Iniciativa fortalece la lucha contra la pesca ilegal en Costa Rica

La Federación Costarricense de Pesca Turística (Fecop), en alianza con el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y Humane World for Animals (HWA), llevó a cabo la cuarta edición del curso especializado en detección, investigación y judicialización de delitos relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR).

Más de 30 funcionarios —entre jueces, fiscales, personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) e Incopesca— recibieron formación teórica y práctica enfocada en la aplicación de la Ley de Pesca y la normativa internacional, con el fin de fortalecer la lucha contra la pesca INDNR.

Este año se contó con instructores de la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, Global Fishing Watch, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y Fecop.

En sus cuatro ediciones, esta capacitación ha formado a más de 140 funcionarios, consolidándose como un espacio clave para desarrollar las capacidades necesarias para enfrentar una problemática que genera pérdidas globales estimadas en más de $154.000 millones anuales y que, en Costa Rica, ronda los $84 millones, solo en la pesca de atún y únicamente en el período comprendido entre 2010 y 2015 (único lapso para el que se cuenta con datos).

En otras pesquerías, el impacto de la pesca INDNR se siente fuertemente en los bolsillos de los pescadores artesanales, pero también en la industria de la pesca turística y deportiva.

"Lo más importante de este esfuerzo es la concientización sobre el gran problema que representa la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un fenómeno global que también impacta directamente a Costa Rica", dijo Moisés Mug, director de Ciencia de FECOP.

Mug destacó que los participantes provienen de diversas instituciones de la cadena de justicia —como jueces, fiscales, policías, investigadores del OIJ, Guardacostas y SINAC, entre otros—, lo que permite un enfoque integral.

"Ellos no solo comprenden mejor la legislación y la aplicación de la ley, sino también el lenguaje técnico de las pesquerías, lo que les permite analizar con mayor claridad los casos que enfrentan. Este es el verdadero valor del programa: cómo el conocimiento especializado permea el sistema judicial costarricense para reducir los delitos y combatir la impunidad, y, a la vez, se convierte en una experiencia que podría beneficiar a otros países que enfrentan retos similares", agregó.

El curso combina teoría, práctica y herramientas tecnológicas de vanguardia. La incorporación de ejercicios mediante realidad virtual permite simular abordajes de buques sospechosos de pesca ilegal, ofreciendo a los participantes una experiencia cercana a la realidad sin los costos y riesgos de movilizar embarcaciones reales.

Los funcionarios pueden recabar evidencias y pruebas en condiciones simuladas que reflejan escenarios reales de pesca ilegal, sensibilizándose sobre la complejidad de estas operaciones y familiarizándose con la terminología y los procedimientos necesarios para una investigación efectiva, al tiempo que son evaluados en el aprendizaje alcanzado.

En Costa Rica, la pesca ilegal incluye prácticas como el ingreso de buques extranjeros en áreas protegidas, la captura de especies vedadas y la pesca de pez vela con palangre y carnada viva en las primeras 30 millas de la costa.

Esta última provoca la muerte de unas 19.000 piezas al año, lo que afecta directamente a la pesca turística y deportiva, una actividad valorada en $520 millones anuales.