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Frente Amplio aún no tiene criterio sobre levantar inmunidad a Chaves

Por Gustavo Martínez | 22 de Ago. 2025 | 4:14 pm

La jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, confirmó este viernes, que aún no tiene definido el criterio sobre si votará a favor o no de levantar el fuero de improcedibilidad o inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Alfaro forma parte de la Comisión Especial que analiza el levantamiento de la inmunidad y que recibió en audiencia, esta mañana, a Chaves para que rindiera sus alegatos en la acusación por concusión presentada por la fiscalía general en el caso BCIE-Cariñitos.

"Una cosa es el parecer en carácter de ciudadano que podamos tener sobre el uso de recursos y la manera en la que el presidente se ha manejado en diferentes temas y otra cosa es la misión que se le da a esta comisión. Todavía no le puedo decir si hay mérito, completo, nos falta una audiencia y nos falta hacer una valoración que todo lo que se ha planteado, porque tiene mucho detalle", expresó.

"No he querido hacer una opinión definitiva, hemos ido revisando el expediente en todas sus partes. Es abundante. Lo que creo es que, más que un cambio de opinión, tengo elementos suficientes para tratar de ofrecerle a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía una opinión más formada, fundamentada", añadió.

Audiencia histórica

La mañana de este viernes, en una audiencia histórica, el presidente Rodrigo Chaves rindió su descargo en relación con la denuncia presentada ante la Fiscalía General por el productor Christian Bulgarelli, quien lo señaló por presuntas irregularidades en la asignación de recursos del BCIE al asesor Federico Cruz (Choreco).

Durante su intervención, Chaves se desligó de los hechos que se le atribuyen y aseguró que el caso es un "montaje político descarado", dirigido en su contra. Además, arremetió contra los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que recomendaron a la Asamblea Legislativa el retiro de su inmunidad presidencial.

Fiscalía defiende acusación

El pasado 8 de agosto, la comisión legislativa que analiza el caso recibió en audiencia al fiscal general, Carlo Díaz, quien afirmó que sí existen elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación. Entre ellos, mencionó audios, testimonios y documentos que vincularían a Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

¿Qué sigo en la Comisión?

La Comisión Especial dispone de un plazo de 20 días —con una única prórroga posible— para presentar al Plenario un informe con recomendación sobre si debe levantarse o no la inmunidad presidencial.

Los diputados del foro confirmaron que entregarán el informe con la recomendación el 28 de agosto y que no solicitarán una prórroga.

Posteriormente, el informe pasa a Plenario para conocimiento de los diputados y su votación, 8 días después de remitido el documento.

Chaves podrá estar presente el día que se lea el informe en el Plenario y, posterior, si así lo desea, tiene la posibilidad de defensa por 30 minutos.

Luego, los diputados debate sobre si procede o no el levantamiento de la inmunidad. Para que se apruebe el retiro del fuero, se requiere una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.

¿Qué se investiga?

La Fiscalía General presentó la acusación correspondiente al expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la contratación, aparentemente a la medida, de la empresa RMC La Productora S. A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, durante el período 2022-2026.

En la documentación se señala al presidente de la República, Chaves Robles, y exjefe de su despacho Rodríguez Vives, como responsables de la comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.

Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años "al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial".

Según la acusación, el contrato con el BCIE, con el que financiaron gastos de imagen en Casa Presidencial, benefició a la empresa del productor Bulgarelli, quien realizó una consultoría de comunicación entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de $400 mil.

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