Ley para dar 3 semanas de vacaciones a todos los empleados necesitará voto de 38 diputados
Aprobación de iniciativa provocaría un traslape con régimen de vacaciones del Poder Judicial
La eventual aprobación del proyecto de ley 24.610, que pretende incrementar a tres semanas la cantidad de días de vacaciones remuneradas en todo el país, requerirá la aprobación de 38 diputados para convertirse en una realidad.
Esto se debe a que la reforma provocaría un traslape con el régimen de días de descanso del Poder Judicial.
La iniciativa de ley, impulsada por el partido Frente Amplio, busca actualizar el Código de Trabajo para aumentar de dos a tres semanas anuales las vacaciones en Costa Rica, con el fin de equiparar el tiempo de descanso que disfrutan los trabajadores en otras regiones de Latinoamérica y el mundo, así como cumplir con las recomendaciones internacionales para garantizar la salud.
Como cualquier iniciativa que pueda influir en el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, este expediente fue sometido a consulta ante la Corte Suprema de Justicia por tercera vez.
Este lunes, el magistrado Jorge Olaso, de la Sala Segunda, rindió un informe en el que aclaró que sí incide y que, por ende, necesitará mayoría calificada para su aprobación en el plenario de la Asamblea Legislativa.
En su exposición, el magistrado detalló que el Poder Judicial tiene un régimen especial de vacaciones. Durante los primeros cinco años de servicio, los funcionarios tienen derecho a dos semanas de descanso.
Durante el segundo quinquenio, el período aumenta a 15 días hábiles. Los empleados judiciales con una antigüedad de entre 11 y 15 años tienen 20 días de receso, y aquellos con entre 16 y 20 años reciben 23 días hábiles.
A partir de las dos décadas de servicio, los funcionarios tienen derecho a 25 días de vacaciones, según lo establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Como el mínimo de vacaciones para todos los trabajadores del país aumentaría, la base del régimen especial del Poder Judicial se vería afectada y sus miembros podrían acogerse al escenario que más les favorezca.
"El plazo que fija para las vacaciones anuales remuneradas es un mínimo de 3 semanas por cada 50 semanas, en lugar de las 2 semanas que existen en la actualidad, entonces incluye una semana más. Por ser norma general, le aplica también a las relaciones de empleo público. (…)
Sí afecta al Poder Judicial, porque es una norma de derecho laboral: la normal más favorable es la que se aplica al trabajador. Ante una dicotomía evidentemente el patrono tendrá que aplicar la norma más favorable", detalló Olaso.
El caso de la Sala Constitucional es especial, ya que se debe asegurar su apertura permanente. El informe rendido por el magistrado fue aprobado por unanimidad por la Corte Plena, por lo que sí afecta a la institución y requerirá mayoría calificada para convertirse en ley.