Informe mundial resalta supuesto caso de soborno de Chaves y vínculos de alcaldes y congresistas con criminales

El Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), por sus siglas en inglés, detalla un supuesto soborno del presidente Rodrigo Chaves y presuntos vínculos de diputados y alcaldes con el crimen organizado, junto con el tráfico de cocaína, como parte de las causas de que Costa Rica se encuentre entre los 22 países peor calificados.

El informe no detalla de qué caso en específico se refiere.

"La investigación en curso sobre las acusaciones de soborno que involucran al presidente ha puesto aún más de manifiesto las vulnerabilidades existentes en la gobernanza. Si bien el gobierno continúa destinando recursos para combatir el crimen organizado, la corrupción en múltiples niveles ha obstaculizado la aplicación efectiva de la ley y la regulación. El proyecto de ley Jaguar, que busca reducir las facultades de supervisión de la Contraloría General de la República, ha sido criticado como un posible retroceso en los esfuerzos anticorrupción".

El único caso que podría relacionarse con lo que detalla el índice es la investigación penal que existe contra el Presidente por el caso BCIE-Cariñitos, pues la acusación indica que Chaves habría solicitado favores a Christian Bulgarelli (dinero) para su amigo Federico Cruz (Choreco), a cambio de otorgarle un contrato para manejar una campaña de imagen de Casa Presidencial, siendo la única causa relacionada con un posible soborno.

El estudio internacional señaló que existen informes que confirman los nexos de esos funcionarios con organizaciones criminales, así como los cuestionamientos a Chaves y otros jerarcas, lo que "complica aún más la gobernanza".

El informe expone estos hallazgos en el contexto del manejo de la crisis de seguridad y homicidios que atraviesa el país. Aunque el gobierno ha logrado contener parcialmente la violencia, las disputas entre actores políticos y los poderes del Estado han dificultado una respuesta efectiva.

"El gobierno de Costa Rica se ha comprometido públicamente a combatir el crimen organizado, pero sus esfuerzos han sido objeto de críticas. La actual administración ha impulsado reformas, incluyendo una revisión de la Ley contra el Crimen Organizado para fortalecer los tribunales especializados que atienden casos relacionados con organizaciones criminales.

Sin embargo, los partidos de oposición argumentan que el gobierno carece de medidas efectivas para contrarrestar el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico. Ha surgido una disputa entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y cada entidad atribuye la responsabilidad del aumento de la delincuencia a las demás.

El actual presidente ha criticado frecuentemente al Poder Judicial y al Congreso por no lograr frenar la delincuencia, mientras que la efectividad de las medidas gubernamentales sigue siendo incierta", sostiene el índice.

Aunque Costa Rica continúa siendo reconocida como una democracia con gobernanza sólida, las investigaciones sobre tráfico de influencias, corrupción y abuso de poder han afectado la credibilidad del gobierno.

"Si bien Costa Rica mantiene sólidos indicadores de gobernanza, las limitaciones en la capacidad institucional han obstaculizado la coordinación efectiva necesaria para combatir el crimen organizado".

El documento también resalta el sólido marco legal del país contra la corrupción, junto con las iniciativas públicas y privadas que buscan reforzarlo. Sin embargo, el estudio advierte que persisten deficiencias, especialmente en los requisitos de divulgación financiera de los funcionarios y en la transparencia de los permisos de minería e infraestructura.

Puntos positivos y aspectos por mejorar

Entre los avances más destacados se mencionan:

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y múltiples tratados de extradición con Estados Unidos, México y Colombia.
• Acuerdos bilaterales para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero con Argentina, Chile, Panamá y otros socios regionales.
• Fondos de Estados Unidos destinados a mejorar la infraestructura digital para la lucha contra el narcotráfico.
• Cooperación fortalecida con la Unión Europea en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
• Presencia permanente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para colaborar en la seguridad fronteriza, incluyendo la instalación de escáneres en puntos de entrada clave.
• Cooperación regional con Panamá y Nicaragua, enfocada en mejorar la vigilancia fronteriza, aunque persisten desafíos en el control del contrabando y el comercio ilícito.
• Leyes contra el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.
• Implementación de una estrategia nacional para fortalecer la seguridad pública, aunque persisten dudas sobre su efectividad.

A pesar de estos avances, el índice advierte que Costa Rica aún no adopta una ley de decomiso similar a las de Panamá y Colombia, herramienta que fortalecería los esfuerzos para desmantelar redes criminales transnacionales.

"A pesar de este marco institucional, Costa Rica sigue enfrentando importantes desafíos en la lucha contra el crimen organizado. La persistente escasez de recursos y personal limita la capacidad de la Policía Nacional (Ministerio de Seguridad Pública) para responder eficazmente al crecimiento de los mercados criminales, en particular el narcotráfico y la violencia asociada.

Si bien la confianza pública en las fuerzas del orden se mantiene relativamente alta, estas limitaciones han restringido la eficacia general de las labores policiales. En respuesta, el gobierno ha propuesto una importante ampliación del cuerpo policial, con el objetivo de incorporar hasta 9.500 agentes. Como complemento, se han puesto en marcha operativos específicos, como el «Operativo Pacífico», en zonas propensas a la violencia, como Puntarenas, para desarticular pandillas y reducir la delincuencia".

El informe también incluye un apartado sobre el grave hacinamiento en el sistema penitenciario, que alberga cerca de 15.000 privados de libertad en espacios diseñados para 13.000 reos.

A esto se suman las denuncias de tortura, la falta de fondos penitenciarios y las dificultades para garantizar condiciones humanas a las personas detenidas.