Infocoop aceptó contratos de café inservibles como garantía de millonario crédito

Otra vez el buen uso de recursos públicos de parte del Instituto Costarricense de Fomento Cooperativo (Infocoop) queda en entredicho.

El Instituto aceptó ampliar en ¢400 millones una línea de crédito revolutiva a solicitud de la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Productores de Café de San Vito (Cooprosanvito R.L.) tomando como garantía solo los contratos de café de la cosecha 2017-2018.

Ese aval quedó en el aire apenas en los albores del 2019. El 4 de enero pasado, el Consejo de Administración de la cooperativa comunicó al Infocoop mediante el oficio SG-001-2019 que no cumpliría con el pago correspondiente por contratos de café pues cerró su beneficio y, por lo tanto, dejó de recibirles a sus asociados el producto de la cosecha que el Infocoop aceptó como respaldo para ampliarle el crédito a la empresa.

Cooprosanvito, entonces, comunicó al Infocoop que no iba a cumplir con los contratos de café cedidos como garantía para obtener la ampliación del crédito.

Según consta en el oficio AT-180-2019 dirigido el 4 de marzo del 2019 por Sergio Salazar, gerente de Asistencia Técnica, al director ejecutivo a. i. del Infocoop, Gustavo Fernández, durante una reunión con personeros del Infocoop, realizada el 28 de febrero, los representantes de la cooperativa adujeron obligaciones legales y compromisos adquiridos como el motivo de la cesación de pagos y cierre del beneficio cafetalero.

En esa cita estuvieron presentes por el Infocoop, además de Fernández, el subdirector ejecutivo, Francisco Guillén, Alejandro Jiménez, gerente de Financiamiento y Jorge Vindas, ejecutivo de Asistencia Técnica. Quienes representaron a la cooperativa fueron su presidente, Víctor Mora, Berny Acuña, gerente interino y Marvin Sibaja, uno de sus  directores. En la reunión estuvo la estructura de control de la cooperativa, conformada por  Melvin Bermúdez, representante técnico del Infocoop en el Consejo de Cooprosanvito, y por Noemy Leiva, la auditora de la cooperativa.

El incumplimiento anunciado en enero por Cooprosanvito es el corolario de una larga lista de incumplimientos de la empresa—en participación asociativa con Infocoop desde el 2006—, los cuales pasó por alto la junta interventora designada por el gobierno pasado desde febrero del 2017.

Dicho órgano fue el que autorizó en junio del 2017 la ampliación de la línea de crédito revolutiva en ¢400 millones a pesar de que la Auditoría Interna del Instituto advirtió de que Cooprosanvito estaba en "riesgo alto" de incumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Los interventores tampoco ponderaron que Cooprosanvito tenía pendiente aún un saldo de ¢167 millones del crédito que había recibido para financiar la compra de la producción de café de Coto Brus del 2016, ni las señales de insolvencia que dio en el 2017 al solicitar un préstamo para capital de trabajo de ¢50 millones a 25 años plazo, que fue avalado exactamente durante la misma sesión en la que se engrosó la línea revolutiva de crédito. En ese momento el saldo pendiente de Cooprosanvito con el Infocoop ascendía a ¢3.524 millones.

De ese total, ¢1.000 millones están respaldados con contratos de café y pagarés. El resto está cubierto hasta en un 80% por un fideicomiso de garantías que se compone de bienes de la cooperativa.

Nivel de riesgo no importó

En el acta N.° 16 de la junta interventora, sesión realizada el el 9 de junio del 2o17, consta que fue el gerente de Financiamiento, Alejandro Jiménez, quien expuso el caso sin advertir del riesgo que implicaba aceptar los contratos de café como respaldo de garantía para ampliar la línea de crédito en ¢400 millones.

Además, el nuevo crédito se otorgó a pesar de que el auditor interno del Instituto, Guillermo Calderón, hoy suspendido producto de un proceso administrativo, advirtió que la cooperativa tenía un déficit de ¢95 millones a esa fecha, además de hacer énfasis en el saldo pendiente con el Infocoop de los ¢167 millones de la cosecha del 2016-2017. El funcionario alertó además de que Cooprosanvito estaba en un nivel de riesgo alto.

Era notorio, también, que la empresa cafetalera había tenido que refinanciar sus operaciones con el Instituto, incluso durante el periodo de gracia que la entidad le había otorgado para que empezara a pagar el monto principal más intereses.

La junta interventora pasó por alto, además, la advertencia que hizo la asesora legal del Infocoop, Cristina Solís, durante esa misma sesión del 9 de junio del 2017. La funcionaria alertó que los contratos de café que se iban a poner a responder por los ¢400 millones eran una "garantía de difícil ejecución".

Entonces, la asesora le recomendó a la junta interventora que solicitara a la cooperativa otra garantía, en ese caso, la firma de un pagaré adicional con fianza solidaria del Consejo de Administración por el monto del crédito.

Durante la sesión en la que se aprobó el nuevo financiamiento, Luis Emilio Cuenta, uno de los interventores que había designado el entonces presidente, Luis Guillermo Solís, reconoció el alto riesgo en que incurría el Infocoop.

Sin embargo, justificó la decisión: "El directivo Luis Emilio Cuenca Botey manifiesta que el crédito es de alto riesgo, lo saben, cree que aquí esta junta interventora tiene que estar consciente de eso, los recursos del Infocoop no son de intermediación y son para tomar riesgos alto (sic)", se lee en el acta de la sesión.

Desembolsos no se detuvieron

A pesar de las falencias en las garantías que aceptó el Infocoop, a la empresa cooperativa se le siguieron haciendo giros de la línea revolutiva.

Esto, a pesar de que la auditora de Cooprosanvito, Noemy Leiva, afirmó que la estructura de control de la cooperativa, conformada por ella y por el funcionario técnico del Instituto, Melvin Bermúdez, advirtió al Infocoop desde el 25 de setiembre del 2018 que "por los niveles de café que estaban llegando a la cooperativa el organismo no podría cumplir sus compromisos", se puede leer en el oficio AT-180-2019.

Posterior a esa fecha, el Instituto hizo tres giros a Cooprosanvito: el 27 de setiembre le depositó ¢35 millones, el 8 de octubre ¢132 millones y el 9 de noviembre del 2018 le transfirió ¢22.6 millones para un total cercano a los ¢190 millones, es decir, casi la mitad de la línea revolutiva de ¢400 millones.

Sin embargo, a pesar de las evidencias, Gustavo Fernández defendió el actuar del Infocoop: "La línea revolutiva fue desembolsada previa verificación de que existieron los respaldos materiales y técnicos en su momento, como lo fueron por ejemplo los contratos de café. Finalmente en noviembre pasado se detuvo el desembolso correspondiente respondiendo a las alertas de la estructura de control y en total resguardo de los recursos públicos".

Hoy el saldo de la deuda respaldada con contrato de café y posteriormente con pagarés asciende a ¢569.4 millones.

CRHoy.com le consultó a Fernández sobre el proceso que tuvo el crédito y porqué el Instituto no atendió las advertencias que hizo la Auditoría Interna y la Auditoría de Cooprosanvito, entre otros aspectos, como si ya la institución ordenó la ejecución de los pagarés que firmaron los miembros del Consejo de Administración de Cooprosanvito.

Sin embargo, el funcionario dijo que las consultas eran muy específicas y optó con contestar generalidades sobre la relación entre la cooperativa y la institución que dirige.

Entre otras cosas, agregó que el rango de participación asociativa le confiere a Cooprosanvito "un trato prioritario" dentro del Infocoop. Agregó que algunas de las irregularidades existentes en la administración de la cooperativa han sido investigadas durante la intervención del Instituto, que cumplirá dos años y cuatro meses en junio próximo.

¿Negligencia?

Al menos dos hechos hacen constar que la jerarquía administrativa del Infocoop encabezada por Fernández actuó con negligencia al no atender oportunamente el anuncio de cierre de operaciones del beneficio cafetalero de Cooprosanvito y el consecuente impago de su deuda con la institución.

Según el oficio AT-180-2019, durante la reunión del 28 de febrero en la sede del Instituto en Calle 20, San José, los miembros de Cooprosanvito comunicaron que el 19 de febrero pasado el Consejo tomó el acuerdo de solicitar la ejecución total del fideicomiso de garantía que tiene Cooprosanvito con Finacio  "ante la falta de respuesta por parte del Infocoop relacionado con la nota enviada el 4 de enero anterior".

En el mismo documento se reseña que el representante institucional del Infocoop en la cooperativa, Melvin Bermúdez, señaló al director ejecutivo, Gustavo Fernández que "le pareció muy extraño" que el Instituto no reaccionara ante el acuerdo del Consejo de Administración sobre la decisión de no pagar la línea de café pendiente.

Bermúdez confirmó en ese momento lo dicho por la auditora de Cooprosanvito, respecto de que la estructura de control advirtió a Fernández, al subdirector, Francisco Guillén, y al gerente de Financiamiento, Alejandro Jiménez, que los contratos de café no alcanzarían para poder pagar la línea de crédito para financiar la cosecha 2017-2018 y, mucho menos, la anterior.

Aun en ese panorama, ese 28 de febrero, Gustavo Fernández adquirió el compromiso con los representantes de Cooprosanvito de que mientras él fuera director ejecutivo del Infocoop "no se embargarían productores", contradiciendo a Jiménez, quien antes había advertido que al ser "inorgánicos" los contratos de café, es decir, sin validez para servir de garantía, el Infocoop se vería en la obligación de ejecutar el pagaré que firmaron los miembros del Consejo de Administración de la empresa.

Un presunto delito

En todo el manejo de los recursos que facilitó el Infocoop a Cooprosanvito subyace un posible delito, que incluso advirtió Alejandro Jiménez en la reunión con los personeros de la cooperativa, como consta en el oficio AT-180-2019.

Para enfrentar la mala situación financiera y el cierre del beneficio cafetalero, la cooperativa utilizó recursos provenientes de la línea revolutiva, destinada a financiar la cosecha, para cancelar las prestaciones laborales al personal que iba a despedir producto del cierre del negocio cafetalero.

"Al no pagar la línea de café con estos contratos de café que están pendientes de pago, indica Jiménez (Alejandro) que los miembros del del Consejo (de Administración) se exponen a una demanda penal, por el desvío de fondos públicos y querer utilizar (sic) esos recursos para pagar pendientes a los productores", recalcó el funcionario, según la minuta de la cual este diario digital tiene una copia.

Cuando reprochó la inacción del Infocoop ante el cierre de operaciones y consecuente impago de Cooprosanvito, el asesor técnico, Melvin Bermúdez, también hizo mención al presunto uso del crédito para un fin que no estaba contemplado en su formalización.

"Indica (Bermúdez) que le pareció muy extraño que el Infocoop no reaccionó ante el acuerdo del Consejo de Administración sobre la decisión de no pagar la línea de café pendiente y por el contrario decidir pagar a los productores, dado que eso, a todas luces, es un desvío de fondos públicos", dice el mismo documento oficial.

Gobierno se enteró tarde

Según el viceministro de Trabajo, Luis Diego Aguilar, subcoordinador de la junta interventora del Infocoop, ese órgano se enteró hasta el 7 de febrero pasado del cierre de la operación cafetalera de Cooprosanvito, más de un mes después de que la cooperativa envió el oficio al Instituto advirtiendo sobre su mala situación.

Ese día, agregó, la junta escuchó los informes sobre el caso que tenían el Departamento de Asistencia técnica y la estructura de control del Infocoop en los que se destacaron aspectos como la inviabilidad de la operación de la empresa y la debilidad de las garantías deficientes, específicamente sobre los contratos de café que se dieron en consignación.

En la sesión del 14 de marzo, la junta tomó el acuerdo de instruir a la Dirección Ejecutiva para que dé continuidad al proceso de recuperación de los fondos públicos que facilitó Infocoop, que mantenga la estructura de control vigente, el desarrollo de un programa de trabajo y seguimiento de los productores de la zona de Coto Brus para que se les cancelen los montos adeudados por Cooprosanvito.

"La junta tomó el acuerdo de solicitar a la Auditoría Interna, en su función asesora de la junta interventora, realizar una investigación administrativa desde los orígenes para establecer las responsabilidades, ante todo por los fondos públicos involucrados. Es del mayor interés de la junta dilucidar el accionar del Instituto y la cooperativa a partir de la investigación instruida a la Auditoría Interna para no solo sentar las responsabilidades pertinentes en torno a la utilización de fondos públicos, sino también para generar las lecciones aprendidas que permitan perfeccionar el mecanismo de participaciones asociativas a futuro", agregó Aguilar.

CRHoy.com también preguntó al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, sobre las acciones que tomará la junta interventora y el gobierno de Carlos Alvarado tras revelarse la cadena de presuntas irregularidades en el otorgamiento y uso del crédito a Cooprosanvito. El ministro es quien coordina la junta interventora que nombró el mandatario al ampliar el control del Poder Ejecutivo sobre el instituto hasta junio próximo.

Al respecto, el titular del MAG indicó que la intención de las pesquisas que se ordenaron a la Auditoría Interna es documentar todo el proceso para determinar las causas y responsabilidades.

Sin embargo, declinó profundizar más sobre asuntos como el futuro de los funcionarios administrativos que ignoraron la alerta que envió Cooprosanvito en enero pasado, o acerca de las responsabilidades que podrían enfrentar los miembros de la anterior junta interventora al aceptar una garantía tan débil como los contratos de café para respaldar un millonario crédito.

"Por ahora no quisiera ampliar detalles hasta tener el estudio más amplio y valorarlo con los otros miembros de la junta interventora y tomar la mejor decisión que permita la recuperación de los recursos públicos y, a la vez, recuperar la angustiosa situación que están pasando las familias asociadas a la cooperativa", se limitó a decir Alvarado.

El Infocoop se financia con el aporte anual del 10% de las ganancias de los dos bancos públicos, el Nacional y el de Costa Rica. Entre el 2014 y el 2018 esos intermediarios financieros le giraron al Instituto un total de ¢38.633 millones.

Actualmente la cartera de créditos neta del Instituto asciende a los ¢106.047 millones y su patrimonio total es de ¢125.507 millones.

Actualmente el Ministerio Público maneja la tésis de que durante la última década el Instituto fue manejado por una presunta "red criminal" que utilizó la cartera de créditos para beneficiar a cooperativas afines a los supuestos cabecillas de ese grupo, con fines políticos, y si ocurrieron perjuicios contra otras cooperativas rivales que no pudieron acceder a préstamos.

Las investigaciones iniciaron casi de inmediato el gobierno de Luis Guillermo Solís ordenó la intervención del Infocoop, en febrero del 2017 y todavía no presentan ningún avance. Por ese caso, el Ministerio Público imputó a seis personas.

El Infocoop contrató una auditoría forense para determinar el presunto perjuicio financiero que esa supuesta "red criminal" le causó al Infocoop. No obstante, entre los legajos que el Infocoop le aportó a la firma consultora KPMG no figuró ninguno que tuviera relación con los supuestos errores y malos manejos administrativos de la empresa Cooprosanvito R.L.