Fiscalía no descarta que un jerarca de la Caja haya ordenado borrar 300 archivos de interés en caso Barrenador
Asesor y 2 informáticos de la CCSS investigados: se indaga si recibieron directrices para hacerlo
El Ministerio Público no descarta que algún jerarca o funcionario de alto rango de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ordenara eliminar más de 300 archivos relacionados con el caso Barrenador, el escándalo de supuesta corrupción ligado a una millonaria contratación para la administración de Ebáis.
Tal como reveló CR Hoy el 26 de setiembre de 2024, el hecho ocurrió mientras Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ejecutaban uno de los 28 allanamientos relacionados con el caso.
Aunque el operativo seguía en curso y ya se habían inhabilitado las cuentas de correo de los funcionarios investigados, un perito de la Sección Especializada de Cibercrimen del OIJ informó que, al revisar la culminación del proceso de descarga, detectó que una de las cuentas de los sospechosos presentaba errores de sincronización.
Al examinar la bitácora, constató que se habían borrado al menos 300 archivos del correo electrónico, así como cuatro elementos eliminados en el sistema OneDrive, utilizado por instituciones públicas para el almacenamiento de documentos.
Posteriormente se confirmó que el correo del cual desaparecieron posibles evidencias fue reactivado sin autorización judicial, tras el bloqueo ordenado durante el allanamiento, lo que significó incumplir la disposición del juez.
Miguel Ramírez, fiscal jefe de la Sección de Probidad del Ministerio Público, confirmó a CR Hoy que una de las hipótesis es que la eliminación de los archivos obedeciera a una directriz superior.
"Sí, claro que sí. Estamos en un sistema de función pública, hay jerarcas, oficinas de cumplimiento, oficinas de riesgo, adutoría, hay gerencias y juntas directivas. Si alguien dio la orden, podría ser que también estén dentro de esos sistemas que se borraron.
No se puede descartar que pudo haber alguien recibido una orden o directriz para hacerlo. Esa es una hipótesis delictiva muy clara y muy sencilla, eso no hay vuelta atrás.
Que pudo haber sido un error, una manipulación del sistema externo o podría haber ocurrido que fuera una manipulación de un funcionario con una directriz determinada.
Estamos viendo qué fue lo que ocurrió y si el sistema nos arroja, bajo los sistemas de ciberseguridad que tenga la Caja, la información adecuada para saberlo. Tal vez con esta información podamos dar dentro de unos meses una respuesta totalmente clara de qué fue lo que ocurrió, esa es la idea", explicó el fiscal.
El pasado jueves, la Fiscalía y la Sección Anticorrupción del OIJ realizaron seis allanamientos vinculados a la desaparición del material informático.
Algunas diligencias se efectuaron en las oficinas centrales de la CCSS, mientras que cuatro fueron en viviendas particulares, incluida la de un funcionario de apellido Herrera, en el condominio Valle Alto, Goicoechea, y la de dos funcionarios del Departamento de Tecnologías de Información de la institución.
En los operativos se decomisaron computadoras, teléfonos celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis pericial.
La investigación, dirigida contra presuntos delitos de favorecimiento real y sabotaje informático, presume que Herrera, aunque estaba de vacaciones el 23 de setiembre de 2024, habría contactado a técnicos para acceder a su correo electrónico después de ser informado de los allanamientos, pese a la orden judicial de inhabilitación.
En la sesión del 22 de junio de 2024, este funcionario presentó a la junta directiva tres escenarios sobre la adjudicación de contratos de los Ebáis, según consta en actas. En ese momento también advirtió sobre los excesivos precios en la licitación y alertó que, de aprobarse la adjudicación total, se corría el riesgo de mantener un costo elevado sin justificación.
En este caso de supuesta corrupción figura la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel —ahora candidata a diputada en primer lugar por Heredia—, junto con siete exdirectivos y funcionarios que, presuntamente, habrían aprovechado su cargo en la junta directiva para presionar a favor de la adjudicación de contratos a cooperativas encargadas de administrar 138 Ebáis, con un posible sobreprecio anual de ₡12.400 millones.
La investigación sobre los correos borrados motivó la revisión de servidores y bandejas electrónicas. Se sospecha que alguien accedió con las credenciales de Herrera para habilitar permisos de acceso al contenido, lo que permitió manipular información que constituía prueba potencial.
De acuerdo con la bitácora del martes 24 de setiembre, a las 9:00 a.m. se registró un ingreso correcto en la cuenta de uno de los imputados, que ya se encontraba inhabilitada pese a la orden judicial de bloqueo. Se presume que un funcionario aprovechó ese momento para eliminar masivamente correos.
El rastreo interno de direcciones IP apunta a que la eliminación fue ejecutada desde una terminal ubicada en el Hospital Max Peralta, en Cartago, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una acción interna dentro de la CCSS.
