Los acontecimientos políticos que marcaron el 2018

El año que termina abundó en acontecimientos políticos que marcaron el rumbo del país. Desde una elección presidencial que dio un giro inesperado, hasta la conformación de un gobierno multipartidista y la aprobación de la reforma fiscal en un Congreso particularmente efectivo.

2018 pasará a la historia como el año de la huelga contra la reforma tributaria, que provocó el caos en varios servicios públicos durante semanas sin que los sindicatos lograran su cometido de descarrilar el proyecto y será recordado como el año en que la Corte Suprema de Justicia profundizó su descrédito al entrar en combate para defender los beneficios salariales de su personal.

Un giro en la campaña presidencial

Hasta la primera semana de enero del 2018 Carlos Alvarado, entonces candidato presidencial de Acción Ciudadana (PAC) estaba lejos de la Presidencia de la República, según las encuestas de opinión que preparó durante la campaña el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Hasta entonces la lucha por la Presidencia se centraba en dos contendores conocidos, el abogado penalista Juan Diego Castro,entonces de Integración Nacional (PIN) y el exdiputado y empresario Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional (PLN). Sin embargo, después del 9 de enero la historia de las elecciones cambió de forma radical.

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El 8 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una opinión consultiva que obligó al Estado costarricense, que se la formuló durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, a implementar el matrimonio igualitario. Ese asunto polarizó las elecciones y dejó con vida para el balotaje a los dos partidos que mostraron posiciones más claras respecto del tema.

Por una parte, el hecho catapultó en las encuestas al conservador Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, quien ganó la primera ronda del 4 de febrero montado sobre el caballo de batalla para hacer la guerra en contra de la resolución de la Corte y a Carlos Alvarado, a favor de profundizar los derechos humanos para la población homosexual. La volatilidad en las preferencias electorales de los votantes terminó por darle la Presidencia al abanderado del PAC durante la segunda ronda del 1.º de abril.

Pacto Alvarado-Piza, Gobierno de unidad nacional

Uno de los hechos que los analistas citaron como fundamentales en el gane del PAC fue el pacto que Carlos Alvarado alcanzó con Rodolfo Piza, excandidato de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el 8 de marzo pasado de cara a la segunda ronda. La intención del acuerdo es implementar una extensa agenda temática compuesta por diez ejes y 93 puntos.

El acuerdo abrió la posibilidad de que Alvarado integrara un Gobierno de unidad nacional, un ensayo inédito en la historia política de la Segunda República que acercó al sistema político costarricense a un parlamentarismo que dio frutos como la aprobación de la reforma fiscal y la aplicación de la vía rápida legislativa a otras iniciativas de peso, como la reforma al Reglamento Interno del Congreso para agilizar la labor de los diputados y el proyecto de Ley para brindad seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos que, entre otras cosas, pretende facilitar los mecanismos para rebajarle el sueldo a los empleados públicos en huelga, cuando esta sea declarada ilegal por los Juzgados.

El pacto permitió a Alvarado sumar en puestos relevantes de su Gabinete a figuras de cuatro partidos: PUSC, Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Curridabat Siglo XXI y le facilitó al Gobierno la tarea de conformar un bloque legislativo de tres bancadas (PUSC, PLN y PAC) a favor de iniciativas fundamentales en su agenda, como la reforma fiscal.

Asamblea Legislativa muestra resultados

Durante los primeros 7 meses de la legislatura 2018-2019, presidida por la diputada Carolina Hidalgo, del PAC, el Parlamento aprobó más de 70 leyes entre las que destacan, además de la reforma fiscal, la reforma al Código Agrario y al Código Procesal Laboral. Hidalgo además emitió varias resoluciones de la Presidencia del Directorio que en lugar de crispar el ambiente parlamentario lo refrescaron. Por ejemplo, decidió que a partir de ahora los proyectos de ley tendrán un plazo de discusión de 4 años prorrogable únicamente por un periodo igual. Su decisión limpiará la agenda legislativa de por lo menos 600 proyectos de ley que tienen años de estar varados sin ningún viso de acuerdo para que puedan convertirse en leyes.

De igual forma, las tres bancadas que predominan en el panorama legislativo lograron redactar el proyecto de reforma al reglamento interno del Congreso más ambicioso de los últimos 50 años cuyo mayor mérito será agregarle a la normativa legislativa un nuevo mecanismo de vía rápida cuyo procedimiento estará regulado y les ahorrará a las fracciones el desgaste de tener que negociar los detalles de la vía rápida, como ocurre hoy, por ejemplo, cada vez que deciden aplicarle el mecanismo de discusión abreviada que se estipula en el artículo 208 bis del Reglamento. Los diputados también pudieron desatorar la presa de nombramientos de magistrados que acumularon sus antecesores durante todo el periodo 2014-2018.

Epsy Campbell: Nombramientos irregulares en Cancillería

Cuando fue anunciada por el presidente Carlos Alvarado como la ministra de Relaciones Exteriores, Epsy Campbell entró a la historia como la primera mujer y afrodescendiente en ser canciller de Costa Rica, además de haber sido elegida por votación popular como la primera vicepresidenta negra en la historia de la América continental.

No obstante, tan pronto como dos meses después de asumir el puesto la polémica se instaló sobre su gestión. Aquello que era ya un acontecimiento histórico, derivó en una escandalosa renuncia de Campbell a la Cancillería el pasado 11 de diciembre, después de meses de señalamientos sobre designaciones en altos puestos del Ministerio que ocurrieron durante su gestión.

CRHoy denunció a mediados de este 2018 que los nombramientos de Adriana Murillo como directora de Política Exterior y de Carolina Fernández como directora alterna de ese mismo despacho, fueron hecho a pesar de que ninguna de las dos poseían los requisitos exigidos por el Estatuto del Servicio Exterior para desempeñarse en los cargos. Después de las publicaciones de este medio, la diputada Karine Niño, de Liberación Nacional (PLN), hizo una consulta a la Procuraduría General de la República para determinar si los nombramientos eran ilegales, a lo que la Procuraduría respondió positivamente.

Pese a las evidencias, el Poder Ejecutivo decidió hacer otra consulta idéntica a la Procuraduría para que su respuesta adquiriera carácter vinculante y el pasado 7 de diciembre la institución reconfirmó su criterio. Una semana después, el 11 de diciembre, Campbell anunció ante el plenario del Congreso que horas antes había presentado la renuncia al presidente Alvarado, acabando así con meses de crispación para el Gobierno por un escándalo que incluyó la designación de su ahijada, Catherine Rivera McKinley, como asesora de su despacho. Los tres nombramientos le valieron a una de las figuras más importantes de la Administración y del Partido Acción Ciudadana (PAC) una causa penal que abrió de oficio el Ministerio Público, a la que se sumó la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

Restauración Nacional: Ascenso y división

Las elecciones presidenciales de febrero dejaron para el registro otra sorpresa: la del crecimiento electoral exponencial que experimentó el Partido Restauración Nacional de la mano de Fabricio Alvarado, que derivó en la obtención de 14 curules para el periodo 2018-2022, siendo la segunda fuerza política de oposición después del PLN, que consiguió 17.

Sin embargo, el 24 de octubre el panorama político nacional y la integración de la Asamblea legislativa dieron otra voltereta cuando Fabricio Alvarado anunció su renuncia a Restauración Nacional junto con 8 legisladores que se declararon independientes de ese partido político.

De inmediato, Alvarado y los parlamentarios que le son fieles anunciaron la fundación de otro partido, Nueva República. Fabricio Alvarado salió de Restauración Nacional después de que el presidente y jefe de fracción de ese partido, Carlos Avendaño, denunciara ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la creación de una presunta estructura paralela que manejó recursos durante la campaña electoral pasada, al margen del control del Comité Ejecutivo de la fuerza política, y a pesar de lo dispone el Código Electoral que obliga a que sea la Tesorería de los partidos la única facultada para administrar los gastos y los ingresos durante las campañas electorales.

Poder Judicial aumentó su descrédito

Si en el 2017 el Poder Judicial fue noticia por los nexos de varios de sus miembros con el escándalo del cemento chino, en el 2018 la Corte también hizo lo propio por cosechar más críticas, en esta ocasión, por los argumentos que utilizó una mayoría de los magistrados para oponerse a los cambios que provocará en el funcionamiento del Estado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada el 3 de diciembre en segundo debate.

El 16 de octubre, la Corte Plena decidió por mayoría oponerse al plan fiscal mientras este tocara los salarios del Poder Judicial. Los altos jueces determinaron que el proyecto de ley afectaba la independencia y el funcionamiento de la Corte al imponerle medidas de contención del gasto en salarios y la reducción en el porcentaje de los pluses de dedicación exclusiva y prohibición para los nuevos funcionarios que contrate la institución.

Los magistrados, encabezados por su presidente, Fernando Cruz, también acordaron por 11 votos oponerse a la disposición de la reforma fiscal de que la rectoría del empleo público estará ahora en manos del Ministerio de Planificación; tampoco estuvieron de acuerdo en acoger los límites al gasto que impondrá la regla fiscal para todos los poderes de la República en época de crisis, entre otros puntos.

En un discurso que provocó indignación, Fernando Cruz alegó que el plan fiscal era el "peor proyecto tributario" que había visto, se quejó de que el proyecto les fue consultado de forma tardía y afirmó que ahora se le achacaba al Poder Judicial buscarle una solución a la pobreza en el país. Asimismo, se colocó como miembro de la clase media del país pese a percibir un sueldo mensual que alcanza para cubrir las necesidades de una decena de familias de la clase media.

Con su oposición, la Corte Plena obligó al Congreso a tener que conjuntar una mayoría calificada (al menos 38 votos) para aprobar el proyecto en segundo debate, distinto al primer debate, en el que solo requirió de una mayoría simple, que es la mitad más uno de los diputados presentes. Sin embargo, el 23 de noviembre la Sala Constitucional determinó, al emitir sus conclusiones sobre dos consultas facultativas de constitucionalidad que le cursó la Asamblea Legislativa, que el proyecto de reforma fiscal no afectaba la independencia del Poder Judicial y que, por lo tanto, no requería de una mayoría calificada para su aprobación en segundo debate.