Informe: Privados de libertad reciben la comida fría, sucia, mal cocinada y sin buen sabor

Las autoridades investigan penalmente las condiciones en la alimentación de privados de libertad en la sección de máxima seguridad en La Reforma, después de que una inspección realizada meses atrás por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), órgano adscrito a la Defensoría de los Habitantes, detectara condiciones antihigiénicas.

El informe detalla que, si bien los alimentos suelen salir en condiciones higiénicas adecuadas desde la cocina del CAI, durante el trayecto hacia los módulos se constataron prácticas inadecuadas, las cuales constan en fotografías.

Antes de repartir la comida de manera individual en cada módulo, las bandejas grandes utilizadas para el transporte son registradas por motivos de seguridad —un oficial verifica que no contengan objetos prohibidos—.

En ese proceso, las bandejas fueron colocadas directamente en el suelo, el cual no estaba en condiciones higiénicas apropiadas, y además había gatos rondando en las cercanías. Durante el traslado, la comida también se fue enfriando.

A la hora de repartirla, no se entrega en bandejas individuales proporcionadas por el CAI, sino que cada persona privada de libertad debe usar tazas inadecuadas o, en su defecto, bolsas plásticas para recibir los alimentos.

El informe apunta que las tazas no pueden lavarse de manera correcta, ya que la cantidad de jabón suministrada por el CAI resulta insuficiente.

Además, la última comida del día se entrega cerca de las 4:00 p.m., según los informes semanales, por lo que quienes optan o requieren cenar más tarde —especialmente por razones de salud— deben ingerir los alimentos aún más fríos, lo que incrementa el riesgo de proliferación bacteriana.

En las entrevistas realizadas, los privados de libertad insistieron en que la cantidad de comida es insuficiente y que, con frecuencia, llega fría, sucia, mal cocinada y sin buen sabor. Señalaron también pérdida de peso y falta de atención a dietas medicadas.

El personal penitenciario y la propia población recluida manifestaron su disconformidad con la calidad en la preparación y preservación de los alimentos. El informe advierte que estas condiciones propician contaminación cruzada y recomienda que los platillos sean servidos desde la cocina en bandejas individuales.

"Las condiciones encontradas por el MNPT redundan en un no cumplimiento mínimo de principios de manipulación de alimentos y constituyen un tratamiento indigno para la alimentación de un ser humano", cita el documento, que además recuerda que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que una mala alimentación atenta contra la integridad personal.

Todas estas situaciones forman parte de la investigación a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) del Ministerio Público, tras la denuncia de "aparentes hechos de abuso de autoridad y presunta tortura".

Por este motivo, el exmagistrado, exministro y extraditable Celso Manuel Gamboa Sánchez figura como víctima y testigo en una investigación penal por presuntos abusos de autoridad cometidos por agentes penitenciarios, lo que motivó su traslado este miércoles desde máxima seguridad de La Reforma hacia los Tribunales de San José.

Fapta únicamente precisó que entre los sospechosos figuran funcionarios de la Policía Penitenciaria, sin brindar más detalles debido a que el caso se encuentra bajo investigación.

Otras quejas

La inspección también recopiló otras situaciones que los privados de libertad consideran malos tratos, como la condición de los cubículos en los que se reúnen con sus abogados defensores y la supervisión de oficiales, como consta en fotografías a las que CR Hoy tuvo acceso.

Entre ellos figuran las visitas —familiares e íntimas—, la imposibilidad de contacto con hijos e hijas, las llamadas telefónicas, el acceso a televisores o radios, así como el uso ilimitado de libros, cuadernos y lapiceros.

La directriz DVJ-009-04-2025 redujo el acceso a la visita general a una vez al mes, permitiendo únicamente el ingreso de una persona mayor de edad por un plazo de dos horas. La visita íntima, por su parte, se autoriza si existe un vínculo previamente demostrado y se concede una vez cada dos meses, también por un máximo de dos horas.

Con respecto a las llamadas telefónicas, las personas privadas de libertad solo pueden realizarlas una vez por semana, durante diez minutos. El MNPT advirtió, además, sobre el impedimento para mantener comunicación con el exterior.

Señaló que, en la actualidad, la correspondencia escrita casi no se utiliza, no constituye un método efectivo y para las familias que viven lejos de los centros penitenciarios, el teléfono es el medio idóneo para mantener contacto.

El organismo indicó que esta restricción, impuesta por el Ministerio de Justicia y Paz, reduce las posibilidades de comunicación con familiares, allegados y entidades supervisoras, como la Defensoría de los Habitantes, los juzgados de ejecución de la pena, la Defensa Pública o la Sala Constitucional.

Asimismo, se reportó la eliminación de los comisariatos —pulperías internas—, lo que impide acceder a productos alimenticios y artículos básicos de higiene que el sistema penitenciario no provee.

También se cuestionó la restricción que permitió retirar pertenencias como abanicos, radios y objetos personales —relojes, pulseras, anillos, cadenas—, lo que desencadenó una huelga de hambre de seis días como medida de protesta.

Entre los objetos prohibidos por la directriz figuran aparatos electrónicos, teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, televisores, radiograbadoras, joyas, cosméticos, maquillaje y perfumes.

El MNPT destacó tres aspectos de especial preocupación. En primer lugar, la prohibición de relojes inteligentes derivó en el retiro de cualquier tipo de reloj, aun cuando no entrara en esa categoría. Esta medida afectó la posibilidad de las personas privadas de libertad de ubicarse en el tiempo, ya que tampoco se les facilitó un reloj de pared visible para todos.

Según el informe, la ausencia de este recurso puede generar ansiedad, frustración o problemas de salud en quienes requieren tomar medicamentos en horarios específicos, además de complicar la organización de rutinas diarias.

En segundo lugar, se retiraron abanicos, considerados electrodomésticos, aunque no estaban contemplados en la directriz. La falta de ventilación natural y artificial incrementa la sensación térmica en los módulos, particularmente en zonas de altas temperaturas.

El tercer aspecto fue el retiro de radiograbadoras sin habilitar la opción de radios de baterías, lo que afecta el acceso a información y vulnera la libertad de pensamiento y de expresión. A ello se suma la eliminación de televisores, que priva a los internos de otra vía de conexión con el mundo exterior.

Otra preocupación señalada por el MNPT es la circular 03-2025, que limita a un material de lectura previamente aprobado, un cuaderno cosido de cien hojas y un lapicero transparente por persona. Estas restricciones en cantidad y contenido pueden constituir censura previa y una afectación directa a la libertad de pensamiento y expresión.

En cuanto a la recreación y el deporte, los internos denunciaron el decomiso de implementos que habían fabricado para ejercitarse. Durante la inspección, se observó en el módulo C1 un área techada con bancas tipo gimnasio de madera, aros colgantes y ruedas para trabajo abdominal.

También había una mesa de pingpong y un espacio para lectura o actividades religiosas. En la zona al aire libre se usan marcos y aros para fútbol y baloncesto.

El MNPT verificó, además, que se realizan actividades deportivas fuera del módulo, como partidos de fútbol de unos 40 minutos, con participación rotativa. No obstante, los registros revisados muestran que estas actividades no son constantes y varían según la disponibilidad de personal de custodia.

Las entrevistas y la documentación revisada corroboraron la suspensión de todas las actividades educativas para esta población. La medida afecta programas de alfabetización, primaria, secundaria y bachillerato por madurez, así como cursos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

A esto se suman las restricciones de libros y materiales didácticos, que limitan aún más las posibilidades de formación académica.

La denuncia en cuestión no fue presentada por Celso Gamboa, sino que corresponde a una causa abierta de carácter general sobre la supuesta afectación de 78 privados de libertad recluidos en el Centro Nacional de Atención Específica, conocido popularmente como "máxima seguridad" o "alta contención".

Se prevé que otros internos también sean trasladados a la Fiscalía para exponer la situación. Sin embargo, debido a la complejidad del protocolo de seguridad que implica movilizar a Gamboa, se inició con él.

Por su parte, el Ministerio de Justicia afirmó que no ha recibido notificación oficial de una denuncia como la mencionada.