La historia de Macho Coca: de empresario reconocido a primer sancionado por EE.UU. y extraditable #14
Estados Unidos pidió extradición de Gilbert Bell Fernández por narcotráfico internacional: ya le habían congelado operaciones en 2023
En las calles de Limón, muchos aseguran desde hace años que era un secreto a voces el involucramiento de Gilbert Hernán de los Ángeles Bell Fernández, alias Macho Coca, en el narcotráfico transnacional.
Aunque las autoridades costarricenses lo habían vinculado en diversas investigaciones, nunca fue posible demostrar su culpabilidad ni encarcelarlo por ese supuesto negocio ilícito al que, según las pesquisas, se dedicaba.
Pero la historia de este empresario cambia por completo a sus 62 años, día en que la Embajada de Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición para que enfrente una acusación ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por cargos de tráfico internacional de drogas.
Su nombre está escrito en la historia del Caribe nacional, pero también en los registros de la criminalidad costarricense.
En diez días se cumplirán dos años desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo designó como el primer costarricense incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que congeló sus cuentas, bienes y operaciones.
Ese mismo organismo lo calificó, el 15 de noviembre de 2023, como uno de los narcotraficantes más importantes de nuestro país.
Según el Departamento del Tesoro, la designación se hizo por "el volumen de drogas que mueve y la violencia con la que opera", pues habría desempeñado un papel clave en la transformación de Costa Rica en un importante centro de tránsito de narcóticos.
Aunque Bell ya estaba detenido bajo prisión preventiva como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al robo de combustible, su estatus cambia ahora: se convierte en el extraditable tico número 14 arrestado.
Para la Fiscalía General, estas acciones son el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la DEA en la persecución de objetivos criminales comunes, tanto para su procesamiento en Costa Rica como en Norteamérica.
Primer sancionado por OFAC
En la lista de la OFAC solo figuran personas, empresas, organizaciones e incluso embarcaciones o aeronaves sancionadas por estar vinculadas con actividades como narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, corrupción, proliferación de armas u otros delitos.
Esa sanción implica el bloqueo de activos en suelo estadounidense y prohíbe a ciudadanos o empresas de ese país realizar negocios con los sancionados. En la práctica, la persona queda prácticamente aislada del sistema financiero global.
En la lista de la OFAC también aparecen los costarricenses Alejandro Arias Monge, alias Diablo —el criminal más buscado, por quien EE. UU. ofrece una recompensa de 500.000 dólares—; Alejandro Antonio James Wilson, alias Turesky, acusado de enviar grandes cargamentos de cocaína en contenedores; así como los extraditables Celso Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata.
Pero ellos fueron sancionados hasta este año. Macho Coca fue hace dos años que volvió a estar en el ojo público tras ser incluido.
En el documento oficial que detalla su inclusión en la lista negra, el Tesoro lo describe como "uno de los mayores traficantes de Costa Rica, trasladando cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa".
Pese a los cuestionamientos por supuestos vínculos con el crimen organizado, no existe actualmente ningún expediente judicial abierto en su contra por narcotráfico.
En aquel momento, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que, aunque no había acusaciones formales, conocen su historial y el crecimiento patrimonial que habría obtenido utilizando sus compañías a lo largo de unos 30 años.
Además, reconoció que la Administración de Control de Drogas (DEA) para 2023 ya poseía informes sobre el limonense.
Bell, mediante una carta enviada al OIJ y un video remitido a CR Hoy en 2023, rechazó las afirmaciones de las autoridades costarricenses y estadounidenses, alegando que todos sus activos provienen de "negocios absolutamente legales de muchos años de trabajo y esfuerzo".
Cara familiar
Macho Coca tiene más de un año detenido por robo de combustible, tras un megaoperativo denominado PetroCoca.
Agentes del OIJ de Limón lo arrestaron el viernes 11 de octubre como presunto líder de una organización dedicada a sustraer combustible del poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) mediante una línea marina hacia predios ubicados en Moín.
En esos sitios, presuntamente llenaban recipientes como pichingas, estañones o tanquetas para luego transportarlos en autobuses, vagonetas, camiones y vehículos livianos.
Solo en setiembre de 2024, el robo habría causado un perjuicio económico a Recope de unos ₡80 millones. Las tomas ilegales se hallaron al margen derecho del río Bartolo, donde se sumergían mangueras hasta el poliducto, con un alto riesgo de contaminación ambiental.
Recope detectó patrones irregulares en propiedades cercanas a la terminal de Moín dos meses antes del operativo. Además de la casa de Bell, se allanaron un hotel, cuatro predios y varias viviendas, donde se ubicó maquinaria sofisticada para cometer las sustracciones.
También se inspeccionaron autobuses, vagonetas, camiones cisterna, mangueras de alta presión y dispensadores de combustible, entre otros implementos. Según la orden judicial, la estructura habría sustraído 279.000 litros de gasolina y diésel solo durante setiembre.
El informe técnico PB-0407-2024, incorporado al expediente 24-001772-0063-PE, señala que el faltante equivaldría a 9,3 camiones cisterna promedio de 30.000 litros cada uno.
Los investigadores entrevistaron a un funcionario de Recope, quien confirmó la detección de múltiples tomas ilegales en Limón, Matina, Siquirres y Turrialba, además de recientes hallazgos en las líneas marinas.
El experto explicó que esos conductos provienen del muelle de Recope y operan bajo alta presión, pero que las personas dedicadas al hurto de combustible se arriesgan a perforarlos, generando derrames, contaminación y afectaciones en el suministro de agua potable.
El modo de operar de la organización consistía en esperar la llegada de un barco a puerto para transferir combustible y aprovechar el momento para extraerlo de manera ilegal. Por cada barco podían llenar hasta cinco cisternas.
Las mangueras especiales utilizadas tenían un valor cercano a los ₡30.000 por metro, lo que evidencia inversiones millonarias o uso de insumos de alto costo para ejecutar el plan.
Múltiples procesos
La Fiscalía Adjunta de Limón mantiene tres causas en curso contra el sospechoso:
- Causa 17-000913-0063-PE: por presunto robo agravado de combustible, vinculado con una investigación de 2016 a 2018 que causó pérdidas a Recope por ₡1.200 millones.
- Causa 23-001265-0063-PE: por presunta contaminación de aguas.
- Causa 24-001772-0063-PE (PetroCoca): por robo de combustible y asociación ilícita.
A estas se suman dos expedientes anteriores que fueron desestimados. Ambos fueron sobreseídos en 2019:
- 14-000303-1219-PE: por tráfico de drogas.
- 15-012144-0042-PE: por legitimación de capitales.
Bell, conocido como empresario pesquero desde la década de 1990, ha sido vinculado con delitos como infracción a la ley minera, usurpación de bienes públicos, narcotráfico y legitimación de capitales.
Sus primeras causas datan de 2012, por una supuesta infracción a la ley minera, en Río Blanco de Limón, al extraer supuestamente piedra de un terreno. En 2013, el OIJ allanó su casa por presunta malversación.
En 2015, fue detenido en el caso Portete, por construir un complejo pesquero de 10 edificaciones en zona marítimo-terrestre sin permisos.
Ese mismo año, una fotografía suya en una reunión con dirigentes pesqueros y figuras políticas —entre ellos, Ann McKinley, expresidenta de Japdeva, y Víctor Morales Mora, exministro y exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC)— derivó en una investigación legislativa sobre sus vínculos.
En 2023, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que varias lanchas decomisadas en un allanamiento en Limón, ligadas al trasiego de drogas marítimo, pertenecían a Macho Coca. El exministro Jorge Torres declaró entonces a CR Hoy:
"Una de las propiedades que estamos demoliendo se usaba para fabricar lanchas modelo Eduardoño. Verificamos una de ellas y figura como construida por Gilbert Bell", señaló.
Según el OIJ, Macho Coca ha mantenido negocios en construcción, transporte y pesca, así como vínculos contractuales con la Municipalidad de Limón.
"Ha logrado permanecer inadvertido porque cumple un rol de cabecilla. No da órdenes directas y cuida mucho su comunicación. Por eso ha sido difícil llegarle, aunque la DEA tiene evidencia de él", explicó Zúñiga.
Extraditable #14
Con este cambio de estatus, Bell se convierte en el decimocuarto costarricense sometido a un proceso de extradición. Tan solo días atrás, CR Hoy adelantó que se esperaban más extradiciones antes de fin de año. Así lo había señalado Carlo Díaz, fiscal general.
"La DEA nos ha hecho ver, por lo menos a mí en lo personal, que todavía hay algunas personas que se va a solicitar la extradición y estamos a la espera.
Yo espero que sean este año. De los que yo recuerdo que mencionaron, yo creería que tal vez una o dos personas, pero no descarto más", puntualizó el jefe máximo del Ministerio Público.
Trece personas más enfrentan solicitudes de extradición por narcotráfico, lavado de dinero y delitos conexos, según registros judiciales y solicitudes tramitadas por Estados Unidos, Italia, Panamá y Francia.
Los primeros tres requeridos fueron el exmagistrado y exministro Celso Manuel Gamboa Sánchez; el líder narco Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata o Diosito; y el empresario Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe. Los tres ya tienen extradición aprobada, aunque apelada.
La DEA señala a Gamboa como cabecilla regional de una red transnacional vinculada al Cártel del Golfo, al Clan del Golfo en Colombia y al Cártel de Sinaloa. Según los informes, habría recibido entre 200.000 y 500.000 dólares por cada cargamento de cocaína que ingresaba al país con apoyo de contactos en el Gobierno.
En ese mismo caso figura Pecho de Rata, acusado de recibir aviones con cocaína en fincas de Sixaola y lavar dinero mediante un equipo de fútbol en Limón. Gato Álvarez, por su parte, habría legitimado hasta ₡3.000 millones al año a través de negocios inmobiliarios, automotrices y ganaderos.
Otro extraditable es Jordie Picado Grijalba, alias Noni, detenido en Costa Rica. Junto a su hermano Luis Manuel Picado, alias Shock, preso en Londres, lideraba el Cártel del Caribe Sur, una organización que exportaba cocaína desde la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Noni asumió el control tras la captura de su hermano y fue blanco de un atentado ordenado por la banda hondureña La H.
También figuran el oficial de la Fuerza Pública Michael Amador Corella, alias Rojo; William Iván Ramírez Arguedas, alias Rambo o Kimba; Gerardo Castro Muñoz, alias Muñeco, Precioso o Lalo; y Jorge William Cordero Obregón, alias Gordo, Candado o Pallín. California los acusa de trasladar cocaína desde Colombia hacia Norteamérica entre 2017 y 2020.
El nacionalizado Andrés Felipe Restrepo Uribe, junto al colombiano Luis Alberto Sinisterra Lozano y el venezolano Yon Freddy Sánchez Chavarro, también son requeridos por un tribunal de Florida por tráfico internacional. Fueron capturados en San José con 70 kilos de cocaína.
En tanto, Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, es solicitado por Italia por dos cargamentos de cocaína ocultos en productos agroexportados desde Moín; y José Villalobos López, alias Boligoma, por Panamá, tras ser detenido con media tonelada de cocaína en 2016.
Finalmente, Hamilton Restrepo Osorio e Iván Pablot Martínez, ambos colombianos nacionalizados, son requeridos por Francia por narcotráfico y lavado de dinero, tras decomisos de cocaína en Marsella.