Juicio contra Miguel Ángel Rodríguez por caso “Reaseguros” se aplaza otra vez
Debate por presuntos hechos ocurridos hace 24 años se postergó tras incidentes procesales
El juicio que enfrenta el expresidente de la República (1998-2002), Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, volvió a retrasarse, pese a que han pasado 24 años desde que ocurrieron los supuestos delitos.
Para este lunes estaba previsto el inicio del debate oral y público por el caso denominado como "Reaseguros", en el cual se acusa al exmandatario y a varias personas más de presunto peculado. Pero, el proceso no arrancó con la lectura de la acusación, ya que la mañana de este lunes se destinó a resolver diversos incidentes.
Entre ellos, destacó una solicitud del Ministerio Público para separar a la jueza Mercedes Muñoz Campos, presidenta del tribunal a cargo del debate, por haber realizado gestiones previas a la celebración del juicio. Según la fiscala Tatiana García, esto podría representar un eventual vicio de imparcialidad.
No obstante, los demás jueces, Andrés Saborío Cascante y José Alberto González Gutiérrez, rechazaron la recusación bajo el argumento de que la jueza no se pronunció sobre el fondo ni valoró prueba alguna, por lo que su objetividad no estaba comprometida.
"La jueza Mercedes Muñoz lo que hace es constatar un dato objetivo, un dato que ni siquiera el Ministerio Público puede denegar, que es la duración del proceso. Cuando uno lee toda la resolución, cosa que el Tribunal ha procedido a realizar, no denota que haya habido un pronunciamiento sobre la prueba en este proceso o un pronunciamiento sobre los hechos.
No ha habido más que una constatación de un dato objetivo. Entonces se plantea al Tribunal qué podría o qué injerencia podría tener en las obligaciones que nos atañen ahora como jueces dentro del tribunal. No hay ningún injerencia, no hay ningún efecto", manifestó el juez González.
El expresidente cuestionó que, en primera instancia, el Ministerio Público pidiera aplazar el juicio por la salud de una imputada y, al no prosperar esa solicitud, planteara después la recusación.
Rodríguez recordó que, incluso, la Sala Constitucional emitió una condena contra el Estado por los retrasos del proceso y señaló que espera que finalmente el debate se ejecute.
"Cuando no hay bases para sacar una sentencia condenatoria, no quieren encontrarse con el final del proceso. Se da una resolución de la Sala Constitucional que señala que se ha violado mi derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida, eso hace tres años y medio y aquí estoy en el mismo proceso.
Aquí ven cómo se trata de posponer y posponer, y encontrar excusas para que esto no camine. Estamos deseando que esto termine", puntualizó el exgobernante.
Tras rechazar la recusación, los jueces anunciaron que deben continuar con otros juicios con imputados en prisión preventiva, por lo que el inicio oficial del caso Reaseguros se reprogramó para el lunes 1.° de septiembre.
Separación de imputados
El arranque del juicio estuvo cargado de tropiezos, además de la solicitud para apartar a una jueza y la separación de varios acusados del expediente.
Una de las primeras fue Roxana Cordero, quien, por motivos psicológicos, no puede ejercer su defensa. Dado que no hay citas disponibles en Psiquiatría Forense para este año, será juzgada en un proceso aparte.
Por razones médicas también fue separado Cristóbal Zawadzki, mientras que Gilda Montes de Oca quedó fuera del expediente tras su fallecimiento. En el juicio pactado contra el expresidente y otros exfuncionarios —de apellidos, Acuña, Bonilla, y Lara—, acusados por el delito de peculado.
El caso se remonta a 2001, cuando, aparentemente, empresas del Reino Unido habrían realizado pagos a funcionarios de la administración para convertirse en las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).
El peculado se configura cuando un funcionario público sustrae o desvía fondos o bienes del Estado bajo su custodia, o bien utiliza recursos públicos en beneficio propio o de terceros.
En este caso específico, se investiga un presunto pago de la compañía inglesa PWS por $2,1 millones a diversos funcionarios. Además, se analizan posibles comisiones y pagos de las empresas Guy Carpenter y Willis Re en 2001.
En 2006 trascendió que, supuestamente, dinero de Guy Carpenter habría sido utilizado para cancelar una tarjeta de crédito del expresidente Rodríguez por más de $47.000.
Aunque en febrero de 2014 se dictó un sobreseimiento definitivo, en agosto de ese mismo año se ordenó una audiencia preliminar para definir si el caso iría a juicio. Desde entonces, el proceso ha atravesado múltiples suspensiones y reanudaciones, hasta que finalmente, casi 25 años después, se discute en los tribunales.
En el juicio participan el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y las representaciones legales del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
