Hotel Punta Leona recurrirá a vía legal tras orden de demolición de construcciones en Playa Blanca
La administración del Hotel Punta Leona afirmó que recurrirá a acciones legales para proteger sus propiedades, luego de que la Municipalidad de Garabito solicitara la eliminación de algunas construcciones que, presuntamente, estarían invadiendo el espacio público.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, los encargados del reconocido hotel ubicado en Playa Blanca, señalaron que "todas las edificaciones e infraestructura que se pretende intervenir están dentro de propiedad privada" y que cuentan con la documentación técnica, jurídica y registral necesaria para "demostrar la legitimidad de sus derechos".
"Cualquier acción arbitraria en este contexto podría acarrear consecuencias civiles, penales y administrativas, tanto a título institucional como personal, para quienes la ejecuten o respalden. Quienes promuevan estas acciones pueden tener la certeza de que se utilizarán todos los mecanismos legales disponibles para proteger las propiedades, tomar acciones y asegurar que no se permita ningún tipo de violación a la ley. Nuestro compromiso con la seguridad jurídica, la paz social y el desarrollo sostenible del país es inquebrantable", añade el comunicado.
Asimismo, reiteraron su disposición al diálogo con el municipio e hicieron un llamado al "respeto de la legalidad, la convivencia democrática y la seguridad jurídica, elementos esenciales para el bienestar de las comunidades, el desarrollo económico local y la confianza en nuestras instituciones".
El caso
Según denunció la administración de Punta Leona, el pasado 2 de julio, el alcalde de Garabito, Francisco González, se presentó en el sitio y, en un primer momento, aparentemente pretendió que se derribara una aguja que estaría colocada en la propiedad privada del hotel y de terceros, sin que en apariencia mediara un procedimiento administrativo.
"Se le informó que no se procedería conforme a sus intenciones, y mucho menos sin que existiera una orden formal, pues se trataba de propiedad privada. Cualquier intento de violentar o quitar la aguja iría en contra del derecho a la propiedad privada, por lo que se advirtió que se respondería legalmente a tales actos", añade el comunicado.
Ante esta negativa, el alcalde habría cambiado su posición y solicitado ingresar para realizar una inspección municipal en una infraestructura ubicada dentro del terreno. Durante dicha inspección —según detalla la administración del hotel— el funcionario manifestó verbalmente, y sin documentación legal que respaldara sus intenciones, que otorgaba un plazo perentorio de ocho días para remover construcciones en áreas que él insistía en calificar como "públicas", aunque se trataría de propiedad privada debidamente inscrita.
La administración del hotel advirtió que "cualquier intento de ingresar por la fuerza o de demoler edificaciones" por parte del gobierno local violaría el artículo 45 de la Constitución Política, el cual establece:
Artículo 45. La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública, podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.
La posición de la Municipalidad
Consultado por este medio, el alcalde de Garabito aseguró que la visita se realizó de manera respetuosa y que el objetivo era ingresar al área pública para determinar cuánto espacio estaría siendo ocupado.
"En ningún momento llegamos con tractores, martillos, maquinaria ni mazos. No fuimos a demoler ninguna aguja. Llegamos con todo el respeto. Más bien, ellos se mostraron un poco agresivos, pero nosotros somos la autoridad. No teníamos que botar nada. Ellos debían abrir, como lo hicieron, y permitirnos ingresar al área pública, que era lo que buscábamos en ese momento: conocer, ver qué había ahí y determinar si era prudente medir o si era fácil detectar cuánto estaba ocupado", afirmó.
El alcalde explicó que será necesaria la intervención del equipo topográfico de la Municipalidad para determinar hasta dónde llegan los 50 metros de la zona pública, ya que, según indicó, "ni ellos saben dónde empieza su propiedad, porque parece que todo es una sola zona".
Añadió también que la intervención forma parte de un proceso para liberar el espacio público dentro de la zona marítimo-terrestre, conforme a lo establecido por la Ley 6043, conocida como Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre, en distintos puntos del cantón, como Guacalillo, Herradura y Playa Blanca.
"Es un mandato de la Ley 6043, que indica que estos espacios deben ser públicos. No hace falta que alguien denuncie, pero sí existen bastantes quejas de ciudadanos preguntando por qué esa playa está privatizada, principalmente por qué no tiene acceso. La ley dice que no solo deben ser públicos estos 50 metros, sino también accesibles para cualquier persona", enfatizó.
Asimismo, González informó que el plazo otorgado al hotel para atender la solicitud vence el próximo jueves 10 de julio. De no cumplirse, el gobierno local evaluará si procede con la demolición o si se acuerda otra forma de acceso.
"Por ser dueños de una finca que rodea el acceso, tienen por ley que permitir el paso. Además, construyeron una calle en el área pública. Entonces también se debe revisar por qué construyeron esa vía, que claramente debió hacerse sin permiso. Y bueno, básicamente negociar si la usamos todos o si se demuele, porque si la quieren con fines privados, no puede pasar por el área pública", concluyó.
La intención de estas acciones, según el municipio, es liberar el espacio que estaría siendo ocupado de forma indebida y garantizar el libre acceso de cualquier persona a la playa.
