La movida del MOPT para que Riteve mantenga la revisión técnica

(CRHoy.com). Una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley de Tránsito, vigente desde 2012, ha sido la principal apuesta del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para prorrogar, al menos temporalmente, el contrato con la empresa española Riteve para brindar la Revisión Técnica Vehicular (RTV).

Ambas entidades están metidas en un laberinto en el que no encuentran la salida. La Contraloría General de la República (CGR) rechazó los intentos por extender el vínculo contractual con la empresa europea y, más bien, advirtió que el Estado no cuenta con una ruta clara ante el inminente final del nexo vigente (el próximo 15 de julio).

El 29 de octubre de 2021, a menos de 9 meses para que expirara el contrato con Riteve, se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 25 de la Ley de Tránsito, el cual estipula que "le corresponde al MOPT, por medio del consejo, otorgar las autorizaciones a los centros que realizarán la RTV".

Las normas se impugnan debido a que, según el Cosevi, la ley permite "autorizaciones" indefinidas a todos los interesados en brindar el servicio público de la RTV, en lugar de "contrataciones" y "concesiones a plazo" previa licitación pública.  En la acción también se impugnaron por conexidad 3 artículos de la ley que citan las palabras 'autorizadas', 'autorizada' y 'autorización', en lugar de 'solicitante'.

"Estas normas se cuestionan en lo conducente al uso de esos vocablos, cuando debió ser usado contratista (s) o contratación (es), concesionario (s) o concesión (es). Señala que antes de la ley de tránsito vigente, la ley establecía 'contrataciones públicas para seleccionar' al prestatario y que las 'revisiones se realizarán en los centros de servicio de revisión técnica integral de vehículos de las empresas que el MOPT adjudicara por medio del Cosevi, mediante concurso público, de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa'", cita un extracto del reclamo legal, el cual está en estudio.

Ante la CGR, el Cosevi procuró que se prorrogara temporalmente el contrato con Riteve por mientras la Sala Constitucional resuelve la acción presentada en octubre del año pasado. No obstante, este extremo fue rechazado.

El ente estatal alegó una "imprevisibilidad" en este sentido y urgió que la empresa española siga al frente del servicio para garantizar la continuidad. Sin embargo, el ente contralor no compró ese argumento.

"No es de recibo considerar que la acción de inconstitucionalidad que impugna el artículo 25 de la Ley de Tránsito, y que se encuentra en trámite ante la Sala Constitucional, induce a una imprevisibilidad por parte de la Administración, en tanto la citada norma no ha sido suspendida en su aplicación ordinaria por dicho tribunal constitucional", apuntó la autoridad contralora, a través de un oficio remitido el pasado 10 de marzo.

En ese documento, el ente contralor reiteró que el Cosevi y el MOPT no plantearon los escenarios jurídicamente viables para que el servicio público de la RTV se mantenga posterior al 15 de julio próximo.

"La CGR ha indicado el vencimiento indefectible del contrato vigente el 15 de julio del año 2022, después de 20 años de vigencia, temporalidad que permitía una planificación adecuada para la transición y el aseguramiento de la continuidad del servicio", citó el ente fiscalizador del Estado.

Edwin Herrera, director ejecutivo del Cosevi, mencionó en diciembre que se planteó la acción en procura de aclarar aspectos relacionados al permiso o la forma de operar en el esquema de la nueva RTV, pues se asocia a un servicio que debe brindar el Estado y que, a luces del Cosevi, se debería gestionar bajo la vía de la concesión.

"La acción adujo que, sin algún ente que brinde el servicio por el cese contractual, existiría una regresión que provocaría un ‘impacto ambiental' en el país, al no contar con un control sobre los gases contaminantes emitidos por la flota vehicular. Con base en esto, hemos generado un cronograma que atiende la imprevisibilidad de esta acción de inconstitucionalidad (…) Hay imprevisibilidad demostrada, que es la acción de inconstitucionalidad, entonces lo que sigue es dimensionar cuánto es ese plazo", indicó, en esa oportunidad, el funcionario.

Tras la negativa a las propuestas por parte de la CGR, conocida el pasado 14 de marzo, el Cosevi anunció que el trámite relativo a la eventual prórroga del contrato actual será presentado en los próximos días para la valoración de la División de Contratación Administrativa (DCA) del ente contralor.

El Estado sostiene con la empresa española desde 2002 el contrato para la revisión técnica vehicular de la flotilla de automotores que existe en el país. Desde entonces, es la única empresa autorizada para ofrecer el servicio.

El contrato era inicialmente de 10 años. Pero, en 2012, se prorrogó por una década más. La empresa tiene 17 estaciones en todo el territorio nacional (13 fijas y 14 móviles), las cuales pasarán a manos estatales una vez que venza el contrato.