Fiscalía mantiene abierto un expediente por presuntas anomalías en financiamiento de campaña de Chaves
Causa aparte, derivada de investigación principal, involucra a: financista, hija de diputado y a tesorero de actual agrupación oficialista
Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero e investigada en el caso. Foto de setiembre de 2023, cuando acudió a una audiencia legislativa acompañada del abogado Francisco Dall'Annese. Archivo CRH
La Fiscalía General mantiene en curso una causa penal adicional por presuntos delitos electorales en el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves Robles, actual presidente de la República, por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en 2022.
Dicho expediente, 22-000210-0276-PE, involucra a los imputados que no son miembros de los Supremos Poderes de la República.
El pasado 23 de junio, Carlo Diaz Sánchez, fiscal general del Ministerio Público, presentó la acusación formal contra Chaves Robles, Stephan Brunner; vicepresidente de la República; Pilar Cisneros Gallo, diputada el PPSD; Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y otros 3 diputados oficialistas: Julio "Waldo" Agüero Sanabria, Luz Mary Alpízar Loaiza y Paola Nájera Abarca por delitos electorales en el financiamiento de la campaña del mandatario.
El informe final de la investigación preliminar del caso, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) atribuyó posibles delitos electorales a Chaves, a André y a Brunner, por la presunta utilización de 2 estructuras paralelas (al margen del PPSD) para recaudar y gestionar financiamiento en favor de la campaña presidencial de Chaves.
Una de esas figuras es el fideicomiso Costa Rica Próspera, gestionado por la firma ATA Trust Company S.A., fundada y vinculada al canciller André Tinoco, el cual habría captado recursos de forma ilegal para gastos de campaña. La otra supuesta estructura paralela fue ejecutada por Jack Loeb Casanova, empresario y financista del mandatario y Sofía Agüero Salazar, exasistente de Chaves durante la campaña e hija del actual diputado Agüero Sanabria.
Loeb habría hecho una donación de aproximadamente $200 mil a las campañas de Chaves y Waldo Agüero, por medio de la intermediación de Sofía (quien recibió los fondos en sus cuentas) y al margen de la tesorería del partido político. Operó entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. El TSE advirtió que dicha estructura habría operado entre el 2 de setiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.
En el expediente 22-000210-0276-PE figuran otros imputados o investigados: Loeb Casanova, Agüero Salazar y Carlos Vásquez Landergren, quien durante la campaña de Chaves fungió como director de operaciones del fideicomiso Costa Rica Próspera. También, ha sido objeto de investigación el abogado Alonso Vargas Araya, quien fungió como representante legal del fideicomiso.
Vásquez Landergren fue designado a finales de mayo como tesorero del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el cual aspira a convertirse en uno de los vehículos del oficialismo para participar en el proceso electoral de 2022.
Según la acusación formulada contra Chaves y los demás jerarcas, los investigados señalaron que el fideicomiso Costa Rica Próspera se creó para financiar un "grupo de estudio" sobre la realidad nacional y no para actividades proselitistas. Sin embargo, Landergren afirmó ante el TSE y ante la comisión legislativa que investigó el financiamiento de campaña que firmó, junto a Loeb Casanova, el contrato de la casa de campaña en el barrio La California, en San José,
El alquiler de la sede se pagó con recursos provenientes del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Vásquez dejó el fideicomiso el 14 de junio de 2021. El cargo de director de operaciones fue asumido por Karla Romero Cruz, quien estuvo en el puesto hasta el 22 de julio de 2021. Ella afirmó que conoció la existencia de Costa Rica Próspera hasta que Chaves Robles le informó. Tras el paso de Romero, el rol fue asumido por Agüero Salazar.
Jack Loeb Casanova, financista de campaña de Chaves e investigado en el caso. Foto de 2023. Archivo CRH
El caso
Según la investigación que arrancó en 2022, año en que Chaves asumió como mandatario, entre 2021 y 2022, en el marco de la campaña electoral, se habrían utilizado 2 estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del PPSD, en el período electoral 2022-2026.
Dichas estructuras identificadas fueron el fideicomiso Costa Rica Próspera y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente Chaves.
Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería del PPSD, tal como exige el Código Electoral. "Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral", citó la entidad.
El Código Electoral señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Pilar Cisneros, diputada del PPSD, en una imagen durante la campaña electoral de 2022. Archivo CRH
¿Cuáles son los delitos investigados en este caso?
- Delitos sobre el financiamiento partidario – Artículo 273 del Código Electoral:
Se impondrá pena de prisión de 2 a 4 años a quien recaude fondos para algún partido político sin haber sido autorizado por el tesorero del partido.
La pena de prisión será de 3 a 6 años al contador público que haya certificado con su firma la comprobación de los gastos de la contribución estatal, cuando oculte información, consigne datos falsos en la certificación de gastos del partido o en el informe de control interno de este, o cuando rehúse brindar información requerida por el Tribunal para los efectos de verificar la comprobación de los gastos redimibles por contribución estatal.
- Delitos sobre las contribuciones privadas – Artículo 274 del Código Electoral, inciso e:
Se impondrá pena de prisión de 2 a 4 años:
e) A quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas o mediante la utilización de mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente autorizados por el comité ejecutivo superior del partido.
- Delitos relativos a recepción de contribuciones privadas ilegales – Artículo 275, incisos a y b:
Se impondrá pena de prisión de 2 meses a un 1 al tesorero del comité ejecutivo superior del partido que omita llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos.
La pena será de prisión de 2 a 6 años para:
a) El o la miembro del comité ejecutivo superior del partido, que tenga conocimiento de contribuciones, donaciones o aportes contraviniendo las normas establecidas en el Código Electoral, en dinero o en especie, y no lo denuncie ante las autoridades competentes.
b) Los(as) miembros del comité ejecutivo superior del partido, candidatos, precandidatos oficializados por los partidos políticos, responsables de las campañas electorales o cualquier otro personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político.
