Fiscalía pide más recursos para mitigar carga de trabajo, reducir incapacidades y hacer sustituciones
La Fiscalía requiere más recursos para sustituir al personal que se incapacita o sale de vacaciones a lo largo del año, con el fin de evitar que se repita lo ocurrido en 2024 y que aún persiste: la cancelación de cualquier sustitución por falta de presupuesto.
Tal como informó CR Hoy el pasado viernes, el Ministerio Público quedó sin posibilidad de realizar nombramientos de suplentes durante los últimos dos meses del año. Lo mismo ocurrió el año anterior.
En octubre de 2024 al igual que el año en curso, la entidad enfrentó retrasos en la cobertura de vacaciones e incapacidades por falta de presupuesto. El Poder Judicial gestionó modificaciones externas ante Hacienda, pero los fondos se liberaron tarde, retrasando los ajustes necesarios.
Aunque esos recursos son para el Ministerio Público, su administración está a cargo de la Dirección de Gestión Humana, que realiza proyecciones y ordenó algunos ajustes para evitar que el dinero se agotara. Sin embargo, las medidas resultaron insuficientes.
Para solventar la situación, lo ideal sería solicitar más recursos al Ministerio de Hacienda, pero eso requeriría la anuencia del Gobierno y la autorización de la Asamblea Legislativa.
Por ello, para el fiscal general, resulta casi imposible que esto se concrete a tiempo. Así lo detalló en entrevista con CR Hoy.
"De momento, lo que hemos hecho es acatar las medidas sugeridas por la Dirección de Gestión Humana; no las hemos cuestionado y hemos colaborado con ellos. Aun así, de alguna manera esto va a afectar el servicio público.
Por el tiempo, creo que será difícil conseguir un presupuesto extraordinario que permita inyectar más recursos a esta partida y cubrir incapacidades o vacaciones", dijo.
A esto se suma que, pese a contar con presupuesto para nuevas plazas debido al aumento de la criminalidad, el Poder Ejecutivo decidió no transferir los fondos, limitando el margen de acción de las fiscalías y poniendo en riesgo el cierre técnico de algunos despachos.
"La Asamblea Legislativa ha sido muy consciente de las necesidades del Ministerio Público, ha sido consciente de que la delincuencia ha aumentado, de que nuestro trabajo ha aumentado. También como aumentan por ejemplo la violencia el narcotráfico, los homicidios exponencialmente, así va a aumentar nuestro trabajo.
Antes cubríamos así 500 homicidios, ahora cubrimos 1000. Ahora cubrimos más organizaciones criminales, ustedes todas las semanas ven las las desarticulación de organizaciones criminales, esto significa más trabajo para el Ministerio Público. Nosotros atacamos más también corrupción, eso significa más trabajo para el Ministerio Público.
Los delitos también de carácter sexual han aumentado muchísimo y que fue esa precisamente la petición que hicimos a los señores diputados. Esto hace que requiramos más recursos, esa fue la petición específica que hicimos. La Asamblea dotó y lamentablemente el Ministerio de Hacienda nos limitó esos recursos", puntualizó.
El agotamiento de los recursos para suplencias se debe principalmente al aumento de incapacidades, derivado de la gran carga laboral del personal.
"Las incapacidades es una situación como he dicho, imprevisible, correlativo a la salud de las personas y al ser incapacitados y no tener sustitución, la carga de trabajo en los escritorios de estos fiscales va a seguir aumentando. Eso va a producir una una afectación definitiva", indicó.
Para Díaz, también es necesario que el Poder Judicial asigne internamente una mayor porción del presupuesto para suplencias, tras las lecciones de 2024 y 2025.
"A mí me parece incoherente que queriendo una mejor justicia o una mejoría en la atención de todos los casos estemos con limitaciones presupuestarias para sustituir personas que se incapacitan o que salen de vacaciones, va a traer como consecuencia una afectación al principio de justicia pronta y cumplida y sigamos de alguna manera siendo cuestionados", señaló Díaz.
Por segundo año consecutivo, el Ministerio Público no podrá realizar nombramientos de suplentes durante los últimos dos meses de 2025 debido a limitaciones presupuestarias. El Consejo Superior del Poder Judicial suspendió todas las suplencias desde el 17 de octubre, con excepciones por maternidad, embarazo y permisos de paternidad.
A esta problemática se suma que el gobierno de Rodrigo Chaves se niega a transferir cerca de ₡6.000 millones destinados a reforzar el Ministerio Público y el OIJ, pese a estar aprobados en el presupuesto de 2025.
La falta de plazas afecta investigaciones sobre corrupción, narcotráfico, crimen organizado y violencia de género. De los ₡9.346 millones presupuestados, solo se trasladó un tercio.
Una enmienda busca reasignar fondos en el 2026 a nuevas plazas, infraestructura y equipo para fortalecer la policía judicial y la Fiscalía.