Informe de la OEA destaca posible filtración del narco en financiamiento de partidos en la última campaña
El Primer Informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) en Costa Rica, sobre las Elecciones Nacionales 2026, advirtió una preocupación por la posibilidad de que el narcotráfico se haya infiltrado en el financiamiento de algún partido político en la contienda que ganó Laura Fernández Delgado el pasado domingo.
El reporte, divulgado este martes, desarrolla varios hallazgos que la misión recopiló mediante entrevistas con personas involucradas en la campaña electoral, la cual concluyó el 1.º de febrero con los comicios nacionales.
La MOE-OEA alertó que, aunque las elecciones se desarrollaron en un contexto democrático, persisten desafíos históricos vinculados con la inequidad del sistema de financiamiento político-electoral vigente en Costa Rica.
"A esto se suman los diversos relatos recibidos por la Misión de preocupación sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico, así como de financiación prohibida proveniente del extranjero, en la competencia política", señala el informe.
La MOE/OEA ya había advertido sobre esta problemática durante las elecciones municipales de 2024, tras realizar labores de observación antes, durante y después de la jornada electoral.
Uno de los principales aspectos que la misión considera necesario vigilar son los reembolsos postelectorales que reciben los partidos políticos, conocidos como deuda política. Este mecanismo predomina en el proceso electoral del país, pese a que también existen aportes mediante créditos bancarios.
La mayor preocupación se centra en la compra de bonos emitidos por los partidos políticos como forma de financiamiento.
"Estos reembolsos están condicionados al cumplimiento de estrictos requisitos verificados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto conlleva a una excesiva dependencia en el financiamiento privado, en un sistema que no establece límites a las contribuciones individuales, ni topes de gasto para campañas.
En la contienda actual se destaca la creciente utilización de certificados de cesión de la contribución estatal, también conocidos como bonos, por un monto total cedido autorizado de ₡71.317.500.00038, para las agrupaciones políticas en contienda, muy por encima del monto total de la contribución estatal para las elecciones nacionales, fijado por el Tribunal Supremo de Elecciones en ₡39.292.747.76040", reveló la misión.
El informe también recoge inquietudes expresadas por diversos actores políticos entrevistados durante el proceso electoral, quienes coinciden en que el sistema de financiamiento político-electoral genera profundas condiciones de inequidad.
"(…) estos actores opinaron que la figura de cesión de la contribución estatal, al basarse en la especulación, genera incentivos indeseados para su adquisición. En el contexto de un sistema multipartidista, consideraron que esta figura ya no cumple con el objetivo para el cual fue concebida y tiende a beneficiar principalmente a los financistas privados", agrega el documento.
La MOE/OEA destacó que solo Liberación Nacional, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana accedieron a créditos bancarios, cuya garantía se acordó mediante la colocación de certificados de cesión.
Además, el informe señala que la mayoría de las agrupaciones políticas enfrenta dificultades para acceder a créditos bancarios como mecanismo de financiamiento.
Destacada labor del TSE
La misión resaltó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha impulsado el fortalecimiento de sus capacidades técnicas en fiscalización, auditoría y gestión de la información financiera.
Entre estas acciones figura la propuesta de la Ley para fortalecer el acceso, la equidad y el control del financiamiento de los partidos políticos, ley N.º 10.755, aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2025.
"Este nuevo desarrollo representa un avance significativo en la oportunidad de la rendición de cuentas, el robustecimiento de los mecanismos de control y el régimen sancionatorio. Asimismo, la Misión destaca acciones positivas adoptadas para fortalecer el sistema de financiamiento, como el intercambio interinstitucional de información financiera (implementación del convenio del TSE con Hacienda), la ampliación de acciones de capacitación en la especialidad y la implementación de un módulo web de denuncias, que fortalecen la transparencia y función fiscalizadora".
La misión también constató exigencias estrictas que los partidos deben cumplir para acceder de forma anticipada a un porcentaje de la contribución estatal. En este proceso, tres agrupaciones solicitaron financiamiento anticipado, pero el TSE aprobó únicamente dos solicitudes.
Ante la desigualdad detectada en las condiciones para que todos los partidos cuenten con recursos suficientes para sostener sus campañas, la OEA emitió varias recomendaciones:
• Adoptar un esquema de financiamiento público anticipado, basado en criterios objetivos y equitativos, que garantice recursos oportunos para todos los partidos políticos —nacionales, provinciales y cantonales— y reduzca la dependencia del financiamiento privado.
• Establecer límites individuales a los aportes de personas físicas, así como topes al gasto de las campañas electorales.
• Implementar mecanismos que permitan a los partidos acceder a espacios en medios de comunicación como forma de financiamiento público indirecto, para asegurar la equidad en la difusión de propaganda electoral.
Finalmente, la misión concluyó que existen oportunidades de mejora en materia de equidad mediante proyectos de ley que la Asamblea Legislativa debe tramitar, especialmente en temas de financiamiento político-electoral, rendición de cuentas, presentación de informes partidarios y fortalecimiento del control estatal.
Financiamiento del PPSO
Foto Facebook de Laura Fernández.
Durante las últimas semanas previas a la elección, el TSE abrió una investigación preliminar para obtener más detalles del origen de los fondos con los que los hermanos y empresarios de origen hondureño, Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler, financiaron la campaña de la candidata Laura Fernández Delgado.
Entre ambos aportaron ₡123 millones al Partido Pueblo Soberano (PPSO), mediante la compra de bonos de cesión de deuda, serie A, en noviembre del año pasado.
Asimismo, el TSE solicitó un informe de solvencia económica a un empresario de servicios y dispositivos médicos identificado como Alejandro Vargas Fuentes adquirió 30 certificados de cesión por ₡1 millón cada uno, según el reporte entregado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por parte del Partido Pueblo Soberano (PPSO) con corte al 30 de noviembre.
También están indagando la procedencia de los fondos de un comerciante de Ciudad Quesada, en San Carlos, identificado como Eric Retana Alpízar alias Panamá, cuyos hijos son investigados por narco y tentativas de homicidio. Este seguidor de la candidata Laura Fernández adquirió un bono de ₡1.000.000.
Además de ellas existen dudas sobre otros tres casos, todos dados a conocer por CR Hoy.