Gobierno estudia ampliar concesión a taxistas que se pasen a carros eléctricos
Ejecutivo también buscaría financiamiento para ayudar a transportistas con plan
Al igual que se plantea con el sector autobusero, el Consejo de Transporte Público (CTP) estudia la posibilidad de ampliar los plazos de concesión de los taxistas formales en caso de que los operadores adquieran vehículos que funcionan a base de energías limpias (como los carros eléctricos).
También, desde el Poder Ejecutivo, analizan posibilidades para acceder a fuentes de financiamiento para obtener automotores de nuevas tecnologías.
El tema fue discutido en la sesión 55-2023 de la junta directiva de esa entidad, la cual se celebró el 13 de diciembre de 2023 con la presencia de: Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes y presidente ejecutivo del consejo; Carlos Ávila, representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); Ronny Rodríguez Chaves, viceministro de Ambiente y Energía y representante del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); Orlando Ramírez Biolley, representante del sector autobusero; Gilbert Ureña, representante de los taxistas; Esteban Hernández Núñez, representante de los usuarios y Dennia Yaslyn Morales Grajal, quien representa a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
El ministro Amador llevó la discusión a la cita y planteó la posibilidad de ampliar los plazos de concesión (que hoy son de 10 años con alternativa de prórroga) si los operadores dejan de utilizar automotores que funcionan 100% por mecanismos de combustión.
Ya el CTP, en el plan de sectorización y de renovación de concesiones en rutas de autobús, propuso ampliar la concesión de 7 a 15 años en aquellos casos en los que los empresarios se comprometan a incorporar unidades eléctricas en las flotillas.
En el caso de los taxistas, Amador indicó que la ruta para formalizar el plan sería presentar un proyecto de ley. "Estamos conversando con respecto a taxis eléctricos y cuáles son esos incentivos y habilitadores para poder propiciar que el recambio de taxis conforme al vencimiento de su vida útil se pueda ir dando con respecto a vehículos que sean de tecnología limpia. No lo llamemos eléctrica únicamente, sino tecnología limpia. Ahí creo que deberíamos de ir en más o menos en la misma línea que estábamos trabajando. Ya el proyecto de ley para que se premie el plazo de la concesión del vehículo de taxi", indicó.
El funcionario insistió en que podrían extender la concesión "a quien sea" tomando en cuenta que el financiamiento bancario para adquirir una unidad eléctrica o que funcione a base de "energías limpias" podría ser de hasta 15 años y que el permiso actual de operación no supera los 10 años.
Ureña, en representación de los taxistas, puso sobre el tapete la posibilidad de encontrar fuentes de financiamiento para que el sector acceda a este tipo de vehículos. Además, enfatizó en si el plazo de 15 años se ajustaría a la vida útil de las baterías (en algunos casos se habla de hasta 1.2 millones de kilómetros o plazos de entre 15 y 20 años).
El dirigente fue claro en que sería complejo encontrar fuentes de financiamiento para los taxistas mientras las plataformas tecnológicas (como Uber o DiDi) no estén reguladas por ley.
"La moción estamos hablando que sí podría venir en términos generales sobre el tipo de vehículo, que no solamente al aeropuerto (taxis anaranjados). Si no para todos, para poder mejorar las condiciones. Y sí, creemos que con esto de la renovación de concesiones, luego viene una etapa muy, muy fuerte, don Luis (Amador), porque los vehículos modelos 2004 y 2005 vencen el 31 de diciembre del 2025. Somos alrededor de 5.500 carros, que vencemos en el 2025, y que quedaríamos por fuera, porque no tenemos como invertir. Pero, imagínese un incentivo en vehículo eléctrico. Yo he soñado con ver el Paseo Colón cargado a los 5 carriles de una inauguración de algún gobernante donde se esté dando vehículos nuevos para taxis, imagínese", detalló Ureña, según el acta de la sesión.
Taxistas en protesta contra el gobierno el martes 26 de setiembre de 2023. Cortesía Ricardo Venegas
En la discusión, Ramírez, como representante de los autobuseros, externó la posibilidad de que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) habilite un Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) exclusivo para taxis y el sector transporte, con el afán de "trazar lo que sucede con las demandas" en todos los servicios. De paso, ejemplificó que en el sector autobusero se mueven $580 millones al año.
En tanto, el viceministro Rodríguez del Minae consideró que con una fuente de financiamiento de $60 millones alcanzarían el 50% de los 5.500 taxis que entrarían en el plan (aproximadamente 2.200 unidades).
"Si a esto (sistema Sinpe) le podemos acompañar a esa plataforma, el tema de un bono sostenible de esa posibilidad de cambio de 5.500 unidades para el año 2025, que es un tema que habría que estructurarlo y le puedo garantizar don Luis (Amador), que sé dónde están los fondos para hacer eso. Y, lo que necesitamos es garantizar un poco de demanda en el proceso, pero estoy totalmente seguro de que, si hacemos un proyecto bien planteado, podríamos, eventualmente, no solo estrenar buses en el 2024, eléctricos. Si no, por qué no, adelantarnos un año a los vehículos, a los vehículos de cero emisiones, este en ese grupo tan grande de 5.500 taxis que deberían cambiar", añadió Ramírez.
El empresario acotó que los taxistas podrían dejarse el vehículo "viejo" para venderlo de segunda mano o como chatarra, en una especie de proceso "indemnizatorio" que fue planteado por los mismos transportistas.
Algunas organizaciones de la "fuerza roja" solicitaron una indemnización de ₡30 millones al Estado como consecuencia a los efectos provocados por la operación irregular de las plataformas.
"No es un tema descomunal en financiamiento climático, en fondos concesionales, el cambio del vehículo eléctrico. Don Gilbert (Ureña), compañero, no tiene que ver solo con emisiones. Tiene que ver con el gasto operativo, se le disminuye cualquier cantidad, el gasto y eso", expuso Rodríguez, quien acotó que le encantaría dar un "alivio financiero" a estos 5.500 concesionarios.
Carlos Ávila, viceministro de Transporte y Seguridad Vial, expuso que será necesario valorar una reforma a la ley 9518 para extender la vigencia de las concesiones y que, de alguna manera, empate con la vida útil de los vehículos.
La junta directiva del CTP acordó que para mediados de enero se contraría con un borrador de la propuesta.
En el caso de los autobuseros, el plan del gobierno es obtener los dineros para obtener unidades eléctricas a través de "fondos verdes" enfocados en temáticas climáticas, los cuales serían administrados a través del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Sería esta institución la que adquiera las unidades para arrendarlas a los operadores o que, en otra alternativa, facilite créditos con condiciones "ventajosas" para que los empresarios adquieran las unidades eléctricas.
La intención del Poder Ejecutivo es "incentivar" a las autobuseras a adquirir este tipo de vehículos. Quienes así lo hagan obtendrían contratos de concesión de rutas por hasta 14 años y no por 7 años (como hasta ahora).
