Homicidio de Roberto Samcam podría considerarse terrorismo de Estado y juzgarse en el extranjero
Tribunal en España o la Corte Penal Internacional figuran entre las jurisdicciones que podrían asumir el juicio contra los autores intelectuales del crimen perpetrado en Costa Rica hace 2 meses
El asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam Ruiz, perpetrado en Costa Rica y presuntamente ordenado desde el Ejército de Nicaragua, podría ser juzgado en tribunales internacionales.
Este martes se cumplieron dos meses del crimen. El pasado 19 de junio, el coronel en retiro fue asesinado dentro de su vivienda en Moravia con al menos ocho impactos de bala.
Desde Costa Rica, donde vivía exiliado, Samcam se convirtió en una de las voces más críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Tal como dio a conocer CR Hoy a inicios de agosto, la ejecución del exmilitar se habría gestado desde el régimen, y las investigaciones preliminares apuntan a que la orden para acabar con su vida provino del propio Ejército, del cual alguna vez formó parte.
Por esa razón, el caso podría elevarse a la justicia internacional, de modo que los responsables enfrenten los tribunales de España o, en su defecto, la Corte Penal Internacional (CPI).
La vía española sería posible porque Samcam ostentaba esa nacionalidad. El régimen Ortega-Murillo le había arrebatado la ciudadanía nicaragüense, dejándolo apátrida. En respuesta, España le otorgó la nacionalidad, por lo que, al momento de su muerte, era ciudadano español.
Federico Campos, abogado de la familia en Costa Rica, explicó cómo podría tramitarse el caso en suelo europeo y que esta situación no es nada ajeno.
"A don Roberto Samca había sido desnacionalizado, su propio país donde nación le había quitado nacionalidad nicaragüense, su propio país donde nació, entonces le habían otorgado la ciudadanía española. Cuando lo mataron, él era ciudadano español.
En este tipo de casos existe inclusive la posibilidad, como pasó en algún momento con los jesuitas que asesinaron en El Salvador, que puedan ser conocidos en la jurisdicción española ante la Audiencia Nacional y que eventualmente en algún momento, autores intelectuales o materiales, pero principalmente los intelectuales, pudieran ser juzgados en en España", detalló el jurista.
La otra alternativa sería elevar el caso a la Corte Penal Internacional, un tribunal permanente e independiente establecido para investigar y juzgar a individuos acusados de los crímenes más graves de trascendencia internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
El homicidio de Samcam podría encuadrarse como crimen de lesa humanidad, entendido como actos inhumanos cometidos en el marco de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil, principalmente con invertención de un Estado.
En este caso, al sospecharse que el asesinato fue ordenado desde el régimen que gobierna Nicaragua, se valora la posibilidad de acudir a ese tribunal internacional.
"Estamos en caso en un caso de terrorismo de Estado donde efectivamente en el gobierno nicaragüense, que es hacia donde apuntan todas las sospechas, vinieron a ejecutar un asesinato en Costa Rica en inmiscuyéndose en la soberanía costarricense y por medio de una organización de células terroristas que son los que llevaron a cabo este asesinato", explicó el abogado.
El abogado asumió el caso junto con los juristas españoles Almudena Bernabéu y Michael Reed Hurtado, representantes de la familia de la víctima. Samcam, férreo crítico del régimen Ortega-Murillo, buscó refugio en nuestro país para protegerse junto con su familia, pero los tentáculos del régimen lo alcanzaron incluso en el exilio.
Los abogados confirmaron a este medio que las primeras indagaciones y versiones preliminares apuntan a que los autores intelectuales serían miembros de las fuerzas militares nicaragüenses, desde donde se habría ordenado el homicidio.
"Todos los indicios y todas las sospechas son de que la orden salió del gobierno de Nicaragua y específicamente uno de los indicios más fuertes que también fue ordenado desde el ejército nicaragüense. Son solamente indicios", indigó el abogado.
Además, se estima que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) podrían estar cerca de identificar también a los gatilleros responsables del crimen.
"Entendemos que las investigaciones están muy avanzadas y pronto, muy pronto creo habrá que buenas noticias en cuanto a la determinación de los autores materiales.
Esperamos que en nuestro país también pues se profundice ante la eventualidad de la determinación de los autores intelectuales", añadió Campos.
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó a CR Hoy que "la investigación avanza con buen ritmo", aunque no pudo ofrecer mayores detalles porque el caso sigue en curso.
Sospechas previas
Samcam fue asesinado en el residencial Naples, cerca de Plaza Lincoln en Moravia. Los atacantes llegaron en un vehículo, treparon hasta el segundo piso de la propiedad, aprovecharon que la puerta estaba abierta y lo llamaron.
Al acercarse, uno de ellos le disparó ocho veces en el tórax y extremidades, causándole la muerte en el acto. La Policía Judicial advirtió que no se podía descartar la existencia de una estructura operativa del régimen nicaragüense en Costa Rica para ejecutar ataques contra opositores en el exilio.
Zúñiga reconoció que sería prematuro concluir que el crimen fue ordenado directamente por el gobierno sandinista, aunque esa posibilidad se mantiene bajo investigación.
Samcam había denunciado desde hace años seguimientos en su contra y, seis años atrás, alertó públicamente sobre el peligro que corría. También denunció ante medios internacionales la existencia de una célula de sicarios operando desde la embajada de Nicaragua en San José.
En una entrevista años atrás afirmó que el régimen desplegó agentes de inteligencia para vigilar y hostigar a opositores refugiados, utilizando cobertura diplomática.
Según sus denuncias, más de 20 oficiales enviados desde Managua operaban en Costa Rica bajo la Dirección de Información para la Defensa (DID), órgano de inteligencia militar.
Samcam aseguró que las operaciones se intensificaron tras la represión de las protestas de abril de 2018, provocando una oleada migratoria hacia Costa Rica. Alegó que algunos agentes fueron identificados y repatriados a Nicaragua, y denunció atentados contra opositores ejecutados con un modus operandi similar al que acabó con su vida.
Horas después del homicidio, este medio reveló que Samcam había alertado a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) sobre esas vigilancias. La propia DIS confirmó que en 2019 recibió una denuncia suya acerca de células de inteligencia nicaragüense operando en Costa Rica, aunque aseguró que no se aportaron pruebas suficientes.
La entidad alegó que su competencia se limita a orientar a las personas para que interpongan la denuncia formal ante la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Poder Judicial.
Sin embargo, la Ley N.° 7410 establece que la DIS también tiene la obligación de detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente de la República o al Ministro de la Presidencia información sobre riesgos para la independencia, la integridad territorial o la estabilidad del país.
Aun así, no hay constancia de que se investigara la denuncia de Samcam. Tras el crimen, CR Hoy confirmó que la DIS encendió las alarmas internas y realizó diligencias paralelas a las del OIJ.
