Gobierno desiste de hacer tercera colocación de eurobonos este año

El Poder Ejecutivo impulsa una reforma legal que presentó recientemente a la Asamblea Legislativa para aplazar por un año la tercera colocación de eurobonos por $1.000 millones que está prevista para 2024.

Con esta propuesta, el Gobierno desiste de realizar este año la tercera emisión de títulos valores en el mercado internacional, tras la imposibilidad de cumplir con un requisito legal y cuestionamientos de economistas y diputados sobre si esa colocación se justifica o no.

El planteamiento está incluido en un proyecto para modificar la Ley de autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional que aprobó el Congreso el 29 de noviembre de 2022.

Los diputados autorizaron ese año al Ejecutivo a colocar un total de $5.000 millones de eurobonos para sustituir colocaciones de deuda bonificada interna incluida en el presupuesto nacional por deuda externa y/o cancelar vencimientos de deuda.

Según el Gobierno, el propósito fue mejorar las condiciones en términos de plazos y tasa de interés efectiva, en comparación con las condiciones con las que se obtendrían esos recursos en el mercado local.

Del total de $5.000 millones autorizados, el año pasado se hicieron dos colocaciones por $1.500 millones cada una. La tercera, por $1.000 millones, está prevista para este año y la última, por otros $1.000 millones, para 2025.

¿Por qué?

Según la iniciativa de ley, que se tramita bajo el expediente 24.462, se plantea reformar los incisos c y d del artículo 2 de la Ley de autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional, con el fin de atrasar la tercer emisión de eurobonos y hacerla a más tardar en 2025, así como la cuarta y última colocación, también por $.1000 millones, y realizarla en 2026.

La razón de efectuar esos cambios, de acuerdo con lo planteado en el texto, es que la ley condicionó las últimas dos colocaciones de bonos al cumplimiento de acciones para el fortalecimiento de la gestión tributaria, algunas de las cuales aún está debiendo el Gobierno.

En el caso de la emisión para este año, el Ministerio de Hacienda debe presentar un informe sobre la implementación de escáneres en el puesto fronterizo de Paso Canoas y en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) a la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. De lo contrario, no se autorizará.

Sin embargo, ese requisito solo se podrá cumplir si la Asamblea Legislativa aprueba una modificación a esa norma porque el Gobierno optó por instalar, por ahora, escáneres únicamente en Japdeva y Puerto Caldera, tras acoger una recomendación hecha por la embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

En razón de lo expuesto, siendo que el Gobierno de los Estados Unidos inicialmente estaría donando dos escáneres y que por la amenaza del tráfico de estupefacientes se estarían instalando en Puerto Japdeva y Puerto Caldera, se propone modificar el artículo 12 bis de la Ley N°10332 para que la tercera emisión se realice en el 2025 y esté condicionada al plan de implementación de escáneres en el puesto fronterizo de Japdeva y Caldera, y que la cuarta emisión se lleve a cabo en el 2026, una vez que se conozca el plan de implementación de los escáneres en los puestos fronterizos de Paso Canoas y Peñas Blancas.

El Gobierno reconoce que la reforma legal obedece a que durante 2024 no se instalarán los escáneres en Paso Canoas y Japdeva.

Dudas

El Ejecutivo presentó la propuesta al Congreso en momentos en que economistas y diputados dudan de la necesidad de más colocaciones de títulos valores en el mercado internacional.

Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), sostuvo que no se justifica hacer las dos colocaciones pendientes de eurobonos, si no existe congruencia entre la política fiscal y la política monetaria.

El economista explicó que con la emisión de los primeros $3.000 millones de bonos en el mercado internacional el año pasado, el Ministerio de Hacienda esperaba una reducción en el pago de intereses. Pero esa disminución no ha ocurrido.

“El Banco Central de Costa Rica (BCCR), a pesar de que pudo bajar todavía más la tasa de interés en colones, no lo hizo. Aunque podía hacerlo. El Banco Central se paró en la escoba para que con esto no ocurriera una reducción fuerte de tasas de interés. Lo que ocurrió fue acumulación de reservas no esperadas en el BCCR. En conclusión, no tiene sentido hacer las dos colocaciones de bonos pendientes, cada una de $1.000 millones, si no hay congruencia entre la política fiscal y la política monetaria. Solo haríamos un mal negocio: endeudarnos caro, para luego ir a invertir reservas a unas tasas de interés más bajas”, amplió Jiménez.

Daniel Ortiz, economista de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa) también mencionó que debería existir “cierta coordinación” entre la política fiscal que impulsa Hacienda y la política monetaria del BCCR.

“Primero ha sido un factor que influyó de alguna manera en la caída del tipo de cambio. También ha hecho que el riesgo cambiario que tenían las finanzas públicas se haya incrementado. Hoy la deuda no se ve tan alta porque el tipo de cambio ha bajado en una magnitud muy fuerte”, comentó.

Sostuvo que con la emisión de bonos por $3.000 millones en el mercado internacional “no sucedió lo que se esperaba, que era cambiar deuda cara por deuda barata. La última emisión de eurobonos se hizo a un plazo largo y una tasa elevada. Sin duda, esto tendrá repercusiones a futuro”.

“La colocación de más eurobonos va a seguir teniendo efectos a lo interno. Pondrá un límite para que el tipo de cambio se incremente. También puede influir en las expectativas de los agentes, quienes seguirán percibiendo que la oferta de dólares continuará alta”, agregó.

Aunque reconoció que hay necesidades de emitir deuda, aseguró que pareciera que no en la magnitud que autorizaron los diputados y que hay espacio para posponer las últimas dos colocaciones, en particular porque ni siquiera han terminado de utilizar todos los recursos de la primera emisión por $1.500 millones.

Ortiz dijo que haber autorizado $5.000 millones en eurobonos “fue tal vez muy generoso de los diputados” y mencionó que haber adquirido tanta deuda en moneda extranjera ha tenido repercusiones a lo interno.

Diputadas como Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), también han expresado dudas sobre la necesidad de más colocaciones de bonos, entre ellas que el Gobierno rechazó recientemente el crédito por $400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a pesar de que se negoció con condiciones financieras muy cómodas.

También indicaron que necesitan datos para determinar si se ha logrado cambiar deuda cara por deuda barata y sobre el ahorro real que se logró con las dos primeras emisiones en 2023.