Fiscalía: Investigados en La Trocha habrían dado dádivas y reportado trabajos inexistentes
Luego de varios años de espera, este lunes 30 de junio dio inicio el juicio del caso conocido como "La Trocha".
De momento el Ministerio Público se encuentra realizando la lectura de su extensa acusación. Sin embargo, ya han ido detallando parte de las situaciones que ellos acusan que habrían ocurrido.
Los fiscales Diego Maroto y Carlos Jiménez han compartido las tesis de que los investigados habrían brindado o recibido dádivas para afectar la supervisión de las obras, así como para reportar horas de trabajo inexistentes.
Los representantes de la Fiscalía han ido detallando cientos de facturas donde se reportaba el trabajo de vagonetas durante horas en las labores de la trocha fronteriza.
Sin embargo, de acuerdo con la acusación, esas mismas vagonetas estaban trabajando en esas fechas en otros sectores o incluso pertenecían a empresas diferentes a las designadas en las obras.
Además, también mencionaron el cobro de excesivos de las horas laborales de esos vehículos pesados. Según mencionaron Maroto y Jiménez, lo estipulado en los decretos exponía costos de montos alrededor de los 21 mil colones por hora de trabajo, pero en las facturas se reflejaban precios de hasta 35 mil colones por hora.
Asimismo, en las facturas se detalla el reporte de horas en exceso, las cuales no habría sucedido realmente.
Las dádivas
El Ministerio Público cuestionó una serie de bienes que habrían recibido los funcionarios públicos que ejercían como supervisores de las obras en la frontera norte. Estas dádivas habrían llegado desde el sector privado.
De acuerdo con la acusación, los supervisores habrían obtenido dinero, lotes, casas, viajes a Estados Unidos (EE. UU.) e invitaciones a centros de entrenamiento para adultos, así como otros elementos.
Esto mediante movimientos bancarios de los implicados, así como de allegados a ellos como parejas sentimentales.
La versión de los fiscales, es que los supervisores habrían fallado en sus labores de fiscalización de los contratos.
La acusación menciona que a los supervisores inclusive habrían sido llevados a centros de entrenamiento para adultos en San José, en dicha factura se enlista costos como: pago de ingreso, bebidas alcohólicas y la compañía de bailarines en una zona exclusiva.
De momento la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público sigue en desarrollo.
Inicio del juicio
Este lunes inicio el juicio en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José.
El caso de La Trocha es considerado el primer escándalo de corrupción en obra pública, que se dio a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012, cuando la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.
En este caso hay 14 acusados apellidados: Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos.
A ellos se les acusa los delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública. Todos estos crímenes en contra del Estado.
Separación de un acusado
En primera instancia todos los indagados llevarían el mismo juicio, sin embargo, este lunes uno de ellos fue separado y llevará un procedimiento aparte.
Los jueces fueron notificados que el acusado de apellidos Campos Vindas se encuentra incapacitado debido a quebranto de salud.
Según su representante legal se trata de una inflamación en el cerebro. Ante esta situación, no se podía garantizar que pudiese hacerle frente a todo el juicio.
Su abogado pidió ser separado del caso para que no se atrase más el juicio, y que se le llevara un testimonio de piezas.
La Fiscalía indicó que no hay duda del padecimiento de Campos Vindas. Por lo tanto, no hay perjuicio en separar al imputado y llevar un testimonio de piezas. Los fiscales explicaron que en su panorama solo se llevarían los hechos de las 7 facturas de él.
Los abogados de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República tampoco vieron problema con su separación.
Los jueces aprobaron que contra Campos Vindas se lleve la gestión de esa manera.
