ocurrió mientras Henríquez Cisneros y Miranda Valverde aguardaban en las listas del Patronato para una adopción.

Fue así que las partes coincidieron en llevar adelante un proceso de entrega directa, por el que además suscribieron un poder para que la familia interesada se hiciera cargo del niño desde su egreso del centro médico, lo cual sucedió el 27 de junio. En los dos actos estuvo presente la abuela biológica, como responsable de la madre.

La institución indicó a este medio que el caso que tramita responde a un proceso especial de protección -entendido como acciones psicosociales y legales para garantizar la integridad de un niño o adolescente- con el que suspendió provisionalmente la guarda del menor a la joven dada su ambivalencia respecto al ejercicio de su maternidad, toda vez que, se cree que inicialmente expuso su desinterés de criar al niño, pero luego cambió de parecer.

El Juzgado de Grecia a su vez rechazó la entrega directa del bebé "ante la falta de consentimiento libre e informado de la adolescente", según se desprende de su resolución, la cual se basó en un informe del Patronato, el cual es ordenado por el Código de Familia como parte del proceso dispuesto en su numeral 109, inciso c). No obstante, la diputada Johana Obando Bonilla denunció que la entidad obstaculizó la entrega del niño y ocasionó que la gestión fuera archivada en vía judicial. Esta última situación no fue tal, ya que Henríquez Cisneros apeló lo resuelto. López Fuscaldo descartó a la legisladora del Partido Liberal Progresista (PLP) que algo se pudiera hacer, ya que el tema estaba judicializado.

Con el inicio del proceso especial de protección en sede administrativa y el dictado de las medidas referidas, la entidad asumió la representación provisional del menor por estar cuestionada la aptitud de su madre para garantizarle sus derechos, en apego a lo dispuesto en el artículo 4, inciso l), de la Ley Orgánica del Patronato.

Lo anterior con el fin de trabajar junto a la adolescente y su madre para determinar si el deseo de hacerse cargo del niño es real y auténtico, así como si cuenta con respaldo socioeconómico pertinente; o si por el contrario se logra determinar que lo más conveniente para el menor es la protección estatal. En ese sentido, el departamento de comunicaciones de la entidad indicó que la entrega hecha a la familia Miranda Henríquez estaba viciada y que la tenencia del niño era ilegal y hasta podía configurar un delito, en los términos establecidos en el ordinal 184 bis. del Código Penal.

CRHoy.com solicitó un descargo de las servidoras investigadas la mañana del 15 de setiembre, pero al momento de esta publicación, la misma permanecía en trámite.