Funcionarios del AyA y del Sinart presentan recurso contra sanción de Contraloría
Sindicato del AyA adelantó que suspensión temporal del cargo salpica a 3 jerarcas
Edificio central del AyA. Imagen con fines ilustrativos/Archivo CRH
La División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que 8 funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) presentaron un recurso contra la sanción impuesta por irregularidades administrativas en una contratación de servicios publicitarios.
El caso versa sobre el expediente CGR-PA-2024004867 y el ente contralor investigó la participación de los funcionarios en una contratación irregular, en el principio por la aplicación ilegítima de la excepción de la contratación desarrollada entre sí por entes de derecho público.
¿Quiénes son los funcionarios investigados en el caso?:
- Alejandra Mora Rojas, miembro de la junta directiva del AyA.
- Beverly Hernández Castro, miembro de la junta directiva del AyA.
- Gerardo Morera Rojas, miembro de la junta directiva del AyA.
- Krissia Coto Morales, miembro de la junta directiva del AyA.
- María Fernanda Jiménez Morales, miembro de junta directiva del AyA.
- Alejandro Guillén Guardia, presidente ejecutivo del AyA (2023-2024).
- Allan Trigueros Vega, presidente ejecutivo del Sinart (2022-2023).
- Fernando Sandí Chacón, presidente ejecutivo del Sinart (2023-2025).
El Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa) emitió un comunicado de prensa el 15 de mayo, en el cual señalaron que la sanción impuesta por la CGR implica la suspensión temporal del cargo para 3 miembros de la junta directiva actual: Morera Rojas, Mora Rojas y Coto Morales.
Pese a esto, la CGR no confirmó el tipo de sanción impuesta y en el sitio web institucional el expediente del caso tiene restringido el acceso.
"Todas las partes investigadas presentaron los respectivos recursos contra el acto final. No podemos referirnos a dichos recursos mientras se encuentren en estudio", indicó este miércoles la División Jurídica de la CGR.
El caso está vinculado con la contratación por parte del AyA de servicios publicitarios al Sinart, por un monto superior a ₡2.300 millones.
El acuerdo permitió colocar publicidad institucional del AyA y realizar producción audiovisual durante un plazo de 4 años.
La colocación de pauta incluyó un estudio de mercado sustentado en una tabla de seis líneas, con precios ofrecidos por Sinart, comparados con los de 2 empresas privadas, además del valor promedio extraído del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), sin especificar los términos del contrato.
En cuanto a la producción audiovisual, se valoró únicamente una empresa privada y un precio promedio calculado por la Dirección de Comunicación, basado en datos del Sicop. El análisis no detalló el tipo de servicio ni si la cotización correspondía a un spot televisivo o a una cuña radial.
En enero de 2023, la Dirección Jurídica del AyA recomendó declarar el concurso como "desierto"; sin embargo, una semana después cambió su posición tras considerar criterios de "eficacia y eficiencia".
La contratación se vio frenada meses después, cuando el Sinart informó al AyA un problema de recursos para continuar con el proceso. A ese momento solo se habían entregado 2 campañas informativas. En 2023 se les indicó que el Sinart no tenía más recursos y solo se pudieron entregar 2 campañas.
El AyA abrió entonces un proceso administrativo sancionatorio al Sinart. En total solo se ejecutaron ₡157 millones para esa primera campaña.
