Fiscalía tica espera pruebas que encuentre DEA en celular de Celso Gamboa para investigar sus socios
Fiscal general confirmó que el Ministerio Público mantiene coordinación activa con la agencia antidrogas de EE. UU. y que solicitarán los hallazgos del teléfono celular del exmagistrado
El Ministerio Público costarricense mantiene interés en los hallazgos que realice la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el celular del extraditable Celso Gamboa.
Por ello, valora solicitar a las autoridades estadounidenses que remitan cualquier evidencia encontrada, con el fin de desarrollar investigaciones en el país.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, confirmó a CR Hoy que, en el marco de la cooperación vigente con la agencia antidrogas estadounidense, esperan que ese órgano facilite información en caso de encontrar evidencias sobre actos criminales cometidos en suelo nacional.
"Hemos trabajado de forma conjunta y muy de la mano con la DEA. Incluso nosotros le hemos solicitado la colaboración con algunos objetivos de persecución y estamos siempre anuentes a compartir información.
Ese compartir información va tanto de nosotros a ellos, como de ellos a nosotros y por eso esperamos a futuro que si hay alguna prueba que se relacione alguna actividad delictiva en algún medio de prueba que ellos tengan en su poder, la DEA la traslade también", manifestó Díaz.
El fiscal señaló que el intercambio de información ha sido recíproco y es más bien lo esperado, como suele ocurrir con organismos policiales de otros países.
Las autoridades nacionales y estadounidenses esperan encontrar evidencias relevantes contra los socios de Celso Gamboa al revisar su dispositivo móvil, lo cual permitiría investigar y proceder contra todos aquellos que hayan mantenido vínculos criminales con el exmagistrado.
El también exministro se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos a solicitud de esa agencia, por los delitos de conspiración y tráfico internacional de drogas.
"Es para el mejor interés de todas las personas que están en comunicaciones en el teléfono del señor Celso Gamboa que se comuniquen con la DEA, aquí en las oficinas centrales, lo más pronto posible", aseveró el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien transmitió el mensaje a petición de la DEA, días atrás.
La agencia antidrogas de EE. UU. proyecta acciones legales y policiales contra posibles socios o aliados de Gamboa con base en la revisión que realicen sus investigadores a los archivos, contactos y comunicaciones almacenadas en su celular, el cual permanece bajo custodia desde el día de su captura.
La DEA ha indicado que emitirá warrants conforme a lo que encuentre en ese dispositivo. Aunque en inglés el término puede tener varios significados, en esencia se refiere a una orden judicial emitida por un juez o magistrado estadounidense que autoriza a la policía a actuar.
Estas órdenes pueden abarcar desde allanamientos y registros hasta detenciones o capturas internacionales. Es decir, si la DEA detecta a alguna persona conspirando o colaborando con Gamboa en actos ilegales, actuará en consecuencia.
"En dos ocasiones la DEA, la semana pasada y esta, me indicaron que ellos eventualmente cuando abran ese teléfono celular, van a abrir cargos contra las personas que encuentren ahí en una comunicación delictiva.
Me indicaron que sería en el mejor interés de esas personas que saben que tienen esa comunicación y que efectivamente la DEA va a abrir ese teléfono celular, que se comuniquen con ellos mejor para negociar algo antes de que ellos emitan estas órdenes, porque una vez que emitan esos 'warrants' que llaman en inglés, pues ya difícilmente se va a poder mejorar algún tipo de beneficio", recalcó Zúñiga.
En cuestión de hora y media tras la detención de Gamboa, la DEA ya tenía en su poder el teléfono celular del exministro, a quien perfila como un aparente líder criminal en Latinoamérica.
El OIJ confiscó el aparato la noche del lunes 23 de junio, en el momento de su captura, como parte del proceso de extradición solicitado por el Tribunal del Distrito Este de Texas, con sede en Dallas. El dispositivo fue entregado de inmediato a la agencia estadounidense.
Gamboa y dos de sus presuntos cómplices enfrentan una acusación penal por dos cargos: conspiración para traficar y distribución internacional de cocaína.
Actualmente, el exjerarca permanece recluido en el módulo de máxima seguridad del centro penitenciario La Reforma, donde cumple dos meses de prisión preventiva mientras se resuelve la solicitud de extradición presentada por la DEA ante la justicia costarricense.
El caso forma parte de una investigación internacional conjunta entre el OIJ y la DEA. La acusación lo señala como presunto cabecilla de una red de narcotráfico con ramificaciones en Colombia, Panamá, Honduras, México y Estados Unidos.
Se le atribuye el rol de coordinador del Cártel del Golfo, de origen mexicano. También se le vincula con el Clan del Golfo, de Colombia, y con el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína a Costa Rica, supuestamente con colaboración desde el propio Gobierno, para luego enviarlos hacia Centro y Norteamérica.
Además, fue detenido su presunto cómplice, excliente y coimputado Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, exconvicto por narcotráfico y originario del Caribe Sur, así como el empresario Jonathan Álvarez Alfaro, procesado también por legitimación de capitales en Costa Rica.
Tal como reveló CR Hoy en primicia, Gamboa aseguró en setiembre del 2023 a dos de sus socios criminales —quienes en realidad eran informantes confidenciales de la DEA— que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles le concedía acceso para introducir cocaína al país.
El informe de extradición elaborado por la DEA no detalla los nombres de los funcionarios costarricenses que habrían colaborado con Celso Gamboa. Sin embargo, como reveló este medio, al menos un ministro y un asesor presidencial mantuvieron una relación directa con él.
Uno de ellos es Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia, quien se ha negado a confirmar qué tipo de comunicaciones sostuvo con el extraditable mientras estaba en funciones.
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