A pesar del profundo sinsabor que queda luego de conocer la visión de Torre de Marfil que tienen algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que sus privilegios son intocables e incuestionables, el resultado del debate hasta ahora generado es positivo.
La creciente conciencia popular en contra de odiosos privilegios del Poder Judicial y en general en el sector público nos da esperanza de que poco a poco éstos se irán eliminando para dar paso a una sociedad más justa y equitativa. Y que, de paso, se tendrán finanzas públicas sanas para que no nos sigan pidiendo más impuestos para financiar los privilegios de una de una élite de burócratas que encontraron en la función pública un espacio para enriquecerse legalmente.
No está en duda el profundo respeto hacia el Poder Judicial en su compleja y delicada labor jurisdiccional. El debate actual sobre los privilegios en su régimen de pensiones no tiene nada que ver con la Independencia Judicial, garantía de que sus actos jurisdiccionales solo emanan de la Ley y no de presiones políticas o económicas. Sí tiene que ver esta discusión, por el contrario, con el malestar e indignación ciudadanas por los privilegios de los que gozan unos pocos servidores públicos financiados por la mayoría trabajadora del sector privado.
Hoy el Poder Judicial tiene, con cargo al presupuesto nacional (nuestros impuestos), los salarios bases más altos, con más incentivos creativos para todo su personal, además de que comparativamente paga más por dedicación exclusiva y carrera profesional. Además de que se le ha advertido reiteradamente que su regimen de pensiones no sólo tiene pensiones multimillonarias y juveniles, sino que además es financieramente insostenible.
Enhorabuena que la Corte Plena decidió no ejercer presión para que el Parlamento imponga límites a sus pensiones de lujo, según corresponde en una sana división de Poderes. Sin embargo, siempre deberá la Sala Constitucional resolver sobre alguna inconstitucionalidad que pueda tener el fondo de la reforma que esperamos se dé pronto, así como sobre su procedimiento legislativo.
Por ello, la Asamblea debería blindar esta urgente reforma haciendo la consulta facultativa ante la Sala Constitucional una vez aprobada la legislación, para así poner a prueba la decisión de la Corte de aceptar que el Parlamento ejerza su potestad soberana de imponer criterios de justicia y equidad en sus pensiones de lujo. Además, se evita que vuelva a salir con un domingo siete como en una reforma similar previa que les imponía topes a sus pensiones de privilegios y que declararon inconstitucional, de lo cual hoy se benefician.
Desmantelar las profundas y complejas redes de privilegios y favores creadas durante décadas por una clase política clientelar no es y no será nada fácil. Menos aún en vísperas de una nueva elección. En algunas instituciones descentralizadas, especialmente, aún continúa el carnaval con los fondos públicos.
Por eso se ocupa mucha conciencia y presión ciudadana para al menos generar la vergüenza pública de quienes usufructúan de injustos privilegios así como para que el Parlamento legisle a favor de la mayoría. Por ahora, parece que caminamos lenta y difícilmente por el camino correcto.
