Fiscalía pedirá al Congreso recursos que Gobierno negó para fortalecer lucha contra el crimen
Carlo Díaz aprovechará discusión de Presupuesto 2026 para recuperar dinero negado por Hacienda, necesario par atender delitos de género, crimen organizado y homicidios
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, solicitará a la Asamblea Legislativa para que se reincorporen los ₡6.000 millones necesarios para fortalecer al Ministerio Público en la lucha contra la ola de crimen organizado, asesinatos y agresiones contra mujeres que azota al país.
Tras el bloqueo del gobierno de Rodrigo Chaves, que se negó a financiar nuevas plazas para esa institución a pesar de que el dinero ya estaba presupuestado para 2025, las autoridades judiciales intentarán reforzarse de cara a 2026.
Este lunes se presentará el Presupuesto Ordinario 2026, en el que el Ministerio de Hacienda dará a conocer el plan de gastos del sector público para el próximo año.
En entrevista con CR Hoy, el fiscal general confirmó que aprovecharán la apertura del debate presupuestario para intentar reintegrar los fondos necesarios que permitan fortalecer la persecución de delitos.
"Sí, esta es una discusión que es importante llevar a la Asamblea Legislativa y hacerles ver con mayor detalle cuál es la problemática.
Son los tres años más violentos en la historia de Costa Rica, lo vemos con la cantidad de homicidios, la cantidad de femicidios y la cantidad de casos de violencia contra las mujeres.
Desde ese punto de vista, los diputados son bastante conscientes, ojalá que esa consciencia los lleve nuevamente a otorgarnos recursos y ojalá que esta vez las autoridades del Ejecutivo no obstaculicen esa entrega de los recursos", puntualizó el fiscal general.
La Fiscalía General ya ha sostenido acercamientos con el Poder Ejecutivo para que rectifique la decisión y facilite los recursos faltantes durante este año, pero el rechazo se ha mantenido.
"A nivel de Ministerio de Hacienda ya se ha hecho. La institución ha tomado la consciencia de esta decisión y ha hablado en la medida de lo posible. No obstante, por la diligencia que no se hizo por parte del Ministerio de Hacienda, no se puede ya girar este monto.
Por parte de la Asamblea Legislativa, siempre ha existido una anuencia por otorgar los recursos que corresponden para atacar la criminalidad", señaló Díaz.
La administración Chaves Robles mantiene su negativa a proveer recursos para aumentar el personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, aun cuando los fondos ya estaban aprobados.
El Ministerio de Hacienda notificó recientemente al Poder Judicial que no entregaría los recursos destinados a financiar nuevas plazas en 2025 y 2026, pese a que habían sido autorizados por la Asamblea Legislativa en el Presupuesto Ordinario del año en curso.
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios del Congreso confirmó que optarán por hacer tratar de incorporar nuevamente los recursos, esperando que la próxima administración que asume en mayo del 2026, sí haga la transferencia.
"Estaríamos optando por girarles o hacer nuevas mociones en el presupuesto 2026 para fortalecer el todo lo que tiene que ver con el OIJ y los cuerpos policiales. Vamos a seguir insistiendo con la esperanza que el próximo gobierno pueda invertir en estos recursos y fortalecer la seguridad nacional.
Este gobierno y que no ha querido y ha sido evidente que no ha hecho nada por la seguridad nacional", indicó la congresista.
Gran afectación
El fiscal general advirtió que la no transferencia de esos recursos afectará de manera directa a despachos con alta carga de trabajo, como los de crimen organizado, pero también a los que atienden delitos sexuales, violencia intrafamiliar, agresiones contra mujeres y otras causas vinculadas a violencia de género.
"En la Fiscalía podríamos decir que a nivel general estamos bastante ahogados, la falta de personal es bastante grande, una de ellas en el área de crimen organizado y narcotráfico.
Otra de las líneas donde tenemos bastante déficit es en los fiscales que realizan juicios y también los fiscales que atienden lo relativo a violencia contra las mujeres.
En estas líneas es donde mantenemos también mayores deficiencias, incluso para este año se nos habían dado recursos para atender el problema de la violencia contra las mujeres y por una decisión del Ministerio de Hacienda esos recursos que nos había dado la Asamblea Legislativa muy consciente de la problemática, no llegaron a la Fiscalía, entonces vamos a tener que continuar atacando el fenómeno delictivo contra una población vulnerable con escasez de recursos", explicó Díaz.
Las plazas solicitadas por el Ministerio Público estaban destinadas, en su mayoría, a reforzar fiscalías y despachos especializados en materia de género y delitos sexuales.
Desde abril y mayo, las autoridades judiciales habían advertido que el monto total requerido para cubrir la necesidad de personal no se había transferido, pese a que Hacienda había programado la entrega. Apenas unas pocas plazas fueron cubiertas con una parte de los fondos que sí desembolsó el Poder Ejecutivo.
En julio, la Corte Suprema de Justicia recibió la confirmación del entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Dirección de Presupuesto Nacional, de que no transferirían los recursos. Consultado por este medio en mayo, cuando ya se acumulaban retrasos, Acosta justificó la decisión:
"Ya se giraron ₡3.000 millones, pero el hecho de que esté en el presupuesto no significa que lo tenga que girar, y mientras no estén las condiciones no se girarán. Mientras no tenga Eurobonos no es posible", replicó ante el cuestionamiento de este medio.
En octubre de 2024, el Congreso redirigió más de ₡14.400 millones para reforzar instituciones clave en la lucha contra el crimen organizado, la violencia y los homicidios. De ese monto, ₡9.346 millones fueron asignados al Poder Judicial, específicamente para contratar 255 agentes del OIJ y unos 75 puestos en la Fiscalía.
Los únicos ₡3.000 millones girados en marzo respondieron a la presión pública y política que enfrentaba el Gobierno tras el homicidio del subjefe del OIJ en Guápiles, Geiner Zamora, asesinado por el crimen organizado.
Previamente, en diciembre de 2024, el director general del Presupuesto Nacional, José Luis Araya, había informado al Poder Judicial que no transferirían los recursos por orden del exministro Acosta, en abierta desobediencia a la disposición legislativa.
Uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de justicia en Costa Rica es la protección de las mujeres víctimas de violencia. Una muestra de ello es que únicamente el 14 % de las denuncias llega a juicio y, de esos casos, la mitad termina en sentencia absolutoria, según el Informe Estado de la Justicia 2025.
Entre 2019 y 2022, el Ministerio Público finalizó 18.486 expedientes relacionados con delitos prioritarios de violencia contra las mujeres. Solo en 14 de cada 100 casos se solicitó apertura a juicio.
Esa cifra corresponde a los delitos más graves, como femicidio, maltrato, tentativa de femicidio, tentativa de violación, violación, violación agravada, violación calificada y violación contra una mujer.
Ante la saturación, el Ministerio Público se había comprometido a fortalecer la atención de estos delitos, esfuerzo que ahora se ve debilitado ante la negativa del Gobierno de girar los ₡6.000 millones restantes ya presupuestados.
