Grupo detenido por OIJ habría enviado a República Dominicana dinero obtenido con extorsiones sexuales
La mañana de este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó varios puntos de Puntarenas para desarticular a una banda que realizaba extorsiones sexuales a través de la plataforma web Skokka. Las autoridades revelaron que las ganancias de estas acciones eran enviadas a República Dominicana.
Randall Zúñiga, director del OIJ, lideró los operativos desde la provincia puntarenense y explicó que el dinero de estas estafas terminaba en el Caribe.
Estaban colideradas por una mujer de apellido Cruz, quien, junto a sus tres hijos de apellidos Porras, generó toda esta situación. Gran parte de las ganancias las enviaban a República Dominicana para entregarlas a los cabecillas del grupo criminal, que no son de Costa Rica. No era algo que no los fuera a enriquecer, porque la mayoría del dinero lo enviaban en remesas a ese país.
Los hijos de la cabecilla que se pretenden detener tienen 19, 21 y 24 años; a ellos les seguían la pista desde 2018, según explicaron las autoridades en su reporte preliminar.
Desde 2018 se identificó esta modalidad delictiva, siendo la organización hoy desarticulada una de las que se presume incurrían en este delito. La modalidad consiste en extorsionar a las víctimas mediante engaños, utilizando llamadas telefónicas y mensajes de texto a través de diferentes páginas de citas sexuales.
Al parecer, las víctimas ingresaban a estos sitios web en busca de encuentros con mujeres. Sin embargo, al no contratar los servicios ofrecidos, los delincuentes aparentemente aprovechaban la situación para amenazarlas y exigir pagos, bajo el pretexto de que supuestamente habían hecho perder el tiempo a las mujeres de la plataforma.
A lo largo de la investigación, se determinó que los perfiles de las mujeres en estas plataformas eran falsos, creados por miembros de la organización criminal, lo que demuestra que, en caso de que la víctima hubiese contratado el supuesto servicio, el encuentro nunca se iba a concretar".
La banda exigía a cada usuario montos entre ¢100.000 y ¢600.000. Incluso, se registraron pagos de más de ¢800.000 en varios casos. Por ello, las autoridades pretendían detener este martes a 12 personas en los sectores de Barranca, Chacarita, El Progreso y El Roble.
