Fiscalía y OIJ cuestionan decisión de Hacienda de retener recursos para nuevas plazas
Carlo Díaz, fiscal general de la República, y Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial. (Captura de pantalla).
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, cuestionaron este martes la decisión del Ministerio de Hacienda de retener recursos aprobados por el Congreso para la creación de nuevas plazas para ambas instituciones durante 2025 y 2026.
Así lo manifestaron durante una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, órgano del Congreso que estudia el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el próximo año.
Ambos acompañaron al presidente del Poder Judicial, el magistrado Orlando Aguirre, en la defensa del presupuesto del Poder Judicial para 2026 ante los legisladores.
Díaz señaló que, pese a la aprobación legislativa de los recursos para la creación de 75 plazas destinadas a fortalecer la lucha contra la violencia de género, Hacienda solo asignó contenido presupuestario para 22.
"En este caso fue una decisión del Ministerio de Hacienda que no entendemos, puesto que la violencia de género se incrementa día a día. Prácticamente tenemos un femicidio cada nueve días. Es necesaria la creación de estas plazas, pero ahora los recursos no nos los entregan", declaró.
El fiscal general agregó que el Ministerio Público requiere 134 plazas de fiscales, además de una cantidad similar de personal técnico.
Por su parte, Zúñiga advirtió que la limitación presupuestaria impuesta por Hacienda al OIJ y a la Fiscalía ocurre en momentos de una escalada de violencia en el país.
"La lucha contra la criminalidad no se va a ganar con discursos, no se va a ganar con una pugna entre poderes. Se va a ganar con una unión nacional, y con que los cuerpos judiciales de investigación tengan los recursos para revertir esto. Nada vamos a lograr con discursos llenos de populismo y odio", afirmó.
El director del OIJ subrayó la necesidad de que se restituyan las plazas cuyo financiamiento ya había sido aprobado por la Asamblea Legislativa.
El 16 de octubre de 2024, los diputados aprobaron tomar recursos del pago de intereses de la deuda pública, incorporados en el presupuesto de 2025, y destinar ¢14.408 millones para el fortalecimiento de los cuerpos policiales y judiciales.
De ese monto, ¢9.346 millones correspondían al Ministerio Público para la asignación de 75 nuevos puestos, y al OIJ para contratar 255 funcionarios.
Sin embargo, Hacienda congeló los recursos.