Grandes comercios, propiedades y el patrimonio que EE. UU. podría secuestrar a extraditables
Investigaciones del OIJ, expediente de extradición y Registro Nacional develan las fortunas acumuladas por Celso Gamboa, Pecho de Rata y "El Profe"
En su visita reciente a Costa Rica, el fiscal del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, Wesley Wynne, se reunió con el Ministerio Público para coordinar el posible comiso del patrimonio de los tres primeros costarricenses pedidos en extradición: el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez; el exconvicto por narcotráfico Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata; y el supuesto lavador de dinero Jonathan Álvarez Alfaro, conocido en ámbitos policiales como Gato o Profe.
Tras el encuentro, el fiscal general Carlo Díaz explicó que se discutieron aspectos relacionados con el eventual secuestro de bienes de los extraditables, así como el uso y disposición que darían a estos las autoridades estadounidenses.
Como reveló CR Hoy, EE. UU. no solo pretende imponer sanciones de cárcel a los extraditables, sino también castigos económicos millonarios e incluso el decomiso de su capital.
Las acusaciones formales incluidas en los expedientes de extradición en manos de este medio también contemplan avisos de decomiso y extinción de dominio para cada uno de ellos.
La extinción de dominio es una herramienta jurídica que permite a un Estado recuperar bienes obtenidos de forma ilícita o destinados a actividades criminales. El proceso no busca sancionar penalmente a una persona, sino privarla de la propiedad de bienes ligados a negocios ilegales.
Gamboa, López y Álvarez poseen una gran cantidad de bienes inscritos, además de otro patrimonio que podría estar oculto y que resulta de interés para la justicia estadounidense. A continuación, el detalle:
Celso Gamboa
En el Registro Nacional, Celso Manuel Gamboa figura como dueño de una construcción ubicada en Jacó, cantón de Garabito, Puntarenas. La propiedad mide 132 metros cuadrados (m²), tiene un valor fiscal de ₡130 millones, fue inscrita en abril de 2017, cuando aún se desempeñaba como magistrado, y corresponde a un apartamento en el quinto piso de un edificio.
Además, existe un terreno de 235 m² en San Diego de La Unión, Cartago, que, si bien no está inscrito a nombre del extraditable, registra una hipoteca en la que Gamboa aparece como deudor.
En esa misma propiedad, su hijo menor figura como titular del 50 % del usufructo y su exesposa, de apellido Torres, es propietaria de la nuda propiedad, una figura legal que otorga la titularidad del bien pero no el derecho de uso o disfrute mientras exista usufructo a favor de otra persona.
Según lo admitió el propio Gamboa durante un reciente juicio por tráfico de influencias, cuando estaba "en libertad" percibía entre $10.000 y $15.000 al mes como abogado —aparte de las ganancias ilícitas que le atribuye EE. UU.— y que además ocupó los más altos cargos en la función pública, lo que le permitía un elevado poder adquisitivo.
Pero de forma llamativa, en los registros públicos no aparecen vehículos o inmuebles adicionales ni sociedades a nombre de Celso Gamboa.
Usualmente, en los casos de abogados y sospechosos de narcotráfico o legitimación de capitales, se detecta patrimonio inscrito a nombre de sociedades jurídicas o de terceros, con fines de ocultamiento. En este caso, no se reportan más bienes que los ya mencionados.
No obstante, es posible que parte de su patrimonio esté oculto o a nombre de terceros. Recientemente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó al exmagistrado en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), lo que implicó sanciones y bloqueos económicos inmediatos para golpear sus finanzas, supuestamente vinculadas con el narcotráfico.
Entre las entidades inmovilizadas por las autoridades estadounidenses figuran la organización deportiva Limón Black Star, que militó en la Segunda División de fútbol, y el bufete Celso Gamboa y Asociados, con oficinas en San Carlos, Limón y San José.
CR Hoy conoce que este nombre es lo que se conoce como una empresa "fantasía" y no está constituida como tal. Además, n diciembre de 2020, Gamboa llegó a presidir el extinto Limón FC, aunque su paso por el club fue corto.
Pecho de Rata: el "Rey de Cahuita"
El caso de López Vega, conocido con los alias de Pecho de Rata o Diosito, es distinto: gran parte de su patrimonio está registrado a su nombre. No por nada uno de sus alias es El Rey de Cahuita, pues en el Caribe Sur se concentra la mayor parte de sus inmuebles.
Entre ellos figuran: un terreno de montaña de 2.000 m², valorado en ₡1,5 millones y adquirido en 2014; un terreno para construir de 2.726 m², con un valor de ₡6,6 millones, también comprado en 2014 y un lote para vivienda de 970 m², valorado en ₡3 millones adquirido en noviembre de 2024.
Se suman un terreno para construir de 751 m², comprado en agosto de 2015 y tasado en ₡15,3 millones; y un terreno agrícola de 17.154 m², adquirido en octubre de 2013 y valorado en apenas ₡1 millón. Todos se ubican en el cantón de Talamanca, Limón.
A excepción del último terreno, todas estas propiedades tienen una anotación judicial derivada de una investigación de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, iniciada en 2015 (expediente 15-000026-1322). Dichas anotaciones rigen desde 2016 y se mantendrán vigentes hasta septiembre de 2026.
López Vega también posee un terreno urbano con casa de habitación en Quepos, Puntarenas. Son 300 m², con un valor de ₡90 millones, adquiridos en noviembre de 2013, y que actualmente están hipotecados a favor del Banco Popular.
Adicionalmente, existen dos terrenos hipotecados en Cahuita en favor de Pecho de Rata, en los que él figura como acreedor. Una deudora de apellidos Daniels Smith le debe ₡25 millones y garantizó la deuda con una finca de 321 m², más otra hipoteca, de una deudora de apellidos Brooks Obando, quien comprometió un terreno de 584 m² por ₡10 millones.
En bienes muebles no registra muchos: únicamente dos buques —uno denominado La BB 1—, una motocicleta Honda Navi 2024, valorada en casi ₡1 millón, y un automóvil Nissan Sentra, también tasado en alrededor de ₡1 millón.
No obstante, Estados Unidos señala que existen propiedades utilizadas para actividades de narcotráfico que no estarían inscritas a nombre de Edwin Danney.
Al parecer se trata de dos fincas ubicadas en Sixaola de Talamanca y arrendadas por la sociedad anónima Hermanos López Tyndall —en la que López Vega figuró como fiscal y en cuya junta directiva aún participan sus hijos y su exesposa—.
Estas fincas poseen salidas estratégicas hacia playa Gandoca y el río Sixaola, en la frontera con Panamá, dos zonas navegables donde se facilitaría el movimiento de droga desde el mar.
Son precisamente las propiedades de 95 hectáreas a las que haría referencia la Administración para el Control de Drogas (DEA) en su investigación y con la cual se solicitó la detención y extradición.
Según la DEA, en 2024 una fuente confidencial (CS-1) informó sobre la adquisición de dichas propiedades a través de uno de sus hijos, involucrado en el equipo de fútbol Limón Black Star de la Liga de Ascenso, investigado también por legitimación de capitales en el expediente 21-000078-1322-PE.
La compra de estos terrenos coincide con lo declarado por un agente judicial de apellido Ortiz, testigo en uno de los procesos seguidos contra la familia López tras su salida de prisión:
"Con respecto a Edwin López, en la oficina se maneja mucha información que se dedica a la venta de droga, la información se maneja a nivel de investigadores, así como, de la línea se maneja a nivel de confidencial del OIJ.
No se le conoce oficio a Edwin, según informaciones recibidas andaba comprando propiedades y que prestaba dinero a intereses muy ridículos", declaró.
Las dos fincas se ubican prácticamente contiguas, aunque los accesos o portones de cada una están a 2,4 kilómetros de distancia. La primera, llamada finca Los Ángeles, posee una extensión de 843.000 m² y está registrada ante el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para actividad ganadera.
Senasa le otorgó autorización para manejar 200 reses, según consta en un informe de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, emitido en 2023. El Registro Nacional la valora en ₡40 millones y la clasifica como terreno de potrero.
Desde el 24 de noviembre de 2023 tiene una anotación judicial, luego de que el OIJ allanara propiedades ligadas a la familia López como parte del caso Caribe Sur.
La segunda finca también se utiliza para ganadería. Está ubicada en barrio Celia de Sixaola, Talamanca, a dos kilómetros al suroeste del bar Córdoba, y cuenta con una extensión de 114.000 m².
Fue adquirida hace cinco años por un hombre de apellidos Zúñiga Peralta en ₡18 millones. Él justificó que el dinero provenía de la venta de plátanos y ayote, actividad a la que se había dedicado dos años antes.
Alias "El Profe" o "Gato"
Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, de 46 años, conocido como Profe o Gato, además de ser el tercer extraditable, es uno de los dos hermanos empresarios investigados por legitimación de capitales en la operación Venus, según el OIJ.
De acuerdo con el Registro Nacional, Álvarez posee un terreno con casa de habitación y salón comercial de 313 m² en San Pedro de Montes de Oca, valorado en ₡42 millones y adquirido en octubre de 2023. Actualmente está hipotecado a favor del Banco Nacional.
En la misma zona figura otro terreno para construir de 515 m², valorado en ₡14,7 millones y adquirido en mayo de 2020.
Además, registra un lote en Purral de Goicoechea de 90 m², valorado en ₡21 millones y comprado en junio de 2020, así como un terreno de 7.530 m² en Turrúcares de Alajuela, valorado en ₡27,5 millones.
Cuenta también con un terreno destinado a tumba, de 2,4 m², ubicado en San Francisco de Dos Ríos y valorado en ₡14 millones. Todos, excepto los dos últimos, se encuentran gravados por orden del Juzgado Penal de Delincuencia Organizada, en el marco de la causa penal por lavado.
El extraditable además obtuvo $101.000 (unos ₡51 millones) gracias a una hipoteca con el Banco de Costa Rica, en la que figura como deudor. A su nombre directo solo aparece un taxi modelo 2012, valorado en ₡3 millones.
Álvarez es señalado como uno de los tres cabecillas de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante bienes raíces, subastas ganaderas, venta de automóviles y operación de canchas deportivas.
Junto a su hermano, dirigía un conglomerado empresarial que, según el OIJ, sirvió para lavar cientos de millones de colones provenientes del narcotráfico.
Entre sus negocios se incluyen una corporación automotriz y una cancha de pádel en Belén. Una de las empresas más reconocidas es Corporación Megadiesel, dedicada a la reparación de sistemas de inyección diésel y gasolina.
Fundada en 2008, opera en San José, Alajuela y Guanacaste. Su sede principal está en San Sebastián, al sur de la capital.
Asimismo, los hermanos incursionaron en el negocio deportivo con Smash Pádel Club 506, en Belén, cerca de la radial a Lindora. El lugar se promociona como un club deportivo y academia de pádel, un deporte similar al tenis pero practicado en espacios cerrados.
Los tres imputados ostentaban una vida de lujos: residencias en condominios de alta plusvalía, vehículos de gama alta —como pick-ups, autos Lexus, Toyota o incluso Maserati—, cuyos precios oscilan entre $110.000 y $180.000 (más de ₡100 millones, según el modelo).
Durante los allanamientos por legitimación de capitales se decomisaron ₡22.178.000 y $211.824 en efectivo (equivalentes a unos ₡128,8 millones), 132 joyas, cuatro armas de fuego, ocho computadoras, ocho dispositivos electrónicos, 19 teléfonos celulares, un grabador, 12 vehículos y 55 cabezas de ganado.
Posible patrimonio oculto
Agentes especiales de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos revelaron, mediante dos documentos aportados como prueba para la extradición de tres costarricenses, las diversas formas detectadas que utilizaba la organización criminal para trasladar droga hacia ese país.
"La organización usa medios sofisticados para fabricar, adquirir, almacenar, transportar y distribuir cantidades de varias toneladas de cocaína destinadas a los EE.UU.
Utiliza lanchas de alta velocidad, embarcaciones sumergibles, embarcaciones de carga y de pesca, aeronaves, camiones semirremolque y otros vehículos motorizadospara transportar grandes cargamentos de cocaína por vía terrestre, marítima y aérea", revelaron.
Aunque muchos de estos bienes no aparecen registrados a nombre de los extraditables, las autoridades estiman que podría existir un patrimonio aún mayor, oculto mediante diferentes maniobras.
Fernando Ramírez, exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a la legitimación de capitales emplean distintas técnicas para evitar que las autoridades se apropien de lo obtenido con sus ganancias ilícitas.
"Resulta una práctica muy común por parte de las organizaciones criminales y sus integrantes de recurrir a la figura de testaferros o prestanombres que consiste precisamente en aquellas personas que sin tener una vinculación directa con la actividad delictiva de la cual se están originando los dineros o los bienes deciden tener a disposición del grupo criminal sus nombres para abrir cuentas bancarias, adquirir propiedades, conformar personas jurídicas o sociedades anónimas y con ello eventualmente procurar ocultar quién es el verdadero dueño", explicó el exjerarca.
Ramírez subrayó que únicamente mediante investigaciones judiciales se logra determinar que, aunque los bienes o cuentas figuren a nombre de terceros, en última instancia son los miembros de los grupos criminales quienes disfrutan y disponen de esos recursos.
Agregó que fue hasta septiembre de 2023, cuando en Costa Rica se fortaleció la persecución penal contra este tipo de prácticas, con una reforma que permitió perseguir penalmente a quienes prestan sus nombres para la adquisición de bienes, apertura de cuentas o recepción de fondos ilícitos.
Estas tipologías han sido ampliamente estudiadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, lo que ha permitido identificar los mecanismos que utilizan los grupos delictivos para ocultar sus patrimonios y evadir acciones judiciales.
De ahí la importancia de abrir investigaciones en Costa Rica que permitan determinar el patrimonio real con el que contaban los tres extraditables, a fin de ponerlo a disposición del Estado costarricense o de las autoridades de Estados Unidos.
