Gobierno marca récord histórico de inestabilidad en la CCSS
El Gobierno de Rodrigo Chaves marca un récord histórico en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero no en reducción de listas de espera ni pago de la deuda del Estado, si no en inestabilidad.
La actual administración ha tenido a cuatro personas diferentes en el cargo de la presidencia ejecutiva de la CCSS en menos de cuatro años, situación que nunca había sucedido. Haremos un repaso de los cargos en el último medio siglo:
- 1974 – 1978 (Administración Oduber Quirós): Jenaro Valverde Marín y Fernando Naranjo Villalobos
- 1978 – 1982 (Administración Carazo Odio): Álvaro Fernández Salas
- 1982 – 1990 (Administraciones Monge Álvarez y Arias Sánchez): Guido Miranda Gutiérrez
- 1990 – 1994 (Administración Calderón Fournier): Elías Jiménez Fonseca
- 1994 – 1998 (Administración Figueres Olsen): Alvaro Salas Chaves
- 1998 – 2002 (Administración Rodríguez Echeverría): Rodolfo Piza Rocafort
- 2002 – 2006 (Administración Pacheco de la Espriella): Eliseo Vargas Garcías, Horacio Solano Montero y Alberto Sáenz Pacheco
- 2006 – 2010 (Administración Arias Sánchez): Eduardo Doryan Garrón
- 2010 – 2014 (Administración Chinchilla Miranda): Ileana Balmaceda Arias
- 2014 – 2018 (Administración Solís Rivera): Rocío Sáenz Madrigal y Fernando Llorca Castro
- 2018 – 2022 (Administración Alvarado Quesada): Román Macaya Hayes
- 2022 – 2026 (Administración Chaves Robles): Álvaro Ramos Chaves, Marta Esquivel Rodríguez, Laura Ávila Bolaños y Mónica Taylor Hernández
Ramos fue el primer presidente de la CCSS que Chaves designó el pasado 8 de mayo de 2022. El 17 de setiembre de ese mismo año y fue destituido por aprobar un aumento de ley de ¢7.500 a los trabajadores. Esta situación no le agradó a Chaves y lo quitó del puesto. Ramos, solamente tuvo 4 meses para manejar la institución.
Luego, Marta Esquivel, abogada de profesión, fue nombrada en el cargo para sustituir a Ramos, pero el 10 de octubre del año pasado tuvo que dejar su puesto debido a que un juzgado le impuso una medida cautelar. Ella es imputada en la investigación por presunta corrupción conocida como caso Barrenador, que indaga los contratos entregados por la CCSS a cooperativas para la administración de ebais con un presunto sobreprecio.
En su paso por la CCSS, pese a ser la jerarca que más tiempo ha estado en este Gobierno, no logró bajar las listas de espera, suspendió el portafolio de inversiones, arrancaron los movimientos de los especialistas y finalmente, fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Durante 1 mes y 10 días, el gobierno dejó a la CCSS sin presidencia ejecutiva, y hasta el 20 de noviembre de 2024 designó de manera temporal a Laura Ávila, quien asesoraba a Marta Esquivel. Ávila estuvo menos de 2 meses al frente de la institución y de la Junta Directiva.
Finalmente, el 8 de enero fue nombrada Mónica Taylor, quien ha sido asesora de Rodrigo Chaves. Taylor ha demostrado el poco conocimiento que tiene de la CCSS, ya que en múltiples ocasiones responde con desconocimiento ante consultas de legisladoras o de la prensa.
De hecho, Taylor es investigada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Actualmente, la jerarca tiene dos causas activas en investigación. Una de ellas es por el presunto delito de tráfico de influencias, bajo el expediente 25-000206-1218-PE. Además, registra otra causa abierta en la que el delito no ha sido tipificado.
De hecho, la designación de Taylor en el cargo generó polémica, la cual culminó en una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública.
El sindicato Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) interpuso la denuncia por el presunto nombramiento ilegal.
De acuerdo con el sindicato, Taylor mantiene una relación laboral con el Ministerio de Hacienda, lo cual le impide integrar la Junta Directiva de la CCSS por lo establecido en la Ley Constitutiva de la institución.
El Consejo de Gobierno, al parecer ignoró esta prohibición expresa, una grave violación del ordenamiento jurídico. El deber de probidad, consagrado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), también pudo haber sido quebrantado al permitir un nombramiento que contraviene principios básicos de legalidad y ética en el ejercicio de la función pública, indicó la agrupación sindical.
Desde el sindicato exigieron verificar la legalidad del nombramiento y que, de comprobarse la violación, se anule y aplique las sanciones correspondientes.
La Procuraduría indicó a CR Hoy que no se referirían al caso debido a que no están facultados para proporcionar información relacionada con investigaciones preliminares.