Gilbert Jiménez dice que solo fue a restaurante de allegado de Celso Gamboa por “piña colada sin licor”

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso le exigió explicaciones al diputado Gilberth Jiménez Siles, quien preside ese órgano legislativo, debido a un encuentro que sostuvo el pasado viernes con la pareja de un abogado muy cercano a Celso Gamboa Sánchez, el exministro en proceso de extradición a Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.

El medio de comunicación Portavoz dio a conocer que Jiménez se reunió con una mujer que mantiene una relación sentimental con el abogado Agustín Corrales Chavarría, socio de Celso Gamboa y mencionado en expedientes penales por narcotráfico.

La conversación entre el diputado y la mujer ocurrió dentro del restaurante Hacienda Salitrillos, en Aserrí, propiedad precisamente del abogado Corrales.

Luego de aprobar una moción para pedir explicaciones, el congresista independiente empezó a rendir un informe en el cual señaló que únicamente acudió al establecimiento tras una gira por Desamparados, a almorzar un plato surtido y una piña colada sin alcohol, y luego conversó con la mujer sobre asuntos personales.

"Teníamos programado más o menos a la 1:45 p.m. llevar a cabo el almuerzo con los dos compañeros (asesores). Me dirigí a Hacienda Salitrillos donde fuimos a almorzar. Ahí lo que almorzamos, todos tomamos refrescos, fue en mi caso una guanábana y una piña colada sin licor, hago la aclaración. 

Pedimos un plato surtido, eso fue lo que almorzamos. Hablamos sobre el tema de la gira que habíamos hecho, vimos las fotos que teníamos para poder hacer una publicación en Facebook que se hizo terminando de almorzar. 

Al terminar de almorzar casi, llegó una muchacha que se llama Carolina que ella era la esposa de don Felipe Morales, el cual somos desamparadeños, conocidos de don Álvaro Morales y de toda la familia. Conocía a los hijos de ella, los gemelos.

En ese momento, yo me pongo de pie para saludarla, le pregunto que cómo está, qué ha hecho y cómo están sus hijos. Me pidió que le permitiera un momentito, entonces yo le di un momento.

Conversamos, me dijo que un hijo vivía con ella y el otro con el papá, yo le dije que pusiéramos todo en manos de Dios, que nos acompañe y nos ayude, que todo salga muy bien. 

Además de eso le comenté que ya había renunciado al Partido Liberación Nacional, que habíamos hecho esta gira, y que habíamos planificado pasar por acá a almorzar, que una compañera tuvo la iniciativa de pasar a Hacienda Salitrillos porque dijo que qué rico comer chicharrones.

Eso fue lo que hablé con ella nada más, los compañeros son fieles testigos de lo que hicimos en esa gira. Después de ahí nos venimos", aseguró el congresista.

Jiménez afirmó que, además de ir a ese establecimiento, pasó a una cafetería, donde también se sentó a conversar con otras personas.

Agregó que no sabía que el abogado Corrales figuraba en una investigación penal, ni su pareja, con quien solo sostuvo una "pequeña conversación". Insistió en que no tiene relación, vínculo ni intereses con ninguno de los dos, y que únicamente se saluda con ellos cuando acude a ese restaurante.

El exliberacionista aseguró que se enteró posteriormente de que la mujer es socia del restaurante donde pagó en efectivo una cifra cercana a los ₡30 mil. Corrales, dijo, es presidente de la sociedad, aunque afirmó no conocerlo en mayor profundidad.

Otros diputados externaron preocupación por la situación. Una de ellas fue Priscilla Vindas, del Frente Amplio, quien cuestionó el encuentro y solicitó a Jiménez hacerse a un lado de la Presidencia de la Comisión, mientras se aclara la situación.

"Genera muchas dudas. Yo perfectamente puedo entender que alguien conocido llega a una mesa y simplemente se intercambian saludos, lo que yo creo que aquí genera recelo es el hecho que se hayan apartado a una mesa, no sé si es una coincidencia desafortunada. 

Por el perfil de la persona involucrada genera preocupación y es de conocimiento público que el Ministerio Público solicitó una investigación.

Me surge la duda que es una persona que le tiene tanta confianza y es tan cercana, que le indicó que se había separado, es alguien que confía íntimamente", indicó la frenteamplista.

Su excompañera de bancada, Dinorah Barquero, también cuestionó a Jiménez.

"Yo siento una serie de inconsistencias en las respuestas. Para ir a hablar con una persona de cómo están sus hijos, no hay que irse a sentar aparte. Quedan varias inconsistencias en el aire", manifestó.

La única en defender la postura de Jiménez, fue la oficialista Pilar Cisneros quien además atacó a los medios de comunicación.

"¿Esta señora está ligada con el narcotráfico? ¿Es un personaje del narcotráfico o está probado que tiene algo que ver con el narcotráfico?", manifestó la diputada chavista.

Investigación

La Fiscalía General solicitó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciar una investigación sobre el diputado Gilberth Jiménez Siles, por el contacto días atrás con la pareja del abogado cercano a Celso Gamboa.

Carlo Díaz, fiscal general, giró la instrucción para comenzar las indagaciones contra el legislador, quien actualmente preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a CR Hoy la apertura de la investigación.

Agustín Corrales Chavarría es un abogado que, según sus propias redes sociales, fue socio del bufete Celso Gamboa & Asociados, propiedad del extraditable. Una publicación en su perfil de Instagram, del 15 de mayo de 2019, muestra una tarjeta de presentación con su nombre, datos de contacto y el sello del bufete.

Tal como reveló este medio el pasado 6 de julio, Celso Gamboa regaló un lujoso vehículo a Corrales: un Mercedes-Benz GLE, año 2017, placa FCR-700, valorado en $85.000 (unos ₡43 millones). El exmagistrado registró el traspaso del vehículo como una "donación" en setiembre de 2020.

Corrales también es mencionado en el expediente del caso narco Turesky como asesor de la organización criminal que exportaba droga a Europa, debido a sus conocimientos en Derecho.

Según la investigación conducida por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), esta sofisticada estructura criminal —con conexiones en Europa y América Latina— exportaba cocaína entre 2018 y 2021, oculta en contenedores con cargas como fruta y otros productos, a través del puerto de APM Terminals, en Moín.

El cabecilla de la red era Alejandro Antonio James Wilson, conocido como Turesky. Ese mismo vehículo regalado por Gamboa a Corrales, fue utilizado por James para recoger a un prófugo internacional, Mitev Svetoslav Semov, en el aeropuerto y llevarlo a Limón, y luego al hotel Sheraton, en Escazú, entre el 17 y el 18 de mayo de 2019.

Según el Registro Nacional, el vehículo de alta gama continúa a nombre de Corrales, pero tiene un gravamen judicial relacionado con otro caso de narcotráfico y legitimación de capitales, denominado caso Piazza (expediente 21-000161-0053-PE).

Ese otro caso está vinculado con el clan de los hermanos Estupiñán Montano, liderado por Mario y Jair, alias Pecueca, quienes figuran como presuntos cabecillas de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Se trata de los mismos colombianos nacionalizados costarricenses que han sido ligados al trasiego internacional de cocaína y que son defendidos por Gamboa Sánchez en dicho proceso judicial.

El extraditable incluso se hizo acompañar de ellos a una reunión en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), en la que solicitaron al entonces jerarca, Jorge Torres Carrillo, que la policía dejara de seguirlos, a cambio de brindar información sobre el paradero de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, considerado el criminal más buscado del país.

Torres aseguró que se negó al intercambio de favores y que incluso los invitó a salir de su oficina cuando uno de los Estupiñán insinuó una amenaza al mencionar a un familiar muy cercano suyo.

Las autoridades estadounidenses vinculan a Gamboa con organizaciones como el Cártel del Golfo, el Clan del Golfo colombiano y el Cártel de Sinaloa. La Administración de Control de Drogas (DEA) lo señala como facilitador del tráfico de cocaína, con presuntas facilidades del Gobierno para mover su producto.