Fiscalía investiga presuntas irregularidades en permisos para gasolinera en Grecia

El Ministerio Público investiga la construcción de una estación de servicio en Grecia, luego de que se denunciaran presuntas irregularidades en los permisos de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible (DGTCC) del Ministerio de Ambiente (Minae).

Inclusive, esta dependencia presentó la denuncia ante la Fiscalía, según consta en el oficio DGTCC-DL-2023-104, en donde se expresa que presuntamente "se tiene demostrada la construcción de una Estación de Servicio sin los permisos administrativos requeridos".

El documento firmado por el DGTCC describe 21 hechos que fueron presentados ante las autoridades judiciales para que se realice una investigación contra la empresa a cargo de las obras.

"Por lo que en virtud de los hechos relatados es evidente que la empresa Inversiones Herrevar S.R.L, cédula jurídica 3-102-804716, se encuentra construyendo de forma ilegal la estación de servicio, por cuanto es evidente la falta de aprobación de lote y planos, necesarios para la obtención de la concesión de Servicio Público, aun así, la empresa inició la construcción y a pesar de estar notificada de las resoluciones R-102-2023-MINAE, notificada el día veintiocho de abril del dos mil veintitrés y R-288-2023- MINAE, notificada el día 21 de setiembre del 2023 que declara sin lugar el Recurso Ordinario de Reconsideración y/o Reposición, e incidentes de previos de nulidad absoluta y suspensión de los efectos del acto, continúa con la construcción de la Estación de Servicio", cita el documento.

La denuncia penal se encuentra en el expediente 23-001188-0331-PE, en donde se investiga el presunto delito de violación de reglamentos.

En este caso, también figura como denunciante el abogado Walter Brenes, quien explicó que al ver que esta construcción no contaba con los requerimientos técnicos mínimos, interpuso acciones legales ante el Tribunal Contencioso Administrativo, una denuncia administrativa y la continuidad a la denuncia penal.

"Acá se cometió, como mínimo, presuntamente un prevaricato, un incumplimiento, deberes y por supuesto hay una falta de gravísima a la legislación costarricense. Me parece que es un caso grave, que no se puede dejar de lado. Es importante para establecer un precedente y que esto no vuelva a suceder", señaló Brenes.

Brenes comentó que la construcción se hace diagonal a la escuela Ramón Herreno Victoria y es uno de los puntos que se cuestionan, ya que la legislación impide que se construyan edificaciones de este tipo en un rango menor a 100 metros de sitios de reunión pública, dentro de los cuales se encuentran centros educativos.

Cuenta con permisos

En comunicación con este medio, Rafael Herrera, representante legal de la empresa Inversiones Herrevar S.R.L, aseguró que han sido respetuosos del ordenamiento jurídico, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la normativa legal y reglamentaria.

"Sin embargo, al parecer, hay fuertes intereses de terceras personas para que el proceso no se desarrolle, y esta situación, definitivamente deberá atenderse en la sede jurisdiccional competente, en la que se presentará la demanda ordinaria; cuyos alcances y contenidos, serán conocidos oportunamente", dijo.

"Es importante rescatar que como siempre, nuestra actuación se ha enmarcado en la legalidad, la transparencia, y el respeto total y absoluto del procedimiento legal en todas las instancias, y así seguiremos actuando, hasta que finalice el procedimiento en la sede judicial competente, que finalmente, es la última instancia a la que podemos acudir", añadió.

Herrera dijo que lamentan "que esos intereses de terceros, generen un atraso en obras que consideramos importantes, no solo para el crecimiento del cantón y la generación de empleo, sino además, por la necesidad que se pretende atender en el sitio". 

El representante aclaró que el proyecto obtuvo la autorización del terreno hace casi 1 año y medio. "Obtenida la autorización de terreno, procedimos con el trámite de los planos ante el CFIA, que es el procedimiento establecido en la normativa aplicable". 

"Aprobados los planos y con todos los papeles en regla, realizamos las gestiones para obtener los permisos de construcción e iniciamos las obras. Presuntamente, durante este periodo, una persona ajena a la materia y zona, presenta una denuncia en contra del proyecto, pidiendo además la anulación del acto por medio del cual se nos aprobó el terreno"

"De esta denuncia nunca fuimos enterados, sino hasta un año después, en que nos llega una notificación de la cancelación del permiso", agregó.

Según dice, en el proceso seguido por MINAE, no se respetaron los mínimos derechos porque no se confirió audiencia alguna.

"Lamentablemente, ese oscurantismo y falta de comunicación y derecho de audiencia, generaron que, durante ese año, nosotros -al amparo de los permisos que legalmente obtuvimos-,  desarrollaramos el proyecto"

"La resolución oficiosa por parte del MINAE; en la que como indicamos, no medió comunicación alguna con mi representada, fue recurrida en la sede administrativa, y actualmente, estamos en la fase de elaboración de la demanda, en contra del Estado y de los funcionarios involucrados en el proceso, por lo que consideramos, una violación flagrante al principio de legalidad, del debido proceso, principio de audiencia y defensa, porque el decreto ejecutivo aplicable al momento en que se pidieron los permisos, permitía la construcción en dichas condiciones, y esto, fue lo que en primera instancia, generó la aprobación correcta, legal y conforme en derecho corresponde, de nuestra petición", concluyó.