Juicio contra expresidente Solís por caso Bancrédito se hará 10 años después: esta es la razón
Luis Guillermo Solís y altos jerarcas del PAC enfrentarán juicio por presunta ilegalidad en la maniobras para pasar dineros de Hacienda a entidad financiera
El juicio contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, y cuatro altos exfuncionarios de su gobierno por el caso Bancrédito se celebrará una década después de que ocurrieran las maniobras supuestamente irregulares para evadir el cierre de la entidad financiera.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública fijó el inicio del juicio para el 26 de febrero de 2027, prácticamente diez años después de las irregularidades señaladas.
El debate oral y público se extenderá al menos hasta el 18 de mayo de ese mismo año, según confirma la notificación del tribunal.
Al exmandatario se le acusa de presuntamente haber sido parte de una serie de acciones para evitar la eventual quiebra del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), que se remontan a mediados de su administración.
Estas maniobras habrían incluido el traslado de ₡100.000 millones y $50 millones del Ministerio de Hacienda al banco estatal entre marzo y abril de 2017, con el fin de "salvarlo" de la quiebra. Sin embargo, la vía utilizada no habría sido la correcta.
Uno de los aspectos fundamentales del caso es que la forma en la que se justificaron esos traslados y las solicitudes de ampliación de los vencimientos de las llamadas "inversiones" podrían constituir actos ilegales en el ejercicio de la función pública.
Un documento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) señala presuntas irregularidades cometidas entre 2016 y 2018 en la compra de títulos a Bancrédito, "gestionados con el objetivo de solventar los problemas de liquidez de este último, lo cual en apariencia repercutió en la afectación del flujo de caja del Presupuesto de la República del año 2018, poniéndose así en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período".
Por esta razón figuran como imputados el entonces vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas; y la exviceministra de Egresos y extesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez.
En la acusación también figura el exsubtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera, a quien se le atribuyen tanto el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública como el de falsedad ideológica.
Largo camino
El Ministerio Público presentó la acusación el 6 de julio de 2023, junto con la solicitud de apertura a juicio. De esa forma concluyó una investigación que tomó alrededor de seis años.
Luego transcurrió cerca de año y medio para que se realizara la audiencia preliminar que definiría si se remitía o no a juicio la causa penal.
Dicha audiencia, celebrada a mediados de noviembre, concluyó con la decisión del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública de autorizar la apertura del juicio, como lo solicitó la Fiscalía.
Posteriormente, el Tribunal que debe llevar el proceso tardó casi un semestre en fijar la fecha del juicio y notificó la calendarización a mediados de junio. Ahora, se deberá esperar un año y medio más para su inicio.
Marvin Carvajal, uno de los abogados defensores del caso, confirmó que fueron notificados hace dos semanas, pero la fecha no es la deseable.
"Falta mucho tiempo, sin duda alguna hubiéramos preferido una fecha más reciente. No cabe duda que esperar tanto tiempo por un juicio es prolongar la angustia de las personas que están sometidas a un proceso.
Pese a ello, entendemos que el Tribunal debe haber tratado de asegurar que no chocara con ningún otro señalamiento anterior y la forma más adecuada que encontró es señalar para una fecha muy alejada", indicó el jurista.
Carvajal aseguró que no pueden estar satisfechos con la duración del proceso ni con la fecha señalada, pero esperan salir bien librados. Añadió que las decisiones tomadas durante la administración fueron legales y permitieron un cierre ordenado, con el pago a todos los acreedores y funcionarios.
Maniobras financieras
Según el Ministerio Público, los imputados habrían acordado trasladar dinero de la Tesorería Nacional al banco estatal ya extinto sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja.
El movimiento se habría efectuado con el objetivo de que la entidad aparentara contar con un índice de liquidez suficiente.
Al parecer, la maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara la intervención del banco, tras sus serios problemas de liquidez, y evitar así un impacto negativo en la imagen del gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).
A la causa penal se le asignó el expediente 20-000115-1218-PE. La Contraloría General de la República interpuso en su momento una acusación privada, mientras que la Procuraduría General de la República presentó una acción civil resarcitoria contra los imputados.
Tras la audiencia preliminar, el expresidente Solís conversó con CR Hoy y defendió que las decisiones tomadas por él y su gabinete fueron "adecuadas y responsables, con la intención de salvaguardar el interés general".
"Como he dicho tantas veces en el pasado, como ciudadano y como exfuncionario público he venido a rendir cuentas en una audiencia preliminar como debe ser, creyendo firmemente en nuestro sistema de administración de justicia, con toda la libertad y entendiendo que los jueces de la República tienen la integridad para juzgar.
Hemos venido a expresar nuestro caso y nuestro descargo de forma absoluta de todas las acusaciones que se han formulado en el caso Bancrédito. Con mucha serenidad y confianza", señaló a este medio.
Posible indemnización
El exmandatario y los otros 4 altos exfuncionarios durante su gobierno, deberán afrontar un reclamo económico y una posible indemnización por ₡57 millones, ante los eventuales daños que habrían provocado en el caso Bancrédito, si llegan a ser declarados culpables.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública admitió la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República. Este proceso legal es paralelo a la acusación penal.
Los ₡57 millones corresponden a una cifra que se pretende por la supuesta responsabilidad compartida de los hechos cometidos.
No todos tendrían que pagar ₡11,4 millones cada uno, porque en la acción civil resarcitoria se establecieron diferentes montos para cada imputado. El total a pagar por cada uno de los sospechosos deberá ser definido en el juicio.
El Juzgado además aceptó varias publicaciones de medios de comunicación hechas en el año 2021, como prueba documental que evidenciaría que las inversiones -aparentemente anómalas- fueron conocimiento de la sociedad costarricense.
La indemnización además pretende esa cantidad de dinero por daño social, la Procuraduría no elevó reclamos por concepto de daño material.
