Fiscalía investiga si acciones amenazantes de Chaves contra Bulgarelli en restaurante son represalia por caso BCIE
Chaves figura desde hoy como imputado y Bulgarelli como testigo de la corona, luego de que se le aplicara un criterio de oportunidad al publicista.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, confirmó este lunes que están investigando si el ataque que sufrió el productor Christian Bulgarelli Rojas por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles, en el restaurante Sapore Trattoria, constituye una represalia por la investigación que se seguía en contra del mandatario en ese momento por el conocido caso BCIE.
Ese mismo lunes, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra el presidente Chaves y el ministro Jorge Rodríguez Vives por el presunto delito de concusión, vinculado con un contrato gestionado mediante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a financiar gastos relacionados con la imagen institucional en Casa Presidencial.
Se trata de la causa 25-000019-0033-PE, en la cual Chaves figura ahora como imputado y Bulgarelli como testigo de la corona, luego de que se le aplicara un criterio de oportunidad, tras firmar un acuerdo para declarar sobre cómo se desarrollaron los hechos que se investigaron.
Los hechos ocurrieron el viernes 21 de marzo de 2025, cuando el publicista se encontraba en compañía de sus padres y su esposa -embarazada-, almorzando en el restaurante ubicado en el centro de San José.
Ese día, Chaves ingresó al mismo local y, al ver a Bulgarelli, empezó a increparlo. Luego se acercó a la mesa de este, donde lo encaró y le profirió palabras y gestos altaneros, según consta en el informe n.º 168-OECDO/SECDO-1-2025 de la Sección Especializada contra la Delincuencia Organizada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
"Nosotros lo vamos a analizar para poder determinar si esas amenazas que (Chaves) profirió contra don Christian Bulgarelli tienen relación con estos hechos (caso BCIE). De eso todavía no hay certeza", dijo Díaz.
El informe judicial detalla que Bulgarelli Rojas es un cliente habitual del local, mientras que Chaves Robles había acudido al restaurante al menos en dos ocasiones en las semanas anteriores.
El día del altercado, cuando el presidente llegó, avanzó caminando en modo confrontativo hasta la mesa donde estaba Bulgarelli Rojas, quien se levantó y se quedó con las manos hacia atrás, a la espera de la siguiente reacción de Chaves.
Según el documento judicial, el mandatario se colocó frente al productor audiovisual, casi cuerpo a cuerpo, para encararlo. Mientras esto sucedía, dos escoltas presidenciales rodearon a Bulgarelli Rojas.
Uno de ellos es el jefe de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), Jeffry Cerdas León, quien además fue nombrado por el presidente como jefe de la Unidad de Intervención Especial (UEI).
El otro escolta intentó bloquear a la esposa del empresario, quien estaba embarazada y a pocos días de dar a luz en ese momento, cuando ella sacó su teléfono para grabar al mandatario mientras encaraba e increpaba a su esposo.
Finalmente, cuando el presidente se retiró, Cerdas se acercó a Bulgarelli para pedirle disculpas por lo acontecido.
"(…) el segundo escolta del presidente le estrechó la mano a Bulgarelli Rojas como una muestra de disculpa ante la situación suscitada, siendo evidente que el escolta lo hizo debido a que el presidente Rodrigo Alberto Chaves Robles fue el responsable de iniciar tal altercado sin motivo alguno en ese momento (12:33:41)", detalla el informe.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General, el Ejecutivo promovió un contrato con la empresa de Bulgarelli para realizar una consultoría en comunicación dirigida a la Presidencia de la República, entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de 400.000 dólares, pagado con dinero proveniente de una donación de un millón de dólares por parte del BCIE.
Sin embargo, en la negociación de este contrato, Chaves y Rodríguez obligaron a Bulgarelli a entregar 32.000 dólares al amigo y asesor del presidente, Federico Cruz, conocido como "Choreco", como pago por su trabajo en la campaña electoral, por la asesoría a Casa Presidencial y por la amistad que lo une al mandatario. Este pago no correspondía a ningún trabajo realizado por "Choreco" ni estaba contemplado en el contrato oficial.
Para realizar este pago, Cruz Saravanja pretendía que Bulgarelli firmara un contrato de arrendamiento de una casa, pero el empresario se negó. Sin embargo, el giro del dinero sí se efectuó.
La administración utilizó parte del millón de dólares aportado por la entidad financiera regional, fondos que el BCIE entrega como donación a cada país miembro fundador al inicio de cada gobierno. La Contraloría General de la República (CGR) considera estos recursos como públicos.
Bulgarelli fue contactado por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, con el objetivo de redactar los términos del contrato presentado como licitación. Posteriormente, fue seleccionado por el banco como oferente para ejecutar los proyectos solicitados por el Gobierno.
