Información incompleta impidió a Sugef revisar datos clave de directivos del BN nombrados por Chaves
Además de identificar falta de idoneidad, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) encontró indicios de conflicto de intereses al revisar los atestados de los miembros de la junta directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BN) designada por el mandatario Rodrigo Chaves Robles y su Consejo de Gobierno.
Esta fue la cúpula que ejerció durante cuatro meses las decisiones más importantes de la entidad financiera más grande del país, luego de que el Poder Ejecutivo removiera de forma irregular a la anterior junta para instalar nuevos directores.
Los directivos designados por el Gobierno fueron removidos la semana pasada, cuando la Sala Constitucional anuló la destitución de la junta previa y la restituyó el viernes 10 de octubre. Un día antes de este fallo, la Sugef emitió la resolución SGF-2167-2025.
En ella constató que al menos cuatro directivos chavistas no cumplían con los requisitos mínimos de idoneidad por falta de experiencia. No obstante, también detectó posibles conflictos de interés de otros miembros.
Aunque no se aportaron datos suficientes para un análisis más profundo, la Sugef sí identificó situaciones que podían poner en riesgo las decisiones tomadas por esta junta temporal.
"5. Respecto a la Dedicación de tiempo y a la Prevención de conflictos de interés, la información aportada resulta limitada. Aunque los miembros declararon contar con disponibilidad suficiente y ausencia de conflictos, no se presentó evidencia exhaustiva que permita verificar la totalidad de los cargos ejercidos, ni la magnitud de la dedicación de tiempo requerida para cada uno de ellos. Además, se identificaron casos en los que no se configura la independencia plena, en tanto que algunos directores han ocupado cargos relevantes en la entidad en periodos cercanos a su designación, lo que compromete en cierta medida la objetividad en la toma de decisiones.
Faltó más información
La superintendencia también evaluó la honestidad e integridad de estos directivos afines al Gobierno y constató que los miembros cumplían con lo establecido en el reglamento. Sin embargo, Sugef no pudo verificar el récord crediticio por completo, porque no se proporcionó la información.
"La documentación remitida no permitió verificar de manera completa los aspectos relacionados con la revisión crediticia y con el cumplimiento de la Ley 8204, lo cual representa una debilidad en la trazabilidad y exhaustividad de la verificación. Aun así, de la revisión realizada no se identificaron motivos objetivos que pongan en duda la ética o integridad de los miembros evaluados", dicta la resolución.
En la evaluación de idoneidad no se remitieron ni los atestados ni el expediente completo del director Javier Francisco Zúñiga Moya, lo que limitó el alcance de la revisión realizada por la Superintendencia.
"La ausencia de documentación completa del expediente de Javier Francisco Zúñiga Moya impide considerar cerrada la evaluación de idoneidad, lo que genera una contingencia regulatoria que debe resolverse a la mayor brevedad", advirtió la superintendente.
La resolución señala claramente que cuatro exmiembros de la junta directiva del Nacional no cumplían con la idoneidad necesaria para el cargo.
El principal problema radicaba en la falta de experiencia práctica y profesional de algunos directores, situación que limitaba la capacidad colectiva de gestión prudencial de la junta. En cuanto al criterio de experiencia, se identificaron las principales debilidades del proceso.
Los directores Noylin Cruz Suárez, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Rolando Saborío Jiménez no cumplían los umbrales mínimos establecidos en el artículo 5 del Acuerdo CONASSIF 15-22, que regula el perfil que deben cumplir los altos mandos de entidades financieras.
Además, la Sugef también encontró deficiencias en la formación profesional de estos directivos. Según la resolución, en cuanto a la idoneidad conjunta de la cúpula, existía una brecha relevante en materia de experiencia, lo que limita la capacidad colectiva del órgano para responder a los retos prudenciales y estratégicos de una entidad de importancia sistémica.
La División de Supervisión I de la entidad supervisora estuvo a cargo del estudio técnico que fundamentó la resolución de la superintendenta Hazel Valverde Richmond, dictada el jueves 9 de octubre. No obstante, la Auditoría del Banco también identificó falencias.
"La Auditoría Interna del BNCR señaló, en su oficio AG-D-55-2025 de 02 de setiembre de 2025 (Refiérase al oficio N°00103) limitaciones en la metodología aplicada para acreditar la experiencia, incluyendo la ausencia de parámetros claros de verificación y de evidencia externa, lo que afecta la robustez del proceso."
Por ello, la Sugef señaló al Banco que debía fortalecer de manera imperativa la metodología de evaluación de idoneidad, incorporando criterios más rigurosos, mecanismos de trazabilidad documental y procesos de verificación externa que aseguren objetividad y transparencia en el cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo.
El artículo 3 del Acuerdo CONASSIF 15-22, vigente, que contiene el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades y empresas supervisadas, establece explícitamente que, en caso de una situación así, el órgano de dirección debe informar al órgano decisor del nombramiento o remoción, para que, luego del debido proceso, se tomen las acciones correspondientes.
Esto no ocurrió, ya que menos de 24 horas después la Sala IV restituyó a los directivos anteriores, dejando sin efecto los nombramientos de quienes no cumplían los requisitos.
Todos ellos ya fueron removidos a raíz de la resolución de la Sala Constitucional, que ordenó reinstaurar a los siete exdirectivos destituidos por la Presidencia el 28 de mayo, tras un cuestionado procedimiento disciplinario.
El entonces vicepresidente Stephan Brunner promovió la destitución debido al desacuerdo del Gobierno con el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general de la entidad, efectuado el 3 de septiembre de 2024.
El Poder Ejecutivo procedió con las destituciones sin contar con el informe de la Sugef, requisito establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ese mismo 28 de mayo, tras cesar a los exdirectivos, el Consejo de Gobierno nombró una junta directiva temporal, la cual fue juramentada por Chaves Robles en menos de dos horas.
Seis de esos directivos temporales fueron ratificados de forma definitiva por el Consejo de Gobierno el 21 de agosto. Posteriormente, la Sala IV dio la razón a varios recursos interpuestos contra el actuar del Gobierno y ordenó reinstalar a los destituidos en mayo.
CR Hoy solicitó a Casa Presidencial la postura del mandatario Rodrigo Chaves Robles sobre la resolución que confirmó que la falta de idoneidad de Cruz, Solórzano, Chaves y Saborío.
También se pidió conocer por qué razón designaron a estas personas que no cumplían y quién los recomendó o de dónde se determinó su designación, pero al cierre de esta publicación no se ha obtenido respuesta.