La diputada independiente, Kattia Cambronero Aguiluz, asegura que aprobar el trámite expedito para el plan de Jornadas 4/3 fue una decisión apresurada que paralizó al Congreso y comprometió la agenda legislativa. En esta entrevista con Diputómetro de CR Hoy Pro, la congresista advierte que la medida dejará al plenario legislativo prácticamente mudo durante meses y acusa a varias fracciones de haber cometido un "error político enorme".
También, advierte sobre el avance del populismo autoritario y lanza un llamado urgente a la oposición: unirse para defender la democracia y las libertades.
A continuación, un extracto de la conversación.
Hablemos del proyecto de ley que concentra actualmente la atención: el plan de jornadas 4/3. ¿Cuál es su posición respecto a esta propuesta y al manejo de la agenda legislativa por parte del oficialismo en torno a esta iniciativa?
El texto que se está discutiendo actualmente presenta problemas significativos. Las fórmulas que propone para el cálculo de las jornadas laborales implican una reducción real de los salarios en comparación con lo que ya se paga en el país. Eso, sin duda, perjudica al sector trabajador costarricense.
Pero también hay otros elementos preocupantes, como el impacto que podría tener en el régimen tradicional de empresas en Costa Rica, es decir, aquellas que no están en zona franca. ¿Por qué? Porque genera una legislación tan particular en aspectos donde ya hemos avanzado —como las jornadas extraordinarias o mayores a ocho horas— que podría generar dificultades para ese régimen en la ejecución de dichas jornadas.
Llamo especialmente la atención del sector privado que opera bajo este régimen, porque, sin duda, podría encarecerles los procesos y, además, generar distorsiones entre lo que sucede en las zonas francas y el régimen definitivo.
El proyecto se impulsa como una vía para mejorar la competitividad del país. Pero lo cierto es que la competitividad de Costa Rica no debe sustentarse en la disminución de salarios ni en la creación de brechas entre sectores. Me parece que es un tema que hay que discutir, sí, pero no desde una lógica de reducción salarial ni de acentuación de desigualdades.
¿Fue un error aprobar la vía rápida para este proyecto?
Desde mi punto de vista, sí. Fue un error aprobar el trámite expedito, porque se trata de un proyecto que no se había discutido lo suficiente ni contaba con acuerdos de mayoría. Además, ha paralizado el trabajo del Plenario Legislativo, lo cual impide avanzar con otros proyectos de ley.
Y no es porque los diputados no queramos avanzar, sino porque no hay una adecuada planificación. Estamos dejando de lado proyectos relevantes en materia de seguridad, así como iniciativas sociales y ambientales.
En agosto, con el inicio del periodo de sesiones ordinarias, los diputados retomarán el control de la agenda. Pero, como este proyecto tiene vía rápida, seguirá siendo prioridad. ¿Qué pasará entonces con los temas que usted menciona?
Lo que ocurrirá es que no podremos retomar nuestra agenda. Podemos avanzar con los proyectos en comisiones, pero se quedarán ahí, porque no podremos discutirlos en el Plenario.
Actualmente, hay más de 500 proyectos en la agenda del Plenario que no podrán avanzar. Para explicarlo con claridad a los costarricenses: al aprobarse la vía rápida para este proyecto, significa que solo podemos ver ese tema en el Plenario. Nuestra agenda quedó supeditada exclusivamente a este proyecto.
Es probable que pasemos hasta noviembre o diciembre votando únicamente mociones del plan de jornadas, sin siquiera entrar en la discusión de fondo. Eso implica que la Asamblea Legislativa permanecerá prácticamente en silencio durante todo ese periodo previo al proceso electoral.
Fue un error. No hubo un buen análisis por parte de las fracciones que apoyaron la vía rápida: Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Nueva República y el Partido Liberal Progresista. Me parece que cometieron un error político enorme. Además, hay una deuda con los costarricenses, porque no podremos avanzar en una agenda legislativa que incluye proyectos clave.
¿Qué rol debe jugar la oposición, que hoy vemos muy fragmentada, frente a un Poder Ejecutivo que tiende a concentrar la autoridad y polarizar?
He sido muy crítica con la oposición. Estoy convencida de que debemos unir fuerzas. La dispersión de esfuerzos solo está fortaleciendo a un movimiento que, desde mi perspectiva, no es sano para el país: es antidemocrático.
Además de ser antidemocrático, es un movimiento con intereses particulares ligados a sus financistas de campaña. Por eso quieren 40 diputados en esta Asamblea Legislativa: para tener el poder de hacer lo que consideren sin contrapesos.
Costa Rica —y la oposición en particular— debe entender que hay algo más grande en juego: cómo defendemos las libertades, la democracia y a quienes piensan distinto.
Si no lo hacemos, lo que veremos será lo mismo que ha sucedido en otras partes de Latinoamérica: el ascenso de un populismo de extrema derecha que persigue a los opositores.
Ya lo han hecho. A algunos de nosotros nos han querido silenciar. Incluso hay sectores empresariales que han sido perseguidos o presionados por pensar diferente.
Por eso insisto: la clave está en cómo logramos unirnos.
¿Cuál cree usted que será la narrativa del oficialismo en 2026?
Seguirán trabajando con base en el enojo. Buscarán debilitar a los otros poderes de la República, como lo han hecho con la Asamblea Legislativa.
Y en parte tienen razón: a veces somos lentos, poco pragmáticos y nos falta más diálogo para atender las necesidades. Pero también es cierto que esta Asamblea ha presentado iniciativas clave, ha planteado soluciones en materia de seguridad, ha asignado más recursos al área social y ha fortalecido instituciones como el OIJ.
El oficialismo seguirá apelando al enojo de la gente. Por eso los costarricenses deben tener claridad: ya le dieron una oportunidad a este gobierno. Han tenido tres años y no han hecho otra cosa que campaña política. No han resuelto los problemas del país.
Usted ha dicho estar abierta a considerar un nuevo proyecto político, luego de haberse declarado independiente. ¿Qué características debería tener esa agrupación para alinearse con sus valores y visión de país?
He pensado más en un movimiento que en un partido político. Estoy convencida de que, en un futuro cercano, hablaremos menos de partidos y más de movimientos sociales con fines específicos.
La gente hoy se identifica más con causas, con valores. Para mí, ese movimiento debe defender la libertad por encima de todo. Y cuando hablo de libertad, me refiero a la libertad de opinar, de discernir, de participar, de decir lo que pienso sin miedo; a tener acceso a servicios básicos y a contar con las condiciones para producir, emprender y vivir con dignidad.