Fiscalía realiza 9 allanamientos por caso Desyfin

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual confirmó que realiza 9 allanamientos para recopilar prueba como parte de la investigación del expediente 24-000074-621-PE, relacionado con el caso Desyfin.

A través de un comunicado de prensa, esa dependencia del Ministerio Público señaló que las diligencias se realizan en las oficinas centrales de Financiera Desyfin S.A. y en Arrendadora Grupo Financiero Desyfin, en dos oficinas de abogados y en cinco casas de habitación, todos los sitios ubicados en los sectores de Escazú y Santa Ana.

En esta causa de momento no se ha individualizado a personas imputadas.

El caso se investiga desde el 13 de agosto pasado, cuando se recibió una denuncia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a la que se sumó otra denuncia de la Interventoría de Financiera Desyfin, el 23 de setiembre anterior.

Entre los posibles delitos cometidos que se indagan está administración fraudulenta y reducción de la pena, este último previsto en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La prueba que se logre encontrar hoy será decomisada para que, posteriormente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) elabore un informe que presentará oportunamente a la fiscalía.

El pasado 9 de octubre el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó la resolución de la financiera privada Desyfin S.A., tras determinar su inviabilidad financiera.

Ese día, Laura Suárez, presidenta del Conassif explicó la decisión en una conferencia de prensa en la que también participaron la interventora Marianne Kött y Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef.

Suárez explicó que se acogió el informe de la Interventoría después de que se determinó lo siguiente:

• Ajustes en la información financiera y contable que, al 31 de agosto de 2024, totalizaron un monto de ¢17.015 millones. Entre los rubros ajustados destacan: estimaciones crediticias, reversión de gastos registrados como activos, pérdidas por venta de bienes, sobrevaloración de activos y provisiones de pago de impuestos.
• Pérdidas de la financiera por ¢21.968 millones a agosto de este año derivadas fundamentalmente de dichos ajustes.
• Pérdida de la totalidad del patrimonio de la financiera y un faltante de ¢6.704 millones, lo que representa una caída del -158% del patrimonio al 31 de agosto de 2024.
• Caída en la suficiencia patrimonial, que pasó de un 10,3% reportada en julio de 2024 a -10,7% a agosto de 2024.

La no aprobación por los accionistas de un plan de regularización de la entidad que debía abarcar tres pilares: 1) capitalización, 2) robustecimiento de la liquidez y 3) transformación del gobierno corporativo.

El 13 de agosto anterior, el Conassif acordó intervenir a la financiera privada, tras una recomendación hecha por la Sugef. Según el análisis hecho a la cartera crediticia de Desyfin hecho por la Superintendencia, se evidenciaron actuaciones contrarias a las disposiciones regulatorias vigentes y a las sanas prácticas.

Entre los hechos que ameritaron la intervención, destacan los siguientes:

• Incumplimiento de las normas de suficiencia patrimonial.
• Reducción del patrimonio por las pérdidas de la entidad como consecuencia del déficit en las estimaciones específicas requeridas para la cartera crediticia.
• Una administración que pone en riesgo la seguridad y solvencia de la entidad, debido a una débil gestión crediticia, inconsistencias en la información suministrada, una limitada labor de la Auditoría Interna y la obstaculización de las labores de supervisión.

Sobre los allanamientos Federico Campos, abogado penalista y defensor de la familia Lacayo afirmó que han existido "graves vicios de ilegalidad" en las causas que motivaron la intervención, así como violaciones al debido proceso por incumplir procedimientos que exige la normativa.

"Durante la intervención se dieron otra serie de anomalías en la valoración de negocios que son lícitos, erróneas reclasificación de créditos que han generado estimaciones indebidas. Todo lo cual ya se está impugnando por un equipo legal que hemos conformado en la vía penal, civil, administrativa y constitucional", indicó el abogado.

Campos agregó que "de manera injustificada, los interventores rechazaron propuestas de capitalización de la empresa que eran viables para salvar la misma. La SUGEF y CONASSIF han dañado irremediablemente el buen nombre y reputación de una empresa que ha sido manejada responsablemente por la familia Lacayo durante décadas".