Fuertes críticas a ley que daría luz verde a municipios para incumplir regla fiscal y comprar fuera de Sicop

(CRHoy.com) Un proyecto de ley convocado por el Poder Ejecutivo este martes para su discusión en el Congreso impulsa una moratoria de hasta nueve meses en el pago de impuestos municipales, patentes y otros cobros a los ciudadanos y comercios durante la emergencia del COVID-19; pero además incluye dos artículos que han generado fuertes críticas -incluso de la Contraloría- por dar permisos especiales a las municipalidades para gastar y comprar sin controles externos.

Se trata del proyecto de ley 21.922 "Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19" impulsado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI).

Los primeros 11 artículos del proyecto están enfocados en "reforzar la gestión financiera de las municipalidades" e incluyen concesiones a los gobiernos locales que no se relacionan directamente con la situación generada por la emergencia nacional.

La primera está incluída en el artículo 10 del proyecto, que otorga un permiso especial para que durante el periodo de emergencia, las municipalidades puedan realizar compras con fondos públicos sin necesidad de pasar por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

El segundo permiso está incluído en el artículo 11 que incluye a las municipalidades, consejos municipales y comités cantonales de deportes dentro de las excepciones de ley para no cumplir con la regla fiscal de contención de gasto público instaurada en la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas.

Las 81 municipalidades del país (82 a partir de mayo) en su conjunto controlan un presupuesto cercano a los ¢600.000 millones al año; aproximadamente un 18% lo aporta el Gobierno Central con transferencias de capital y el resto se financia con dinero que pagan los contribuyentes.

Para el economista Eli Feinzaig, en ambas iniciativas se está aprovechando la emergencia para evadir controles de ley para todas las instituciones públicas, principalmente para aquellas que se financian con recursos aportados por los contribuyentes vía impuestos.

"No usar el Sicop se presta para todo tipo de cochinadas, de gastos espurios que se quieren esconder. ¿Qué sentido tiene exonerar a las municipalidades de publicar sus contrataciones en el Sicop? El sistema no atrasa las licitaciones, hay algunas que salen hoy y tienen plazos que van desde las 24 horas hasta 3 días, es decir el Sicop no atrasa licitaciones, lo que hace es transparentarlas; al contrario, al no tener que hacer procesos de papel, se logran más rápido. Solo cuando usted quiere teledirigir una contratación y que el mundo no se entere, le conviene más hacerlo sin Sicop".

Por su parte las municipalidades justifican en el proyecto de ley que la intención es "lograr una respuesta oportuna e inmediata de las necesidades de las comunidades ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19".

Para Feinzaig, otro cambio preocupante es el que pretende liberar a los municipios del cumplimiento de la regla fiscal, ya que abre la llave para un gasto sin control, principalmente en la creación de más burocracia.

"Este es el plan escudo del 2020, en el 2008 llenaron a la CCSS de funcionarios y ahora aquí están abriendo un portillo para llenar municipalidades de funcionarios porque los artículos 4 y 5 le permiten a las municipalidades no solo sobrepasar los límites que le establecen las leyes en cuanto a gastos administrativos -lo cual no tiene ningún sentido frente a una emergencia- porque para combatir una pandemia no se necesita más burocracia y se les autoriza contratar personal, y todos sabemos que en el sector público no hay plazas temporales… se aprovecha la coyuntura para levantar la regla fiscal, no tiene por qué ser aprobada, no hay que crearle excepciones a la regla".  concluyó Feinzaig.

Por su parte, la Unión Nacional de Gobiernos lLocales defendió el proyecto de ley y asegura que es un trabajo conformado por los órganos municipales. Karen Porras, de la UNGL, indicó a CRHoy.com que la iniciativa es apoyada por más de 40 diputados de 7 fracciones legislativas y que lo que busca es un mayor ámbito de acción ante la emergencia.

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La vocera de la UNGL justificó la excepción de no obligarlos a utilizar Sicop. "…Se tienen que agilizar los trámites en este momento de emergencia, las municipalidades atendemos y coordinamos temas de suma relevancia en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo en este momento, en ocasiones el Sicop nos impone más burocracia y alguna complejidad a la hora de hacer contrataciones, esta medida además podría dinamizar la economía en los cantones que hoy es tan necesaria, el artículo 10 de la propuesta lo que busca es agilizar procesos de contratación durante el plazo de declaración de la emergencia", indicó Porras.

Reacciones políticas

El diputado Gustavo Viales rechazó que la iniciativa de ley provenga del Partido Liberación Nacional (PLN) exclusivamente, que controla la mayoría de alcaldías pero aseguró que apoyan la moratoria a los contribuyentes y la flexibilización de la regla fiscal.

"A mí me parece que la regla fiscal para las municipalidades debe construirse en conjunto con pronunciamientos de la Contraloría. Había un proyecto que tenía un avance en eso, lo que queremos es construirle una condición distinta porque la que hay actualmente no refleja la intención del legislador (…) es dañino y va en contra de los recursos que pueden liberar genuinamente las municipalidades para la atención de la emergencia, la contratación de policías municipales,  la contratación de personal para limpieza de vías y seguir dando el servicio", indicó.

Sobre el artículo que exime a los municipios del uso de Sicop dijo que "uno entiende la necesidad de agilizar temas, pero sobre todo debe de aplicarse la transparencia, es una medida que construyeron las municipalidades pero para este diputado será importante lo que indique la Contraloría".

La diputada Zoila Rosa Volio indicó que no ha tenido el tiempo para analizar a fondo el proyecto, pero que está dispuesta a impulsar todo lo que se traduzca en beneficio para el ciudadano. "Yo lo que no voy a aceptar es que se aproveche la emergencia para hacer cambios estructurales y al quitar a las municipalidades de la regla fiscal se está haciendo un cambio estructural usando como excusa la pandemia, hay que ser muy cuidadosos de que no se nos vayan artículos abusivos en este contexto de trabajar rápido, aprobar proyectos donde estamos trabajando a distancia y casi sin asesores. Además quitar al Sicop del medio en este momento no tiene justificación, estoy completamente opuesta", dijo la diputada.

Sicop avalado por Contraloría

Desde 2019 la Contraloría General de la República(CGR) destacó los logros que ha obtenido el país con el Sistema de Compras Públicas, lo cataloga como un acierto para el país porque evidencia la generación de ahorros en las instituciones públicas.

Un estudio realizado entre 2014 y 2019, determinó que con Sicop los plazos -en promedio- entre la fecha de invitación a concurso público y la fecha de adjudicación se redujeron, si se comparan con las operaciones realizadas bajo otros sistemas.

La Contralora explicó que el sistema estandariza los procesos, reduce la vulnerabilidad, aumenta la transparencia en la toma de decisiones y costos, permite los análisis comparativos de las compras en las instituciones e incorpora tecnologías digitales.

En un pronunciamiento emitido este miércoles por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, la CGR se opone a la no utilización del Sicop.
"No encuentra fundamento con la exposición de motivos propuesta, ya que no explica cómo la situación actual amerita excluir a las Municipalidades de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa (LCA)7 y su Reglamento (RLCA), para realizar su aprovisionamiento de bienes y servicios (…) la flexibilización absoluta de los mecanismos de compra tal cual se pretende en la propuesta del proyecto de ley, no es viable, sino que se debe hacer en los términos exclusivos que defina el Poder Ejecutivo para atender la emergencia concreta", indicó el documento en las paginas 7 y 8.

Sobre la no aplicación de la regla fiscal, la Contraloría también expresó oposición. "Una exclusión definitiva de los Gobiernos Locales de la aplicación de la regla fiscal, sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios, podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo, sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objetivo de esta propuesta"

La Contraloría concluyó que en lugar de un aumento en el gasto, se esperaría que los gastos corrientes de diversas partidas, previstos en los presupuestos del 2020 ya no sean necesarios, por ejemplo aquellos asociados a la realización o participación en actividades a lo interno y externo del país y a la utilización de la modalidad de teletrabajo; lo que permitiría un espacio para el ahorro o la redirección de recursos hacia gastos prioritarios en la situación actual.