Las controversias que persiguen a Marta Esquivel, candidata del partido chavista
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez es la candidata a diputada para el primer lugar de Heredia por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), pero carga múltiples sombras que se desarrollaron durante sus cargos como parte del Gobierno de Rodrigo Chaves.
Chaves la ha designado en tres cargos: Ministra de Trabajo y Seguridad Social, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Fue colocada en el último cargo, con inmunidad, tras haber sido suspendida por la investigación del caso Barrenador
Sobresueldos
Durante más de un año, Esquivel cobró un salario superior al que legalmente le correspondía como presidenta ejecutiva de la CCSS y, hasta la fecha, no ha reintegrado los recursos públicos recibidos de forma indebida.
Aunque su remuneración debía ser de ₡5.565.000 mensuales, Esquivel percibió de manera constante ₡1.593.848 adicionales, elevando su salario a ₡7.158.848 cada mes.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la devolución del dinero pagado de más y concluyó que existió una "violación a la Hacienda Pública".
Pese a ello, respondió con una contrademanda contra la CCSS. En esa acción, Esquivel reclama una indemnización de al menos ¢119 millones, alegando supuestas diferencias salariales, daño moral, afectación a su honor y sufrimiento emocional.
Incluso, por concepto de afectación al honor y a la buena reputación, exigió el pago de ¢3 millones mensuales desde diciembre de 2023 y hasta que exista una resolución firme del proceso.
Caso Barrenador
El sábado 6 de julio de 2024, en una sesión extraordinaria y fuera de lo habitual de la Junta Directiva, Esquivel impuso, tras ejercer reiteradas presiones, la adjudicación de 138 Ebáis a cooperativas. La decisión se tomó ignorando las advertencias de las instancias técnicas de la CCSS, que habían alertado sobre la existencia de sobreprecios en los contratos.
Los montos involucrados eran elevados. Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), los contratos representaban ¢12.400 millones anuales y comprometían recursos públicos por un periodo de diez años.
En el caso Barrenador, donde Esquivel figura como imputada, el Ministerio Público investiga presunto tráfico de influencias y un perjuicio contra la Hacienda Pública. Como medida cautelar, fue separada de su cargo.
Pese a ello, el 30 de julio de 2025 Esquivel renunció para aspirar a una diputación, cargo que, de obtenerlo, le garantizaría inmunidad durante cuatro años más.
No quiere hospital en Cartago
Aunque Esquivel afirmó en campaña que aspiraba a una diputación por Cartago, cada vez que tuvo la oportunidad de respaldar la construcción de un hospital digno para la provincia, optó por obstaculizarla.
Cuando la obra fue adjudicada a una empresa mexicana, votó en contra. Posteriormente, tanto ella como el Gobierno insistieron en sembrar dudas y levantar objeciones, alegando que el terreno no era apto para la construcción, pese a que los criterios técnicos decían lo contrario.
Justo cuando los cartagineses creían que el nuevo hospital por fin se concretaría, Esquivel anunció que la empresa adjudicada había retirado su oferta debido al clima político adverso generado por el propio Gobierno. "El tema de esa licitación queda totalmente cerrado", sentenció.
Sin embargo, CR Hoy reveló que representantes de la empresa encargada del proyecto visitaron el despacho de Esquivel un día antes de que se anunciara oficialmente el retiro de la oferta.
Fue hasta la salida de Esquivel de la Junta Directiva de la CCSS que los gerentes de la institución lograron avanzar con la adjudicación.
Maquillaje de informes
Dos escándalos estrechamente vinculados marcaron la gestión de Esquivel: el "maquillaje" de informes actuariales y la posterior suspensión del portafolio de inversiones de la CCSS.
Por instrucción directa de Esquivel, uno de sus asesores modificó los informes técnicos, presentando a la institución como financieramente "quebrada". A raíz de estos hechos, la Contraloría General de la República (CGR) presentó una denuncia contra la entonces presidenta ejecutiva ante la Fiscalía.
La suspensión del portafolio de inversiones se justificó alegando una supuesta gravedad financiera y un eventual quiebre de la CCSS, un discurso que se ha mantenido y reforzado de manera sistemática durante la administración Chaves Robles.
Evasión a rendir cuentas
Salió del país antes de comparecer ante los diputados de la comisión legislativa que investiga presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La presidenta de esa comisión, Andrea Álvarez, confirmó que Esquivel comunicó que se encontraba fuera del país. La exjerarca había sido convocada en su condición de expresidenta ejecutiva de la CCSS, luego de que su nombre y supuestas presiones surgieran de forma reiterada durante múltiples sesiones de investigación.