Hombre asesinado en Limón fue abogado de Tony Peña Russell

Jorge Ramírez Salas, un funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que también fue abogado del supuesto líder criminal de Limón, Tony Peña Russell, es la víctima de un homicidio la tarde de este viernes en el sector de Santa Eduviges. Así lo confirmaron a crhoy.com, fuentes policiales.

Adicionalmente, el OIJ confirmó que el fallecido fue identificado con el apellido Ramírez Salas. La víctima de asesinato estaba ingresando a una vivienda dentro de su camioneta, cuando tres hombres ingresaron de forma inmediata tras de él, con armas de grueso calibre.

Los sospechosos encapuchados dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo y en cuestión de 20 segundos, se retiraron de la propiedad corriendo. Cuando la Cruz Roja llegó a la escena, encontraron sin vida a la víctima.

A varios kilómetros del lugar, apareció en llamas un automóvil que presuntamente utilizaron los pistoleros para huir de la zona. El carro estaba incendiándose y tanto la vivienda como el lugar donde apareció el auto están bajo custodia de los agentes judiciales.

Crhoy.com justamente conversó con Ramírez el pasado 22 de junio, luego de la detención de Peña Russell. Sin embargo, en esa ocasión manifestó que ya no representaba al supuesto jefe de sicarios.

Cabe destacar, que el supuesto capo criminal fue capturado el pasado viernes 21 de junio tras 4 meses de estar en fuga, en lo que el OIJ denominó la captura del año. 

Adicionalmente, Peña Russell, supuesto jefe de sicarios que operaba en la provincia de Limón, tenía dos celulares dentro de una celda de máxima seguridad en La Reforma, donde permanece descontando tres meses de prisión preventiva, pese a tener apenas un mes de estar allí recluido.

Entrenamiento de sicarios

Extraoficialmente, se supo que Ramírez Salas sería una de las personas investigadas por supuestamente entrenar a gatilleros con tácticas especializadas en el manejo de armas, dado que un video circuló mostrando la capacitación que recibían en un campo de tiro clandestino.

Los hechos ocurrieron el año pasado, pero las imágenes circularon hasta mediados de abril. El OIJ empezó una investigación que permitió identificar a los sospechosos, quienes supuestamente fueron miembros del cuerpo judicial.

También se consiguieron indicios de a cuál grupo criminal asesoraban con técnicas militares para el manejo de armas. No obstante, la investigación terminó en nada.

Esto debido a que ni el Código Penal ni ninguna otra ley establecen una figura de delito o penas por este comportamiento, lo que impide que el Ministerio Público pueda perseguir penalmente a los exagentes. Esta versión fue confirmada a crhoy.com por el fiscal general, Carlo Díaz.

Randall Zúñiga, director de la policía judicial, también explicó por qué los investigadores se vieron impedidos a continuar adelante con el caso.

Cuando se da la noticia de que exagentes de OIJ estaban dando entrenamiento táctico a personas que de alguna forma estaban vinculadas de actividad no necesariamente legal, se inicia una investigación y se coordina dirección funcional directamente con la Fiscalía. Sin embargo, no se logra encontrar un delito que pueda imputársele a ellos. 

Las autoridades valoraron la "asociación ilícita", un delito que contempla la legislación nacional cuando hay personas que toman parte en una asociación de dos o más para cometer delitos, con una pena que se agrava si el objetivo es cometer actos de terrorismo o secuestro extorsivo.

Esa figura legal permite sanciones de hasta 6 años de cárcel, según el Código Penal. No obstante, OIJ no tenía competencia legal para seguir indagando.