Interpol detiene en Costa Rica y extradita a Guatemala a alto mando de Datasys

Interpol Costa Rica, oficina adscrita al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvo en el país, con fines de extradición, a Hugo Daniel Lemus Herrera, gerente de tesorería regional de Datasys.

Este guatemalteco de alto rango en la compañía vivía en Costa Rica desde el 2023 y era requerido por las autoridades chapinas como sospechoso en una causa por presunta malversación de fondos, fraude contra la Hacienda Pública y legitimación de capitales, según reportó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades indicaron que un Tribunal Penal de Guatemala giró la orden de captura en junio de este año y que se había emitido una alerta internacional.

"Luego de varias comunicaciones con la Oficina de Interpol en Guatemala, se pudo constatar que este sujeto en apariencia se encontraba en suelo costarricense, razón por la cual, los agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol – San José realizaron las diligencias correspondientes con el fin de ubicarlo. El 6 de agosto, al ser las 2:00 p.m., se dio la detención de este individuo en vía pública, en el sector de Sabana Oeste, San José. Finalmente, este fue puesto a las órdenes del Tribunal Penal del I Circuito Judicial, para lo correspondiente", detalló el OIJ.

Víctor Rodríguez, experto internacional en Derechos Humanos contratado por Datasys, contradijo la información difundida por la Policía Judicial y descalificó el arresto de Lemus.

"Es ilegal y arbitraria la orden de captura, el expediente es opaco, no ha sido notificado y el abogado no conoce los detalles. El señor Hugo Lemus no es un fugitivo y no tiene orden de captura internacional, esto lo quiero aclarar, porque la orden de detención por solicitud de extradición no se hizo por Interpol. No hay una alerta internacional aunque así lo haya dicho el OIJ, el 20 de noviembre del 2024 en la notificación de ficheros de Interpol no tiene ninguna notificación roja del señor Lemus. Es una solicitud tradicional hecha por una fiscal corrupta por medio de la vía diplomática", alegó.

Vera Ramos, gerente de Recursos Humanos de Datasys Group, confirmó que el ahora detenido trabaja para la compañía desde el 2017 y que se encontraba en el país desde hace dos años, tras conocer que tenía una causa abierta por el caso TREP, investigación en curso en Guatemala por supuesto fraude con la compra de un sistema de transmisión para conteo de votos.

Justificó su traslado a Costa Rica como parte de la reducción de personal en Guatemala a raíz del mismo problema, por lo que Lemus fue uno de los que tuvo la oportunidad de asumir un nuevo cargo en el país.

Aunque conocían de su causa penal al momento de su traslado, Rodríguez afirmó que no lo trajeron para esconderlo, sino porque era perseguido por la Fiscalía por motivos políticos. Incluso, en algún momento, se consideró tramitar una solicitud de asilo político.

"Está en Costa Rica al tener información de esta persecución. (…) quieren seguir haciendo acusaciones falsas, con pruebas falsas y testigos falsos para alegar ilegalidad en el contrato para perjudicar al gobierno de Bernardo Arévalo", dijo.

Ramos añadió que, además de esta detención, desde Guatemala se intentó gestionar otro proceso para intervenir la empresa mediante la Ley de Extinción de Dominio, pero no prosperó.

Caso TREP

Lemus Herrera ingresó a Costa Rica para continuar trabajando en la compañía, cuya sede está en La Sabana, San José.

Fue asignado como tesorero después de ocupar el puesto de representante legal de la empresa hasta el 2023, año en que compareció ante los diputados del Congreso de Guatemala para explicar el escándalo generado por el caso TREP.

Se trata de una investigación contra miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala y de Datasys por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado para divulgar resultados preliminares durante las elecciones, por el que se pagaron casi $19 millones.

En Guatemala, Datasys, a través de Podernet, ganó la licitación para ejecutar el plan de conteo electrónico en las últimas elecciones presidenciales. La Fiscalía investiga un presunto sobrepago autorizado por el TSE para implementar el sistema de conteo.

El Ministerio Público (MP) de Guatemala determinó que existieron supuestas irregularidades en el proceso de compra del TREP, lo que provocó la captura de los magistrados del TSE: Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Sin embargo, el año pasado se resolvió continuar únicamente con la investigación por fraude y se les dejó en libertad.

La investigación derivó en una orden de embargo de más de $5 millones a Datasys, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias en Guatemala mientras avanzaban las pesquisas.

En febrero de 2025, el MP abrió un segundo proceso, a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, y detuvo al contador de Datasys, Julio Antonio Chocoj Xocoy, por estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero.

La Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala sostiene que los funcionarios del TSE no fueron diligentes al supervisar el trabajo de la empresa contratada para el proceso electoral. Finalmente, señala a los magistrados una posible comisión de fraude, debido a que autorizaron la adjudicación del contrato con Datasys Guatemala S.A.

En esos comicios resultó electo Bernardo Arévalo.

Empresa con millonarios contratos con el Estado

Datasys ha obtenido contratos millonarios con el Gobierno de Rodrigo Chaves.  En los primeros dos años obtuvo $66 millones en adjudicaciones de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) mantiene investigaciones abiertas por algunos contratos gestionados por Racsa, entre ellos el de la red 5G, en el que se detectaron supuestos incumplimientos de Racsa con el presupuesto estimado para la contratación.

Los acuerdos comerciales se pactaron por $3 millones, pero posteriormente el precio ascendió a $25 millones con las órdenes de pedido en los primeros meses.

Radiográfica publicó en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), el 17 de abril del 2023, el pliego de condiciones del procedimiento especial para contratar los servicios de redes 5G.

Cerrado el concurso, Datasys obtuvo la licitación por $3 millones. Sin embargo, en una ampliación de denuncia del 28 de junio del 2024 se cuestionó la cifra, ya que después de la firma el consorcio recibió dos órdenes de pedido por $25,8 millones.

"A escasos 19 días posteriores se tramita una segunda orden de pedido por USD $ 21,124,703.833 y para este caso no se observa que se haya seguido el trámite anterior de aumentar y justificar el presupuesto. Claro está, hay una serie de incógnitas que no se explican en el expediente y que deben ser investigadas", detalla el documento presentado ante la Fiscalía General.

La prueba inicial fue aportada el 9 de noviembre del 2023, donde se señala que hubo una modificación al contrato para variar el plazo de entrega. El 22 de noviembre de ese mismo año se notificó el cambio.

"Según consta en Sicop, Racsa ha realizado tres pedidos por los siguientes montos, los cuales sobrepasan por mucho el monto presupuestado de EE.UU. $3.000.000", indica la prueba.

También es la empresa que intentó vender al Ministerio de Justicia las carpas para reos.

Esa cartera, dirigida por Gerald Campos Valverde, impulsó la propuesta en el primer semestre de 2024 tras conocer una iniciativa planteada por la empresa tecnológica Datasys con base en experiencias en España.

Las carpas que se pretendían instalar para albergar reclusos se asemejaban a las utilizadas en campamentos militares. No obstante, el PCIAB advirtió numerosos riesgos en apostar por esta propuesta.

El costo de inversión superaría los ₡3.000 millones, pero la idea encontró resistencias de parte de Exleine Sánchez Torres, entonces viceministro de Justicia, quien fue destituido el 11 de julio de 2024 en medio de las discusiones por este tema. Incluso, desde marzo de 2024, Nils Ching, director de la Policía Penitenciaria, advirtió de la inviabilidad de utilizar carpas para contener a los reclusos.