Ingresos del Gobierno crecen menos que la producción nacional

Los ingresos del Gobierno no solo han desacelerado su ritmo de crecimiento, sino que crecen a un nivel inferior al del producto interno bruto (PIB).

Según el II Informe Macroeconómico 2025: Evolución económica y desafíos fiscales, elaborado por los investigadores Marco Otoya, Allan Quesada e Ivannia Bolaños, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), este comportamiento genera preocupación.

Además, resulta llamativo porque, en condiciones normales, se esperaría que un mayor dinamismo económico se traduzca en incrementos relativamente proporcionales en la recaudación tributaria.

Los investigadores explican que el problema se manifiesta en dos dimensiones. En primer lugar, los ingresos fiscales en términos absolutos se están desacelerando, lo que implica que el Estado cuenta con una menor capacidad de expansión en sus recursos. En segundo lugar, y más preocupante aún, la recaudación crece a un ritmo inferior al del PIB, lo que refleja un rezago en la capacidad del fisco para capturar los beneficios del crecimiento económico.

Los ingresos fiscales como porcentaje del PIB se ubicaron en 6,7 % en 2019, antes de la pandemia; en 2022 crecieron a 7,9 % y en 2025 alcanzan el 7,3 %.

¿Por qué?

De acuerdo con el II Informe Macroeconómico 2025, existen varias explicaciones posibles para este fenómeno.

Una de ellas es el aumento de transacciones poco registradas. Por ejemplo, algunas modalidades digitales o de prestación de servicios móviles podrían estar contribuyendo a un rezago en la recaudación tributaria.

Otra explicación es que el crecimiento económico reciente se concentra en sectores con una menor carga impositiva. De este modo, si la expansión ocurre en actividades que gozan de beneficios fiscales o que se encuentran bajo regímenes especiales, el efecto sobre los ingresos públicos es menos que proporcional.

Esto resulta particularmente relevante en el caso de los regímenes especiales, como el de zona franca, que han mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años, pero cuya contribución tributaria directa es limitada debido a los incentivos fiscales que reciben.

Aunque estos regímenes impulsan el crecimiento y la atracción de inversión extranjera, también plantean el reto de que el aumento de la producción y las exportaciones no necesariamente se traduzca en un incremento equivalente de los ingresos fiscales.

Desaceleración

El informe del Cinpe-UNA señala que los datos recientes muestran una desaceleración generalizada de los ingresos fiscales, con tasas de crecimiento interanual cada vez menores en todas las principales categorías.

Esta tendencia refleja la dificultad de la recaudación para mantener el ritmo de expansión de la economía.

Los dos impuestos más relevantes para efectos de recaudación —el impuesto sobre la renta y utilidades y el impuesto al valor agregado— han tenido una caída significativa en su dinamismo entre 2023 y 2025.

En ambos casos, su crecimiento ha sido inferior al del PIB, lo que explica buena parte de la pérdida de fuerza en los ingresos tributarios.

Aunque en 2023 algunos ingresos se recuperaron debido a la reactivación pospandemia, desde entonces la desaceleración se ha profundizado.

"Esto genera una vulnerabilidad fiscal creciente, pues reduce la capacidad del Estado para contar con recursos frescos y limita el margen de maniobra para sostener la consolidación en el mediano plazo", advierte el análisis.

En este sentido, la preocupación central se concentra en la sostenibilidad del crecimiento de los ingresos públicos.

Los investigadores recuerdan que una economía que se desacelera, combinada con una recaudación que crece aún más lentamente y de forma menos proporcional, limita la capacidad del Estado para atender sus compromisos fiscales y sociales.

Al mismo tiempo, una eventual decisión de gravar en mayor medida a los sectores más dinámicos, como los que operan bajo regímenes especiales, podría afectar negativamente su competitividad y contribuir a una mayor desaceleración de la actividad económica, en especial en un contexto de guerra comercial en el cual estos sectores probablemente sean los más afectados por las medidas arancelarias impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

Si se agrega una carga impositiva interna, la presión sobre dichos sectores aumentaría.

Deterioro

La evolución reciente de los balances fiscales refleja con claridad los efectos de la desaceleración en los ingresos tributarios y los retos estructurales de la política fiscal costarricense.

En 2022, Costa Rica alcanzó un superávit primario equivalente al 2,1 % del PIB, un hecho relevante tras varios años de déficits recurrentes.

Este resultado respondió tanto a medidas de contención del gasto público como a una mejora en la recaudación durante la etapa inicial de recuperación pospandemia y de la reforma fiscal.

Durante 2023 se mantuvo un desempeño favorable, aunque con una reducción paulatina en la magnitud de los superávits.

En 2024 se presentó un mes con balance primario negativo y en 2025 ya se registran dos meses con resultados de este tipo, lo que evidencia una reducción en comparación con los valores observados en 2022 y 2023.

Por su parte, al revisar los datos del déficit financiero al segundo trimestre de cada año, se constata que los avances alcanzados tras la reforma fiscal comenzaron a revertirse.

En 2022 y 2023 se logró una reducción significativa de este indicador; sin embargo, en 2024 y 2025 el déficit financiero aumentó nuevamente frente a los años previos.

Este retroceso evidencia la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante una recaudación débil y un gasto rígido.

En 2025 se observa, no obstante, una ligera reducción en el déficit financiero, asociada principalmente a la disminución del pago de intereses como porcentaje del PIB.

Este alivio se explica en parte por la reducción de las tasas de interés, lo que ha contenido temporalmente el peso del servicio de la deuda.

Sin embargo, debe subrayarse que los intereses continúan representando un componente estructuralmente elevado del gasto público, lo que limita la capacidad del Estado para consolidar una reducción sostenida del déficit financiero.