Industriales piden a Aresep revisar gastos no esenciales en solicitud tarifaria del ICE
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) hizo un llamado este martes a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para que, en el análisis de la solicitud tarifaria de ajuste ordinario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para 2026, se excluyan de las tarifas todos los gastos que no sean estrictamente necesarios para la prestación del servicio público.
De acuerdo con la propuesta presentada por el ICE, con respecto a las tarifas ordinarias actuales, el sistema de generación sufriría un incremento del 50,46 %, el sistema de transmisión, un 23,16 %, y las tarifas para usuarios finales (sistema de distribución), un 25,23 %.
Para la CICR, estos aumentos, a todas luces, resultan desproporcionados, y se debe recordar que aún está pendiente resolver el efecto del Costo Variable de Generación (CVG) que, según ha mencionado la Aresep, podría abaratar las tarifas.
"El sector productivo no soporta más presiones sobre su competitividad. El tipo de cambio apreciado, los aranceles, las altas cargas sociales y la infraestructura deficitaria ya limitan la capacidad de competir de las empresas. Por eso, el precio de la energía —como lo confirma nuestra más reciente Encuesta de Perspectivas Empresariales 2025— es un factor crítico que debe manejarse con prudencia y visión de país", afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias.
En su análisis, la CICR argumentó que varios costos y gastos que respaldan la propuesta del ICE muestran crecimientos desproporcionados.
Entre ellos, solo en la creación de nuevas plazas, el ICE solicita 91 puestos adicionales entre los sistemas de generación y distribución, lo que representaría un costo adicional de ¢2.725 millones.
La CICR también identificó incrementos significativos en varios rubros del gasto operativo, como los gastos administrativos, los costos comerciales y el reconocimiento de la depreciación, entre otros.
La Cámara reiteró su preocupación por el tratamiento contable de la depreciación de activos, que implica que los usuarios terminen pagando hasta cinco veces el valor original de los activos revaluados, un tema ya señalado en 2024 y sobre el cual la Aresep aún no ha emitido un criterio definitivo.
Según los propios datos del ICE, la depreciación y la utilidad operativa del sistema de generación alcanzarían los ¢274.338 millones, equivalentes al 19 % de la deuda total del sistema (¢1.456.458 millones). Esto significa que, si esos ingresos se destinaran únicamente a amortizar deuda, el ICE podría pagar la totalidad de sus pasivos en poco más de cinco años, lo que no parecería razonable si las deudas son de largo plazo.
En este contexto, la CICR reiteró que, conforme a la ley, la Aresep no debe reconocer en las tarifas aumentos desproporcionados ni gastos que no estén vinculados directamente con la prestación del servicio regulado.
Los industriales solicitaron a la Aresep que asegure la aplicación estricta del marco regulatorio, promueva la eficiencia institucional y proteja al consumidor final, evitando aumentos desproporcionados o que no respondan a una necesidad técnica o de servicio esencial.