Grabaciones de cámara son clave para inculpar a principal sospechoso de millonario atraco al BN
Investigación por robo de ₡3.293 millones se resolvió en tiempo récord, afirma fiscal del caso Gallo Tapado
Las cámaras de seguridad instaladas dentro de la bóveda y en otros aposentos de la sede central del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) serían determinantes para vincular al extesorero Ricardo Olivas Valle con la sustracción de al menos ₡3.293 millones de las bodegas de seguridad del edificio.
Ronald Segura, fiscal de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), explicó en entrevista con CR Hoy que entre las pruebas más relevantes recopiladas se encuentran las grabaciones de esas cámaras, en las que se evidenciaría la participación del exfuncionario.
"Básicamente lo que nosotros determinamos es que de la prueba que se hizo, hay grabaciones importantes donde se logran determinar sus facciones físicas y que puedan ser atribuidas a uno de los imputados, que era el que realizaba estas sustracciones.
A raíz de esto es que se hace una acusación por más de 30 delitos de peculado relacionados con las sustracciones físicas", indicó Segura.
Aunque dentro de la bóveda donde habría ocurrido el atraco la puerta de la caja fuerte limitaba parcialmente el ángulo de visión —situación que habría sido aprovechada por el imputado para ejecutar su plan—, el Ministerio Público incorporaría otras pruebas para demostrar su culpabilidad.
Olivas está a las puertas de enfrentar juicio; solo queda pendiente que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública defina la fecha para celebrar el debate oral y público. El fiscal a cargo destacó la rapidez con la que se desarrolló la investigación, que culminó desde mayo pasado.
"Lo importante es que la Fiscalía de Probidad ha hecho un esfuerzo importante con estos casos que es sistema financiero, a efectos de que garantizar que el sistema financiero no sufra, ni sea afectado en su imagen o en su confianza, ya que en el caso el Banco Nacional es el principal banco del país.
Costa Rica tiene un sistema financiero que es muy importante en estos momentos porque administra una gran cantidad de fondos. La mayor parte del ahorro nacional que están los fondos de pensiones están en el sistema financiero y por eso consideramos que estos casos requieren un abordaje inmediato.
Que se les destine todo el tiempo y la atención necesaria, porque estamos hablando de que la quiebra de un banco, la quiebra de una financiera, la quiebra de un fondo de pensiones podría tener un riesgo sistémico", explicó el fiscal.
Olivas Valle, principal sospechoso de sustraer la millonaria cifra mediante sobres de manila, afrontará juicio por 33 delitos de peculado. Así lo resolvió el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, al considerar que existen pruebas suficientes sobre la extracción.
El Juzgado también prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva contra Olivas, de 37 años, quien permanece detenido desde noviembre de 2023.
Según la Fiscalía, entre enero de 2021 y octubre de 2023, el exfuncionario habría diseñado un plan para apoderarse ilícitamente del dinero mientras se desempeñaba como tesorero del Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE), encargado de recibir, tramitar y acreditar depósitos de clientes externos.
De acuerdo con la acusación, el exfuncionario introducía fajos de billetes dentro de sobres de manila que sustraía del CIPE, saliendo con ellos por la esclusa y el puesto de seguridad. Por estos hechos hay otras siete personas investigadas.
En mayo, la FAPTA separó el expediente del extesorero de los demás implicados y pidió elevar su causa a juicio, solicitud que fue admitida. Los otros empleados del banco fueron detenidos el mismo día que Olivas durante operativos del OIJ, pero enfrentan una causa aparte.
El caso surgió tras rumores de "manejos irregulares" en el CIPE, conocidos desde mediados de 2023. La Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR auditó el área de Administración del Numerario entre julio y agosto de ese año, detectando desorden en el manejo del efectivo.
Posteriormente, realizó un arqueo en octubre que reveló un faltante de ₡3.239 millones bajo custodia de Olivas. El OIJ y la FAPTA iniciaron las pesquisas luego de que el caso se hiciera público el 23 de octubre de 2023.
El banco presentó la denuncia penal casi tres semanas después. La hipótesis inicial sostiene que Olivas habría sustraído dinero en siete ocasiones entre agosto y setiembre, aunque se indaga si existieron más extracciones desde 2019, ante la falta de controles.
La Fiscalía señala que Olivas actuó con apoyo de otros funcionarios: Ugalde Morales (supervisor de Tesorería), Blanco Oviedo (supervisor de Procesamiento de Efectivo), Cerdas Méndez (autoevaluadora), Hernández Saborío (contador), Madrigal Faerrón (jefe de Tesorería), Ramírez Sandí (supervisor) y Bolaños Zúñiga (guarda de seguridad).
Olivas habría aprovechado la desconexión entre los sistemas Finesse y SCAE para ocultar el desbalance contable. Además, presuntamente justificó el dinero ilícito comprando grandes volúmenes de lotería entre enero de 2022 y octubre de 2023, con inversiones de hasta ₡60 millones mensuales.
Según la Fiscalía, obtuvo múltiples premios que repartía entre los miembros de la organización para blanquear fondos. La causa se tramita como caso complejo, lo que permite duplicar los plazos procesales, mientras el extesorero espera el inicio del juicio en prisión preventiva.

