Gobierno señala a administraciones anteriores por pagos indebidos, para justificar los suyos
Quieren que la Contraloría determine si hubo falta
La lista de 39 ex funcionarios que el Gobierno entregó a la Contraloría General de la República para que se inicie una investigación por supuestamente recibir el pago del 65% de prohibición sin cumplir los requisitos, no es una cortina de humo, ni implica lavarse las manos a raíz de los casos que se dieron a conocer en los últimos meses. Por lo menos así lo dicen en Casa Presidencial.
Sin embargo, con la lista entregada por Consejo de Gobierno justifican la situación, pues era algo que venía ocurriendo…
Eso sí, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera y quien además es el vocero oficial del tema, niega que estén queriendo librarse de responsabilidades de lo sucedido con las viceministras Carmen Muñoz, Ana Cristina Trejos y Ana Gabriel Zúñiga, así como con los casos del viceministro de Paz, Víctor Barrantes y los ministros del Comex, Alexander Mora, y de Mideplan, Olga Marta Sánchez.
"Lo que se pretende con esto es tener una noción de cuál es el problema que se estaba enfrentando", indicó Herrera, quien asegura que es además un esfuerzo de esta administración por "cambiar las cosas". Eso sí, las cosas comenzaron a cambiar luego que los medios de comunicación dieran a conocer los pagos indebidos que recibían ministros y viceministros.
¿Lo hacen para lavarse las manos y decir que les pasó a ustedes porque sucedió en administraciones pasadas?
"No, es un interés de conocer la verdad de este problema y de conocer cuál es el alcance que esto ha estado teniendo en los últimos años. También es un interés que ha manifestado este gobierno de cambiar las cosas como se las ha encontrado y de proponer soluciones, que en los próximos días se anunciarán para evitar que esto siga ocurriendo en futuros gobiernos".
Melvin Jiménez fue ministro de la Presidencia en esta administración.
¿Por qué entonces no centrarse en las soluciones en lugar de volver al pasado? ¿Se puede pensar que están cediendo responsabilidades?
"El asunto en primer lugar es una realidad, un problema que ha estado ocurriendo de manera persistente a lo largo de distintos gobiernos. Es un problema derivado del desorden que ha habido en manejos de las condiciones y requisitos que se imponen y de los atestados de lo que cada quien va presentando, pero también es un desorden derivado de diversas normativas y pronunciamientos que se contradicen unos con otros".
"Queríamos ver la profundidad de esos temas y a partir de eso proponer las soluciones que sean adecuadas".
Los señalados
Entre los nombres más destacados que aparecen en el informe enviado a Contraloría están los de Guido Sáenz, ex ministro de Cultura en la administración de Abel Pacheco. Además, Fernando Zumbado, ex jerarca de Vivienda entre 2006 y 2010; Rogelio Ramos, quien lideró Seguridad entre 2002 y 2006 y Alberto Trejos, ex ministro de Comercio Exterior de esa administración de Pacheco.
También aparecen los ex ministros de Ambiente y Energía, Roberto Dobles y René Castro, de las administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, respectivamente.
Dentro de la lista también aparece el nombre de Melvin Jiménez, ex ministro de la Presidencia de la actual administración, quien es bachiller en sociología y no consta que esté inscrito en el colegio profesional respectivo.
Esto escribió Alejandro Cruz después de conocer que su nombre aparece en la lista de 39 ex funcionarios.
Otro es el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz, quien en horas de la tarde se defendió en redes sociales indicando que durante su gestión entre 2011 y 2014 no percibió salario, pues estaba jubilado.
Según Herrera, al dar estos nombres no están señalando corrupción, sino que existen dudas sobre los pagos que se hicieron y que esperan que la Contraloría resuelva de manera oportuna.
"Esa lista no implica que haya una falta, mucho menos que haya corrupción. Lo que indica es que hay una duda razonable sobre los atestados y la documentación que otorgaba o no el pago por prohibición", indicó.
El informe fue elaborado por el despacho del Ministerio de la Presidencia y tardaron alrededor de un mes en analizar 300 casos.
Esta es la lista de las 39 personas señaladas por el Gobierno: